Buenos Aires – 8 de junio de 2026 – Total News Agency – TNA– La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni ingresó en una etapa decisiva. El fiscal federal Gerardo Pollicita trabaja en la redacción de un extenso requerimiento para intimar al jefe de Gabinete a justificar el origen de sus bienes, luego de que la investigación detectara que sus ingresos declarados no alcanzarían para explicar la totalidad de su patrimonio y su nivel de gastos.
La medida representa el paso previo a una eventual citación a declaración indagatoria. Según fuentes judiciales citadas por La Nación, la fiscalía ya considera que las cuentas “no cierran”, aunque todavía aguarda el informe técnico de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), dependiente de la Procuración General de la Nación, para precisar el monto exacto que Adorni deberá justificar.
La DATIP tiene a su cargo un peritaje contable clave para establecer la evolución patrimonial del funcionario, sus ingresos formales, gastos, operaciones inmobiliarias, movimientos bancarios y eventuales activos no declarados. Ese organismo brinda asistencia técnica, científica y tecnológica a los fiscales en investigaciones penales complejas, por lo que su dictamen puede ordenar el expediente y darle base técnica a una eventual imputación más grave.
El caso golpea de lleno al corazón político del Gobierno de Javier Milei. Adorni, primero vocero presidencial y luego jefe de Gabinete, es uno de los funcionarios de mayor confianza del Presidente y de Karina Milei. Su figura fue construida como una pieza comunicacional clave del oficialismo, pero la investigación judicial por su patrimonio lo convirtió en un problema político persistente para la Casa Rosada.
El punto más incómodo es la declaración jurada. El propio Adorni y el presidente Javier Milei prometieron hace semanas que el documento “iba a aparecer”, pero la presentación sigue sin hacerse pública. El Poder Ejecutivo prorrogó el plazo formal para las declaraciones juradas de funcionarios hasta el 31 de julio, aunque el jefe de Gabinete había dejado trascender que la presentaría antes. Esa demora, lejos de descomprimir, alimentó la sospecha política y judicial.
La investigación no se limita a inmuebles. Según información judicial publicada por La Nación e Infobae, la Justicia también detectó movimientos de dinero digital y operaciones con criptomonedas atribuidas a Adorni. Algunas plataformas habrían respondido positivamente a los requerimientos de información enviados por la fiscalía, lo que abrió una línea de análisis especializada sobre trazabilidad de fondos, billeteras virtuales y eventuales activos no incluidos en declaraciones patrimoniales.
Ese estudio técnico podría demorar alrededor de 90 días, pero la fiscalía no esperaría necesariamente el resultado final para avanzar con el pedido de justificación de bienes. La lógica judicial es clara: primero se intima al funcionario para que explique el origen de los fondos; si la explicación resulta suficiente, el fiscal puede pedir el sobreseimiento. Si no logra justificar el incremento patrimonial, el expediente puede avanzar hacia una declaración indagatoria.
El delito investigado tiene una particularidad: el artículo 268 (2) del Código Penal castiga al funcionario que, al ser debidamente requerido, no justifique la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de una persona interpuesta para disimularlo, ocurrido después de asumir un cargo público y hasta dos años después de dejarlo. Por eso, la intimación de Pollicita no es un trámite menor: es el punto en el que la causa deja de ser una recopilación de datos y pasa a exigir una explicación formal.
Los antecedentes que llevaron al expediente son múltiples. La denuncia inicial tomada de Total News Agency, impulsada por la diputada Marcela Pagano, sostuvo que el patrimonio de Adorni habría registrado un crecimiento muy superior al que podrían explicar sus ingresos declarados. En marzo, Pollicita impulsó la acción penal y pidió una batería de medidas de prueba sobre propiedades, viajes, cuentas, billeteras virtuales y movimientos financieros.
Entre los puntos bajo análisis aparecen operaciones inmobiliarias, hipotecas privadas, viajes al exterior, gastos elevados y bienes atribuidos a su entorno familiar. Las revelaciones periodísticas previas señalaron una casa en el barrio privado Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, inscripta a nombre de su esposa, Bettina Angeletti; un departamento en Caballito adquirido bajo condiciones llamativas; una propiedad previa en Parque Chacabuco con hipotecas sucesivas; y viajes familiares cuyo financiamiento quedó bajo escrutinio judicial.
Uno de los episodios más sensibles fue el viaje a Punta del Este durante el feriado de carnaval, en el que Adorni viajó junto a su familia y a Marcelo Grandio, empresario cercano y titular de la productora Imhouse. El ex vocero sostuvo inicialmente que había pagado el viaje con sus propios ingresos, pero facturas incorporadas al expediente habrían contradicho esa versión, según surge de la investigación judicial.
Ese frente derivó en una causa paralela a cargo del juez federal Ariel Lijo, donde se investigan contratos de coproducción entre la TV Pública y Imhouse. Allí se analizan posibles transferencias de dinero desde la empresa hacia Adorni antes de su llegada al Gobierno, además de eventuales intermediaciones incompatibles con la función pública o la recepción de dádivas.
En ese expediente, Lijo ordenó medidas de prueba sensibles: cruces de llamadas telefónicas, análisis de geolocalización y reconstrucción de vínculos entre los involucrados. Fuentes de Comodoro Py estiman que una eventual citación a indagatoria en esa causa podría concretarse antes de la feria judicial de invierno, prevista para la segunda mitad de julio, si se completan las últimas medidas pendientes.
La acumulación de expedientes coloca a Adorni en una situación delicada. Por un lado, debe responder por la evolución de su patrimonio ante Pollicita. Por otro, enfrenta la investigación de Lijo por el vínculo con Grandio, Imhouse, la TV Pública y el viaje a Uruguay. En ambos casos, la discusión judicial gira alrededor de una misma pregunta: si el funcionario puede explicar con documentación seria el origen de fondos, gastos y beneficios recibidos.
El oficialismo intentó hasta ahora cerrar filas alrededor del jefe de Gabinete. Milei lo defendió públicamente y buscó transformar las revelaciones periodísticas en una supuesta ofensiva contra el Gobierno. Sin embargo, la causa avanzó con medidas concretas y comenzó a acumular respuestas documentales que ya no dependen del debate político ni de la pelea con la prensa.
La demora en la declaración jurada es el punto que más desgaste genera. En un Gobierno que hizo de la transparencia, el ataque a “la casta” y la austeridad discursiva una bandera, que uno de sus principales funcionarios no pueda exhibir con rapidez y claridad su patrimonio constituye un problema político evidente. Más aún cuando el expediente analiza gastos en dólares, inmuebles, criptomonedas, viajes, refacciones y presuntas transferencias privadas.
El caso también expone una contradicción central del oficialismo. Adorni fue durante meses la voz encargada de disciplinar a periodistas, responder con ironía y cerrar controversias con frases cortantes. Ahora, el funcionario que exigía explicaciones a otros deberá explicar ante la Justicia el origen de su propio patrimonio.
La intimación que prepara Pollicita puede convertirse en el punto de inflexión. Si Adorni logra justificar sus bienes, el expediente podría perder fuerza. Si no lo hace, el camino hacia una indagatoria quedará despejado y la crisis dejará de ser sólo política para convertirse en un problema penal de alto impacto para la Casa Rosada.
Mientras tanto, el reloj judicial corre en dos planos: el peritaje contable de la DATIP, que buscará poner números definitivos a la inconsistencia patrimonial, y el expediente de Lijo, que apunta al circuito Imhouse–TV Pública–Grandio–Adorni. Dos frentes, una misma presión y una pregunta que el Gobierno ya no puede postergar: cómo justifica su jefe de Gabinete los bienes y gastos que la Justicia puso bajo sospecha.
