Córdoba – 9 de junio de 2026 – Total News Agency – TNA-. La investigación contra el camarista federal Abel Guillermo Sánchez Torres dejó de ser sólo un expediente por presunta manipulación de causas sensibles y derivó en un capítulo mucho más incómodo: su evolución patrimonial, sus propiedades y el entramado de relaciones que habría construido durante años en la Justicia Federal de Córdoba.
Los fiscales Maximiliano Hairabedian y Pablo Nicolás Turano impulsaron un expediente paralelo para analizar si el patrimonio del magistrado se corresponde con sus ingresos declarados. La pesquisa apunta a presuntas inconsistencias detectadas a partir de testimonios y documentación incorporada a la causa.
El punto más sensible es la mención a propiedades de alto valor. En tribunales se habla de una casa en un country, otra en El Mirador de Parque Siquiman y “otras propiedades más” que, según esas versiones, el camarista no podría explicar con su sueldo judicial.
La situación se agrava porque Sánchez Torres no aparece aislado. Su pareja, e integrante de la misma sala de la Cámara, Graciela Montesi, también fue imputada en la causa por presunto abuso de autoridad y manipulación de causas vinculadas a la cerealera Bunge. La denuncia original fue presentada por Celina Laje Anaya, secretaria judicial que describió presuntas maniobras internas, hostigamiento y alteración de la integración de salas.
El entorno funcional también quedó bajo la lupa: el secretario penal Mario Olmedo fue señalado como presunto partícipe de maniobras de hostigamiento, mientras que el secretario de superintendencia Gustavo Flores fue imputado por supuesto falso testimonio
El caso expone una trama de poder más amplia. La misma publicación mencionó los vínculos de Sánchez Torres con empresarios, la Fundación Mediterránea, referentes del llamado G6, y la relación con Miriam Martínez, cuyo hijo, Marco Dalfaro, trabajaría como secretario privado del camarista pese a no ser abogado.
La investigación todavía no constituye una condena. Pero el cuadro es grave: un juez federal, con poder sobre causas millonarias, investigado por presunto abuso de autoridad y, además, por una evolución patrimonial que ahora deberá explicar con precisión documental.
Algunos de los bienes:
El detalle patrimonial bajo análisis incluye cuatro inmuebles declarados. El de mayor valor es una casa en Mendiolaza, adquirida en 2020, con titularidad del 100% y valuada en $314 millones. Le sigue una casa en Córdoba, también declarada al 100%, adquirida en 2003 con recursos propios/herencia, por $249 millones. Además, figura un departamento en Córdoba, adquirido en 2017 con recursos propios, con titularidad total y valuación de $40 millones. El listado se completa con una casa en Parque Siquiman, comprada en 2003, declarada al 50%, también bajo el concepto de recursos propios/herencia, por $4 millones.
En materia de vehículos, aparecen dos bienes de alto valor. El primero es una Jeep Grand Cherokee Overland 2017, declarada al 100%, adquirida mediante recursos propios/préstamo, con una valuación de $54 millones. El segundo es una Pickup Ranger Raptor BIT 4×4 2020, también declarada al 100% y adquirida con recursos propios, valuada en $38 millones.
Respecto de los ingresos, se informa un sueldo como juez de Cámara por $142 millones anuales, a lo que se suma una remuneración como docente universitario en la UES 21 por $5,3 millones anuales. También aparecen otros ingresos declarados por $255 mil anuales, intereses por inversiones por $14,2 millones anuales y la venta de un departamento por $106 millones.
En cuanto a efectivo, depósitos bancarios e instrumentos financieros, se consignan cajas de ahorro en pesos y dólares en Banco Nación, cajas de ahorro en pesos y dólares en Banco Santander, efectivo en pesos, efectivo en dólares y un plazo fijo en Banco Santander. El monto total declarado en este rubro asciende a $188 millones.
En una Argentina donde la confianza pública en la Justicia está erosionada, el caso Sánchez Torres vuelve a mostrar una postal conocida: magistrados con poder, relaciones políticas y empresariales, expedientes sensibles y patrimonios que despiertan preguntas. La diferencia es que esta vez la lupa apunta al corazón de la Cámara Federal de Córdoba.
