Por Sandra G. Mossayebeh
México enfrenta una crisis real de soberanía frente al crimen organizado. Negarlo sería abandonar a las víctimas. Pero una verdad puede volverse peligrosa cuando se convierte en sospecha sobre el migrante. Trump tomó el problema real del narco y lo transformó en doctrina de frontera: muro, miedo y criminalización.
Pedir disculpas por la Conquista mientras aparecen fosas no es memoria histórica; es evasión política.
La intervención de Cayetana Álvarez de Toledo en la Universidad de la Libertad, en Ciudad de México, el 1 de junio pasado, incomodó a la presidente de Mexico y el Movimiento Morena, porque desplazó la soberanía del terreno simbólico al terreno del poder real. Ya no se trata solo de defenderla frente al extranjero o de invocarla en nombre de la historia. Se trata de preguntarse cuánta soberanía conserva un país cuando el crimen organizado impone autoridad sobre territorios, las instituciones retroceden, el poder público no llega y la dependencia política reemplaza ciudadanía por obediencia. La historia puede explicar heridas, pero no puede tapar fosas. El presente mexicano exige menos relato y más responsabilidad: desapariciones, extorsión, reclutamiento criminal, candidatos asesinados y madres que buscan a sus hijos donde el Estado no llegó.
Al incorporar a las madres buscadoras en su exposición, la discusión dejó de ser solo histórica o diplomática y pasó a tocar la deuda más dolorosa del presente mexicano. El reclamo histórico quedó atravesado por una pregunta más urgente: de qué sirve exigir perdón por la Conquista si el Estado no logra responder por las víctimas del presente. En ese desplazamiento, la soberanía pierde solemnidad y adquiere rostro humano. Ya no se discute solo en nombre de la memoria nacional, sino de quienes todavía buscan cuerpos, verdad y justicia. Hablar de la Conquista puede tener valor simbólico; convertir ese debate en refugio mientras miles de familias siguen buscando nombres, restos y responsables resulta obsceno. Ninguna historia debería funcionar como cortina para tapar fosas.
La soberanía deja de ser consigna cuando toca el territorio. Ya no alcanza con bandera, himno, frontera o gesto diplomático. Hace falta un Estado capaz de proteger vidas, garantizar justicia y ejercer autoridad legítima. Donde hay extorsión, reclutamiento criminal, elecciones bajo amenaza y madres excavando la tierra, la soberanía se rompe en la vida real.
En este sentido, el crimen organizado no puede reducirse a un problema policial. En determinados territorios disputa soberanía porque cobra, regula, castiga, recluta, desplaza y silencia. No hace falta que reemplace formalmente al Estado para disputarle poder: le alcanza con imponer reglas donde la autoridad pública no llega, administrar miedo y condicionar la vida cotidiana. Esa es la señal más clara de la pérdida de autoridad efectiva del Estado.
Hablar de narcoestado exige cuidado analítico. La expresión golpea, pero no describe por sí sola la complejidad mexicana. México no es una totalidad homogénea capturada por el crimen organizado. Persisten instituciones, jueces, periodistas, organizaciones civiles y comunidades que resisten. Pero también hay territorios donde el Estado aparece debilitado, condicionado o directamente penetrado por poderes criminales. La soberanía fragmentada nombra mejor esa realidad: zonas donde manda la ley, zonas donde la ley convive con el miedo y zonas donde el miedo impone reglas por encima de la ley.
El Presidente Donald Trump ya había advertido sobre el problema en 2015, pero convirtió una crisis de seguridad en una doctrina con la sospecha migratoria. Su diagnóstico tocaba una dimensión existente —narcotráfico, crimen organizado e inseguridad transnacional—, pero desplazó la amenaza hacia una figura más visible y políticamente rentable: el migrante que cruza la frontera. El dinero, las armas, las complicidades y las redes que sostienen el negocio criminal quedaron fuera del centro de la escena. Así, el límite territorial se convirtió en frontera moral.
Esa intervención dejó planteada una tensión de fondo. La crisis mexicana puede ser entendida como pérdida de soberanía frente al crimen organizado, o puede ser convertida en argumento contra la migración. Una lectura apunta al Estado, a sus zonas de impotencia y a los territorios donde el crimen impone reglas. La otra desplaza la amenaza hacia el migrante y lo transforma en rostro visible del peligro. La diferencia es decisiva: no es lo mismo preguntar quién gobierna el territorio que señalar quién cruza la frontera.
Muchas veces, quien migra no es la causa de esa crisis, sino una de sus consecuencias. Huye de la extorsión, la violencia, el reclutamiento, la falta de justicia o territorios donde el futuro fue secuestrado. Criminalizarlo implica trasladar la responsabilidad desde las estructuras de poder hacia los cuerpos más vulnerables.
Pero negar el problema criminal en nombre de una mirada compasiva sobre la migración también abandona a las víctimas. La crisis existe. Los cárteles existen. La captura territorial existe. El miedo existe. El error no está en nombrar el crimen, sino en nombrarlo mal.
Si el peligro se confunde con la migración, la respuesta será muro, deportación y sospecha. Si se lo entiende como captura criminal del Estado y del territorio, la respuesta exige inteligencia financiera, persecución patrimonial, justicia independiente, control de armas, fuerzas de seguridad profesionales y cooperación regulada. Una cosa es combatir estructuras criminales. Otra, castigar poblaciones enteras.
Donald Trump entendió que la frontera podía convertirse en teatro político. Allí el miedo adquiere rostro y el desorden se representa como una fila de cuerpos que intentan cruzar. El muro no fue solo una propuesta de infraestructura. Fue una imagen moral. Separaba el supuesto orden estadounidense del supuesto caos mexicano.
El crimen transnacional no se resuelve con escenografía fronteriza. La droga no circula solo en la mochila del migrante pobre. El dinero no se lava caminando por el desierto. Las armas no nacen en los barrios expulsados. Las redes criminales se sostienen sobre mercados, bancos, logística, corrupción, consumo, protección política y circuitos binacionales. La frontera muestra cuerpos visibles, mientras las estructuras profundas del negocio suelen permanecer fuera de escena.
Leída en su dimensión más exigente, la intervención no funciona como simple ataque al gobierno mexicano, sino como advertencia sobre la degradación de la soberanía. Su fuerza está en recordar que un país puede hablar mucho de patria y, al mismo tiempo, abandonar ciudadanos frente a poderes criminales. Puede denunciar al extranjero mientras evita mirar las zonas donde la ley fue sustituida por el miedo. Puede invocar la historia mientras el presente se llena de víctimas sin justicia.
El discurso pronunciado en México por la diputada española, dejó una advertencia difícil de neutralizar: la soberanía no se defiende solo frente al extranjero ni se salva invocando el pasado. Se defiende cuando el Estado conserva el monopolio legítimo de la fuerza, protege a sus ciudadanos y evita que el crimen organizado ocupe el territorio que la ley abandona. Allí la frase sobre Jalisco golpea con tanta fuerza: no porque cancele la memoria histórica, sino porque obliga a confrontarla con las víctimas del presente.
El núcleo está ahí. México enfrenta una crisis real de soberanía frente al crimen organizado, agravada por un populismo que debilita contrapesos, degrada instituciones y convierte la dependencia en obediencia. El presidente Trump tomó parte de ese diagnóstico y lo transformó en sospecha contra el migrante, porque es la cara visible de la crisis. Pero la intervención de Cayetana obliga a devolver la pregunta al lugar correcto: no quién cruza la frontera, sino quién manda donde el Estado retrocede.
No alcanza con decir que México vive una crisis. Lo decisivo es qué se hace políticamente con esa afirmación. Puede servir para reconstruir Estado, justicia y seguridad democrática, o puede servir para fabricar enemigos. Allí se juega la diferencia entre nombrar una amenaza y convertir una tragedia nacional en frontera moral.
Pedir disculpas por la Conquista mientras en Jalisco aparecen fosas no es memoria histórica. Es evasión política.
