Buenos Aires-04 junio 2026-Total News Agency-TNA-La causa por corrupción en ARSAT sumó un nuevo capítulo con la aparición de chats que, según la Justicia, mostrarían cómo integrantes de la empresa Argentina Logistic Services (ALS) buscaban inflar contratos con servicios que no prestaban para aumentar el monto de las facturas. La investigación, a cargo del fiscal Fernando Domínguez, de San Isidro, ya no apunta sólo al robo de equipamiento tecnológico en un depósito de San Fernando, sino a una trama de contratación direccionada, pagos indebidos, coimas y protección política.
El nombre central del expediente es Facundo Leal, ex presidente de ARSAT, ex titular del ORSNA y funcionario que atravesó distintas administraciones, incluida la de Javier Milei. Su permanencia en cargos sensibles no se explica por una gestión destacada ni por méritos técnicos evidentes, sino por una capacidad para manejar la rosca, los vínculos y los resortes internos que otros, más arriba en el poder, le permitieron administrar. Esos nombres son los que ahora debe identificar la Justicia.
Los mensajes incorporados al expediente muestran, según la acusación, el modo en que la contratación de ALS habría sido armada para favorecer a una empresa determinada. En una conversación entre Diego Padilla y Fernando Paredes, integrantes de ALS, uno de ellos escribió: “Cerrado tema depósito. Avancemos a full. Tendríamos que hacer un contrato entre ALS y ARSAT, ¿no? Se lo tendrías que pedir”.
Pero el mensaje más comprometedor es otro. En ese intercambio se menciona directamente a Facundo y a Gerardo, en una frase que para la Fiscalía exhibe el corazón de la maniobra: “Ahí le dijo Facundo a Gerardo que ponga más cosas en el contrato. Le dijo de los viajes de vuelta, vacíos, grúas, y que vean más cosas”. La lectura judicial es que no se trataba de ajustar un contrato a prestaciones reales, sino de agregar ítems para elevar artificialmente el monto a cobrar.
La Fiscalía fue categórica en su interpretación. Los investigadores sostienen que no se hablaba de corregir una prestación efectiva, sino de sumar conceptos inventados, como viajes de retorno sin carga o uso de grúas, con el único objetivo de incrementar la facturación. Además, otro tramo de los chats indicaría que desde ALS se pedía “apretar” a Gerardo Boschin, entonces funcionario de ARSAT, para que esos rubros quedaran incorporados en el contrato definitivo.
Boschin aparece como una pieza clave de la investigación. Fue subgerente de Compras y Contrataciones de ARSAT durante la gestión anterior y luego presidente de Trenes Argentinos Operaciones bajo el gobierno libertario. El fiscal Domínguez pidió su citación a indagatoria junto a Leal, otros ex funcionarios de la empresa estatal, integrantes de ALS y un presunto intermediario.
La causa investiga tres hechos centrales. Primero, si funcionarios de ARSAT diseñaron la contratación para beneficiar a ALS. Segundo, si no existía una necesidad real de contratar a esa empresa, si se pagó de más y si el contrato fue direccionado. Tercero, si los funcionarios cobraron coimas a cambio de favorecer esa operación, ya fuera en efectivo, pasajes, bienes u otras formas de compensación.
Uno de los indicios que analiza la Justicia es el envío de pasajes aéreos. Según la documentación bajo estudio, Sofía Varela Vizgarra, directiva de ALS, le habría enviado a Diego Maximiliano Enrique Padilla dos recibos electrónicos: uno a nombre del propio Padilla y otro a nombre del funcionario Pablo Gastón Pagani. Para los investigadores, ese dato podría sugerir que la empresa gestionó o costeó traslados de un funcionario vinculado al circuito contractual.
El origen del expediente fue un robo. ARSAT alquilaba un predio en San Fernando, provincia de Buenos Aires, para guardar equipos tecnológicos vinculados a la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO). Ese predio era ofrecido y operado por Argentina Logistic Services, la misma firma que había sido contratada para custodiar los bienes. Entre diciembre de 2023 y enero de 2024, ingresaron al lugar y sustrajeron tecnología de alto valor, componentes de red y cobre. Las pérdidas fueron estimadas en alrededor de US$150.000.
Cuando los investigadores comenzaron a revisar el robo, encontraron un dato todavía más grave: ALS habría prestado servicios de seguridad deficientes o directamente inexistentes. El cerco perimetral estaba desconectado, los domos no funcionaban, las cámaras estaban fuera de servicio y no registraron el momento del robo, mientras que la empresa ni siquiera tenía control sobre todos los portones del predio. En los hechos, el servicio real se reducía a un vigilador y un predio alambrado.
La maniobra contractual habría comenzado en junio de 2021, cuando Juan Andrés Navarro, gerente comercial de ARSAT, firmó un memorándum para “cambiar el depósito de bienes” sin que, según la investigación, existiera una necesidad clara. En ese mismo documento, ALS aparecía como la empresa indicada para el trabajo y se pedía avanzar mediante contratación directa, una modalidad excepcional que sólo debería utilizarse ante urgencias justificadas.
En septiembre de 2021, ARSAT llamó a cotizar. El día 10 se presentaron tres ofertas: ALS a las 14:41, Transporte Padilla a las 15:09 y Tradelog a las 15:24. La cercanía horaria de las propuestas llamó la atención desde el inicio. Con el avance del expediente, la Justicia concluyó que las tres ofertas habrían sido falsas o simuladas para dar apariencia de competencia.
Finalmente, ARSAT eligió a ALS y terminó pagando US$1.930.861 y $40.300.000 en una contratación directa. El dato que refuerza la hipótesis de que todo estaba armado de antemano es que, en mayo de 2021, meses antes del llamado a cotizar, ALS ya había firmado el contrato de alquiler del predio de San Fernando. Es decir, actuaba como si supiera que sería seleccionada.
El caso también exhibe un patrón territorial y político. Varios de los ex funcionarios bajo la lupa son de origen mendocino. En la empresa, según distintas reconstrucciones judiciales, a ese grupo se lo conocía como “la banda de los mendocinos”. A la cabeza aparecía Facundo Leal, quien presidió ARSAT entre 2022 y 2024, durante el tramo final del gobierno de Alberto Fernández y el inicio de la administración Milei, y luego pasó al ORSNA en 2025.
Esa continuidad es uno de los puntos políticos más delicados. Leal no fue un sobreviviente burocrático por eficiencia. Fue parte de una estructura que supo adaptarse a gobiernos distintos, conservar resortes administrativos y seguir ocupando lugares de poder. Si permaneció durante gestiones de signo diferente fue porque alguien lo sostuvo, alguien lo habilitó y alguien consideró útil su capacidad de operar.
La Justicia debe avanzar sobre esa capa superior de responsabilidades. El expediente puede identificar chats, contratos, pasajes y dinero, pero el fondo político es más amplio: quiénes permitieron que un funcionario con ese nivel de rosca interna conservara influencia en ARSAT, luego migrara al ORSNA y siguiera conectado con áreas sensibles del Estado. La respuesta no está sólo en los mandos medios, sino en quienes le dieron cobertura.
Los allanamientos a Leal agravaron el cuadro. En su departamento de Palermo y en su casa de Mendoza, los investigadores secuestraron alrededor de US$2,4 millones en efectivo, además de pesos argentinos, pesos uruguayos, pesos mexicanos, pesos colombianos, reales, euros y hasta chelines tanzanos. También encontraron drogas: ketamina, cristal MDMA, pastillas de MDMA, cocaína, otras sustancias sintéticas y una balanza.
El hallazgo no se limitó al dinero y las drogas. En los allanamientos también aparecieron dispositivos de inteligencia o espionaje profesional, entre ellos una valija con 19 artefactos electrónicos que ahora son analizados por la Justicia. Ese dato refuerza la hipótesis de que el caso Leal excede una simple maniobra contractual y puede rozar circuitos informales de información, presión y protección.
La aparición de semejante cantidad de dinero sin explicación pública razonable abre otra línea de investigación: el posible enriquecimiento ilícito. Para un ex funcionario estatal, tener millones de dólares en efectivo, distintas monedas extranjeras, drogas y equipos de espionaje no es un dato menor ni anecdótico. Es una postal de poder paralelo, informalidad y presunta impunidad.
El caso golpea especialmente a ARSAT, una empresa estratégica del Estado argentino. La compañía administra infraestructura crítica de telecomunicaciones, satélites, centros de datos y la Red Federal de Fibra Óptica, una red clave para la conectividad nacional. Que una investigación por robo de equipos haya terminado revelando contratos sospechados de inflación artificial y posibles coimas muestra el deterioro de los controles internos.
También compromete al gobierno actual. Milei llegó al poder prometiendo terminar con la casta, cortar negocios opacos y desarmar cajas políticas. Sin embargo, Leal no sólo venía de la administración anterior, sino que continuó durante el nuevo ciclo libertario y luego recaló en el ORSNA, un organismo con peso en aeropuertos, concesiones y obra pública aeroportuaria. Esa continuidad exige explicaciones políticas.
El expediente todavía está en desarrollo, pero los indicios conocidos son graves: contratación directa sin urgencia clara, ofertas presuntamente simuladas, empresa elegida antes de competir, servicios deficientes, robo de equipamiento, facturación inflada, pasajes a funcionarios, sospecha de coimas, millones de dólares en efectivo, drogas y equipos de espionaje.
El caso ARSAT ya dejó de ser una causa por un robo en un galpón. Se transformó en una radiografía de cómo determinados funcionarios sobreviven a los cambios de gobierno, se reciclan en nuevas estructuras y administran negocios públicos con una lógica de rosca, favores y protección. Facundo Leal es hoy el rostro visible de esa trama, pero difícilmente sea el único responsable.
La Justicia tiene ahora una tarea decisiva: determinar quiénes cobraron, quiénes firmaron, quiénes encubrieron y, sobre todo, quiénes sostuvieron políticamente a Leal durante tantos años. Porque nadie atraviesa administraciones, empresas estratégicas y organismos sensibles sólo por azar. Menos aún cuando, al final del recorrido, aparecen dólares, drogas, chats comprometedores y material de inteligencia.
