La Plata – 10 junio 2026 – Total News Agency – TNA-Mientras la provincia de Buenos Aires atraviesa una crisis social persistente y miles de familias enfrentan dificultades crecientes para pagar jardines, niñeras, transporte, alimentos y educación inicial, documentación oficial expuso el alcance de los beneficios que conserva el Ministerio de Economía bonaerense, conducido por Pablo López, para hijos de funcionarios y personal de áreas sensibles del Estado provincial.
Un fallo del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, correspondiente a la rendición de cuentas del Ministerio de Economía, reveló observaciones sobre el funcionamiento del jardín maternal de la cartera, el pago de transporte escolar, gastos de alimentos y limpieza mediante caja chica, facturas fraccionadas y multas administrativas aplicadas a responsables de rendiciones.
El caso vuelve a dejar al descubierto una postal incómoda para el gobierno de Axel Kicillof: mientras el discurso oficial denuncia restricciones presupuestarias, ajuste nacional, caída de ingresos y emergencia social, dentro de la estructura estatal provincial siguen funcionando beneficios que cualquier familia común debe pagar de su propio bolsillo.
El jardín maternal, conocido como Conejitos, funciona dentro de la órbita del Ministerio de Economía y está destinado a hijos de funcionarios y agentes de la cartera, de la Contaduría General y de la Tesorería General. Según el reglamento interno citado en el expediente, recibe a niños de entre 90 días y 3 años y presta el servicio en forma “absolutamente gratuita”, sin posibilidad de exigir aportes pecuniarios ni dádivas por la atención.
El mismo reglamento establece entre sus objetivos brindar una dieta adecuada para cubrir la cuota nutricional de los menores. Es decir, el esquema no se limita al cuidado infantil: incluye alimentación diaria y asistencia integral, financiada con recursos públicos.
En una provincia donde miles de trabajadores deben destinar buena parte de sus ingresos al cuidado de sus hijos, el dato adquiere una dimensión política evidente. El Estado bonaerense, que suele presentarse como víctima de la escasez presupuestaria, mantiene para su propia estructura un servicio que muchas familias no pueden pagar o deben resolver con redes informales, abuelos, vecinos, licencias laborales o endeudamiento.
El fallo también abordó la contratación de un servicio de transporte escolar para trasladar a 30 niños y niñas desde la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad y la sede ministerial hasta el Jardín de Infantes N° 954, ubicado en calle 54 N° 1236 de La Plata, y su posterior regreso.
La contratación fue adjudicada a Héctor Omar Gargiulo por un monto total de 3.340.000 pesos. Según la resolución, durante el ejercicio 2024 se abonaron 2.672.000 pesos y durante 2025 otros 668.000 pesos.
Ese punto generó discusión dentro del Tribunal de Cuentas. Una postura entendió que el transporte escolar no estaba expresamente previsto por la normativa aplicable y propuso formular un cargo por 3.973.053,61 pesos, incluyendo intereses. Sin embargo, la mayoría del cuerpo consideró que podía ser interpretado como una medida accesoria para garantizar el acceso de los menores al establecimiento, por lo que finalmente no aplicó cargo pecuniario por ese concepto.
La decisión técnica no elimina el problema político. En una provincia donde el transporte escolar, el cuidado infantil y la alimentación representan gastos pesados para cualquier familia de ingresos medios o bajos, el Ministerio de Economía sostuvo un dispositivo de traslado gratuito para hijos de su propio personal.
El expediente también examinó gastos de alimentos y artículos de limpieza vinculados al jardín maternal. Allí el cuestionamiento no apuntó solamente a la existencia de esas compras, sino al modo en que fueron tramitadas.
El Tribunal de Cuentas observó que se utilizaron fondos de cajas chicas del Ministerio de Economía para afrontar compras destinadas al funcionamiento habitual del jardín. Según el organismo de control, esos gastos no reunían las características de urgencia, eventualidad o imprevisibilidad exigidas para el uso excepcional de caja chica, sino que eran previsibles y recurrentes.
La alimentación diaria de los niños formaba parte de los objetivos permanentes del propio reglamento del jardín. Por eso, para el organismo, las compras debieron tramitarse mediante procedimientos administrativos ordinarios y no a través de un mecanismo excepcional pensado para resolver gastos menores o urgentes.
El fallo también detectó fraccionamiento de facturas y tickets en operaciones vinculadas a esas rendiciones. La observación apuntó a pagos separados a un mismo proveedor en una misma fecha, con facturación dividida. Para el Tribunal de Cuentas, esa modalidad podía tener como efecto aparente evitar el tope máximo por erogación previsto para las cajas chicas, fijado en 100.000 pesos.
La práctica fue considerada incompatible con los estándares de transparencia que deben regir la administración de fondos públicos. Como consecuencia, el organismo aplicó multas de 524.200 pesos a Bárbara Diehl, María Fernanda Fernández, Liliana Mabel González, Marcela Evangelina Cañete y María Micaela Carrara. En total, las sanciones ascienden a 2.621.000 pesos.
La sanción, sin embargo, no modifica el fondo del esquema. El jardín continúa apareciendo como parte de una estructura de beneficios internos del Estado bonaerense que contrasta con el esfuerzo cotidiano de familias que no tienen acceso a servicios gratuitos equivalentes.
El contexto social vuelve más sensible el caso. El INDEC informó que en el segundo semestre de 2025 la pobreza alcanzó al 28,3% de las personas en la región Gran Buenos Aires, mientras la indigencia llegó al 7%. En los niños menores de 14 años, la pobreza nacional se mantuvo en niveles especialmente altos, por encima del promedio general. En ese marco, los gastos de cuidado, alimentación y educación inicial no son un detalle administrativo: son una carga central en la economía familiar.
El gobierno bonaerense sostiene que enfrenta una crisis profunda en el tejido productivo, social y laboral, y atribuye buena parte de sus dificultades al recorte de fondos nacionales. El propio Kicillof presentó el presupuesto provincial 2026 con un discurso centrado en la emergencia económica, la necesidad de sostener obra pública y la defensa de áreas sensibles como educación, salud, asistencia social y seguridad.
Pero el caso del jardín maternal del Ministerio de Economía muestra otra cara del Estado provincial: una burocracia que conserva dispositivos de asistencia interna, financiados por recursos públicos, mientras la sociedad debe afrontar con ingresos deteriorados servicios equivalentes en el sector privado o, directamente, resignarlos.
La discusión no debería reducirse a si un jardín maternal para empleados públicos es legal o si el transporte puede ser interpretado como accesorio. El punto central es otro: en una provincia con pobreza, crisis educativa, hospitales tensionados, comedores sobrecargados y familias endeudadas, cada beneficio financiado por el Estado para su propia estructura debe ser sometido a un estándar de transparencia mucho más exigente.
El fallo del Tribunal de Cuentas no describe una megaestructura de corrupción, pero sí expone una cultura administrativa preocupante: gastos previsibles tramitados por caja chica, facturas fraccionadas, servicios internos gratuitos y sanciones que terminan siendo acotadas frente al volumen político del problema.
El Ministerio de Economía, justamente el área encargada de ordenar cuentas, administrar recursos y fijar prioridades presupuestarias, aparece ahora observado por el uso de mecanismos excepcionales para sostener gastos habituales de un jardín propio. No se trata de una oficina menor ni de una dependencia periférica: se trata de la cartera que maneja la caja provincial.
En términos políticos, el caso golpea sobre uno de los flancos más sensibles del oficialismo bonaerense: la contradicción entre el discurso de austeridad forzada y la persistencia de beneficios internos. Mientras el gobierno denuncia que faltan recursos, el ciudadano común descubre que dentro del Estado existen servicios de cuidado, traslado y alimentación que no están al alcance de la mayoría.
Esa distancia entre el discurso y la práctica erosiona la credibilidad pública. Porque una cosa es defender políticas de cuidado infantil universales y otra muy distinta es sostener beneficios sectoriales dentro de una estructura estatal específica, con observaciones administrativas y multas por rendiciones irregulares.
El problema no es que los hijos de empleados públicos reciban cuidado. El problema es que el privilegio funcione puertas adentro del Estado, con financiamiento público, mientras millones de bonaerenses deben resolver solos las mismas necesidades básicas. Y peor aún: que parte de esos gastos haya sido observada por el organismo encargado de controlar el uso de los fondos.
El caso deja una pregunta incómoda para Axel Kicillof y Pablo López: si la provincia no tiene recursos suficientes para garantizar servicios de calidad a todos, ¿por qué determinados sectores de la administración pública conservan esquemas de asistencia integral financiados por la caja estatal?
La respuesta no está sólo en una rendición de cuentas. Está en una forma de administrar el poder. En la provincia más grande del país, el Estado bonaerense vuelve a mostrar que muchas veces la austeridad se exige hacia afuera, mientras los beneficios se conservan hacia adentro.
