Por RR
Buenos Aires, 1 de junio de 2026-Total News Agency-TNA- La muerte del oficial Maximiliano Berrios, numerario de la Policía de la Ciudad, volvió a encender una alarma que el gobierno porteño de Jorge Macri parece no escuchar o, peor aún, prefiere administrar en silencio: el suicidio de efectivos policiales, el deterioro psicológico dentro de la fuerza, la falta de estadísticas públicas claras y la ausencia de una política visible, seria y sostenida de contención para quienes todos los días portan un arma y cargan con una presión que el poder político suele reducir a un expediente interno.
El hecho fue informado el 28 de mayo de 2026, a las 20:11, en la zona de Carlos Antonio López y Condarco, en la Comuna 12 de CABA, jurisdicción de la Comisaría Comunal 12 B. Según el parte interno, el oficial Berrios, legajo personal 38806, DNI 32.532.056, perteneciente a la Sección Alcaidía 2 Callao, se habría quitado la vida mientras se encontraba franco de servicio.
El efectivo tenía una antigüedad de 11 años, 7 meses y 13 días en la fuerza. Cumplía servicio bajo modalidad 2 x 2, en el horario de 05:00 a 17:00, y al momento del hecho se encontraba comisionado en la Sección Alcaidía 3 Venezuela, aunque pertenecía formalmente a la Sección Alcaidía 2 Callao. De acuerdo con la novedad, intervino personal del Comando Jefatura y se desplazaron al lugar autoridades del área de alcaidías, entre ellas el comisario inspector Santiago Lingua, el comisario Arnaldo Macena y el subcomisario Marcelo Patane.
El caso de Berrios no aparece como un episodio aislado. Es otro capítulo de una tragedia más amplia que atraviesa a las fuerzas de seguridad y que rara vez llega a la discusión pública con la profundidad que merece. Cada muerte suele quedar encerrada en un parte, una carátula, un pésame formal y una explicación rápida. Después, silencio. El efectivo desaparece de la estadística visible y la institución sigue funcionando como si nada hubiera ocurrido.
Ese silencio resulta especialmente grave porque no existe, al menos de acceso público claro y actualizado, una base oficial consolidada que permita saber cuántos efectivos de la Policía de la Ciudad se suicidaron en los últimos dos años, cuáles eran sus destinos, qué antigüedad tenían, si estaban bajo tratamiento psicológico, si habían pedido licencia, si arrastraban conflictos laborales, deudas, sanciones, problemas familiares, consumo problemático o dificultades derivadas de la prestación médica.
Sin datos no hay diagnóstico. Sin diagnóstico no hay prevención. Y sin prevención, el Estado sólo llega tarde: cuando el efectivo ya está muerto, cuando la familia queda destruida y cuando la fuerza vuelve a mirar hacia otro lado.
Un relevamiento abierto de casos publicados permite identificar, al menos, cuatro muertes por suicidio de efectivos de la Policía de la Ciudad desde junio de 2024 hasta mayo de 2026. En junio de 2024 se conoció el caso de una mujer policía que se quitó la vida en Moreno tras disparar contra un compañero. En junio de 2025, el oficial inspector Gabriel Fernando Danielo se suicidó luego de asesinar a la pareja de su exmujer y permanecer atrincherado durante horas en un gimnasio de Moreno. En marzo de 2026, la oficial María Belén Ferreyra, de 38 años, destinada en la Comisaría Comunal 9ª de Mataderos, fue hallada sin vida dentro de su auto en Temperley. Ahora se suma Maximiliano Berrios. Dos fuentes consultadas por Total News Agency informan que la realidad es mucho mas dolorosa, hablan de decenas de fallecimientos.
La cifra, sin embargo, no puede ser presentada como total oficial. Es apenas lo que aparece en medios, partes y registros públicos dispersos. Esa es, precisamente, una parte del problema. La sociedad no sabe si son cuatro, cinco, diez o más. La fuerza lo sabe o debería saberlo. El Ministerio de Seguridad de la Ciudad también debería saberlo. Y si lo sabe, no lo comunica con la transparencia que corresponde ante un fenómeno de salud pública y seguridad institucional.
La comparación con otras fuerzas muestra que el problema excede a CABA, pero no exime al gobierno porteño de responsabilidad. En la Policía Bonaerense, informes citados en la Legislatura provincial señalaron más de 30 suicidios sólo en 2024 y al menos ocho casos en los primeros meses de 2026. En Santa Fe, reclamos sindicales y publicaciones de prensa hablaron de 19 policías suicidados en un contexto de salarios bajos, maltrato interno, sobrecarga laboral y falta de respuestas oficiales. En las fuerzas federales, como la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal, tampoco hay una estadística pública reciente, completa y fácilmente accesible que permita medir el fenómeno por fuerza, año, edad, jerarquía y destino.
El suicidio en fuerzas armadas y de seguridad continúa siendo un tema tabú. Se habla poco, se informa menos y se estudia casi nada de cara a la sociedad. La Ley 27.130 de Prevención del Suicidio declaró de interés nacional la atención biopsicosocial, la investigación científica y epidemiológica, la capacitación profesional, la detección de personas en riesgo y la asistencia a familiares. Pero en el universo policial, donde el arma está disponible y la presión laboral es permanente, la aplicación real de esos principios parece seguir muy lejos de lo necesario.
El tema es delicado y no admite simplificaciones. Cada suicidio tiene una historia personal, familiar, laboral y emocional. Pero justamente por eso el Estado no puede cerrar cada caso con la cómoda fórmula de la “patología individual”. A veces esa explicación sirve para clausurar carpetas, bajar responsabilidades y evitar una pregunta incómoda: qué parte del sistema contribuyó a empujar al efectivo hasta el límite.
Un policía puede arrastrar depresión, problemas económicos, conflictos familiares, estrés, consumo de alcohol o drogas, sanciones internas, denuncias, deudas, falta de adicionales, incertidumbre por la obra social, cansancio físico y deterioro psicológico, a lo que son llevados por los magros salarios. Si todo eso convive con un arma reglamentaria, el riesgo se multiplica. Y si no hay seguimiento real, protocolos eficaces, controles periódicos y acompañamiento humano, el desenlace puede ser irreversible.
Dentro de la fuerza también se habla de un problema que casi nadie quiere poner sobre la mesa: el consumo. Alcohol, drogas, automedicación, ansiolíticos, tratamientos psiquiátricos mal controlados o directamente ocultos. No se trata de estigmatizar al personal, sino de asumir una realidad elemental: un efectivo con padecimientos psicológicos severos o consumo problemático no puede quedar librado a su suerte, portando un arma y cumpliendo jornadas extenuantes como si nada pasara.
También hay situaciones vinculadas a relaciones personales entre efectivos o parejas de la fuerza. En algunos casos se activa el protocolo de desarme ante denuncias, pero también existen reclamos por denuncias falsas, sumarios prolongados, pérdida de adicionales y caída abrupta de ingresos. Cuando un policía queda sumariado, pierde servicios remunerados, se endeuda y no recibe contención, el problema deja de ser sólo disciplinario y se convierte en una bomba emocional.
Las mejoras salariales y las prestaciones siguen en el limbo. Muchos efectivos continúan trabajando por vocación, por sentido de servicio y por entrega. Otros, además, lo hacen por necesidad. En ambos casos, la respuesta institucional no puede ser tratarlos como números. La frase se repite puertas adentro: desde el jefe de policía hasta el último oficial, todos terminan reducidos a una ficha. Esa percepción, real o extendida, erosiona la confianza interna y agrava el aislamiento.
El gobierno de Jorge Macri tiene una responsabilidad política concreta. La Policía de la Ciudad no puede ser sólo exhibida para operativos, controles, anuncios de seguridad o fotografías de gestión. Sus integrantes también necesitan condiciones laborales, salarios dignos, asistencia psicológica seria, obra social eficiente, descanso, seguimiento profesional y protocolos que no sean meros papeles administrativos.
Hasta ahora, frente a cada caso, lo que predomina es el silencio. No hay señales visibles de un estudio profundo sobre el fenómeno. No hay un informe público periódico. No hay una auditoría conocida sobre salud mental policial. No hay una política comunicada de prevención del suicidio en la fuerza. No hay, al menos de cara a la sociedad, una respuesta proporcional al tamaño del drama.
El suicidio de Maximiliano Berrios debería obligar a una reacción institucional inmediata. No para explotar una tragedia, sino para evitar la próxima. La primera medida debería ser elemental: publicar datos. Cuántos efectivos murieron por suicidio en los últimos años, cuántos intentos hubo, cuántos policías están bajo tratamiento psicológico, cuántos están medicados, cuántos fueron desarmados por riesgo, cuántos fueron reincorporados, cuántos cumplen servicios adicionales para completar ingresos y cuántos pidieron ayuda antes de quebrarse.
La segunda medida debería ser profesionalizar la intervención. No alcanza con una charla aislada ni con un gabinete que aparece tarde. Se necesita seguimiento preventivo, evaluación periódica, equipos interdisciplinarios, intervención sobre consumo problemático, acompañamiento familiar, canales confidenciales de alerta y revisión de destinos de alta presión como alcaidías, comisarías saturadas y áreas con sobrecarga operativa.
La tercera medida debería ser política: admitir que el problema existe. Porque mientras el gobierno porteño no lo reconozca, cada nuevo caso será tratado como accidente individual y no como parte de una crisis institucional que requiere decisión, presupuesto y coraje.
La muerte de Berrios deja una pregunta que no puede quedar sepultada bajo el lenguaje frío del parte interno: quién cuida a los que deben cuidar. Si el Estado les entrega un arma, una función de riesgo y una carga diaria de tensión, también debe entregarles contención, salud, salario y escucha. Lo contrario es abandono con uniforme.
