Por RR
Buenos Aires – 11 Junio 2026 – Total News Agency – TNA-. La política argentina volvió a demostrar que siempre puede perforar su propio piso de absurdo. Cuando parecía que el operativo “Cristina libre” ya había agotado sus argumentos de barricada, apareció Miguel Ángel Pichetto para proponer que el Congreso declare nula la condena firme contra Cristina Kirchner, en la causa Vialidad.
Sí: el Congreso. No la Justicia. No una instancia internacional. No una revisión judicial extraordinaria. El Congreso. Esa modesta escribanía parlamentaria que, según la nueva creatividad jurídica del peronismo ampliado, podría transformarse de pronto en tribunal penal, cámara revisora, Corte Suprema sustituta y, si queda tiempo, escribanía de absoluciones patrióticas o sencillamente, una nueva instancia judicial.
Pichetto sostuvo que sabe que su argumento “va a levantar polvareda” porque ingresa en el principio de división de poderes. En rigor, no entra: lo atropella con una topadora, lo estaciona sobre la Constitución y después le pone una bandera de “gravedad institucional”. El diputado de Encuentro Federal, que fue candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, ayudó al gobierno de Javier Milei en la primera etapa con la Ley Bases y ahora busca volver a conversar con el peronismo, reclamó que el Parlamento declare la nulidad de un fallo confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La propuesta llega apenas un día después de que legisladores de Unión por la Patria, encabezados por el jefe del bloque de diputados, Germán Martínez, reinstalaran la consigna de “Cristina libre” en el Congreso, denunciando una supuesta proscripción y condiciones de detención domiciliaria presuntamente abusivas. El kirchnerismo volvió así a su zona de confort: cuando un fallo no gusta, no es fallo; es persecución. Cuando una condena queda firme, no es condena; es disciplinamiento. Y cuando la Corte Suprema habla, se la escucha sólo si dice lo que conviene.
El problema es que el expediente Vialidad no fue una servilleta perdida en un café. La causa atravesó instrucción, juicio oral, revisión de la Cámara Federal de Casación Penal y control final de la Corte Suprema. La ex presidente fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos como autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
El fallo del Tribunal Oral Federal N° 2 fue dictado en diciembre de 2022. La Sala IV de Casación confirmó la condena en noviembre de 2024. Finalmente, el 10 de junio de 2025, la Corte Suprema, con los votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó la queja de la defensa y dejó firme la sentencia. Es decir: no fue exactamente una multa de tránsito mal cargada.
La causa investigó el direccionamiento de obra pública vial en Santa Cruz a favor de empresas del Grupo Báez, encabezado por Lázaro Báez. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola sostuvieron durante el juicio que aproximadamente el 80% de las obras viales adjudicadas en esa provincia fueron orientadas hacia firmas de Báez, por más de 46.000 millones de pesos de la época. También fueron condenados Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti y otros exfuncionarios.
Pero para el nuevo realismo mágico parlamentario, todo eso podría ser revisado por una mayoría legislativa convenientemente inspirada. Si el Congreso puede anular una condena firme, mañana tal vez pueda absolver por resolución, suspender embargos por aplauso o declarar inocente a quien reúna quórum. Sería un avance institucional notable: la República reemplazada por una comisión de acuerdos emocionales.
Pichetto justificó su posición al afirmar que la Justicia “alteró las reglas desde el primer día”, que se incorporó un juez de otro tribunal, que se trajo un fiscal cuyo destino era Rosario y que se limitó la posibilidad de apelar, otro falso argumento, dado que la rea apelo en varias ocasiones cada fallo. También sostuvo que los jueces de la Corte debieron apartarse por haber enfrentado un juicio político promovido por el partido de la acusada. Según su lectura, el Congreso no puede quedarse “de brazos cruzados” ante semejante gravedad.
La escena tiene su encanto. Después de años de causas, recursos, nulidades, planteos, recusaciones y revisiones, ahora aparece una epifanía institucional: el Parlamento, ese ámbito donde sobran certezas jurídicas después de cada café, podría corregir a la Justicia porque Pichetto encontró una “exploración” no desarrollada. Sería, por decirlo suavemente, una innovación. Por decirlo con menos suavidad: un disparate con moño republicano.
El pedido de Pichetto se suma a la ofensiva de Unión por la Patria, que intenta convertir la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner en martirio político. La ex presidente cumple pena en su domicilio por edad y razones de seguridad, no en una cárcel común. Tiene una modalidad prevista por la ley para condenados mayores de 70 años, con tobillera electrónica, restricciones de movimiento y control judicial. La prisión domiciliaria no es libertad, aunque tampoco es precisamente Siberia, la señora la pas muy bien entre visitas, peluqueras y podolgas.
Los legisladores kirchneristas se quejaron de las condiciones de detención y reclamaron información sobre otros detenidos con prisión domiciliaria. Germán Martínez llegó a comparar la situación con la de genocidas y narcotraficantes, en un intento de transformar un mecanismo de control judicial en una ceremonia de humillación política. Pero la tobillera no convierte a Cristina en perseguida: convierte a una condenada con prisión domiciliaria en una condenada con control electrónico.
En paralelo, Axel Kicillof insiste en considerar inocente a Cristina Kirchner, una convicción que curiosamente se vuelve más enfática ahora, después de que la condena pasó por todas las instancias judiciales y lleva un año firme. El gobernador bonaerense camina sobre una cuerda floja: necesita contener al núcleo duro kirchnerista, no romper con La Cámpora, pero tampoco regalarle al antikirchnerismo una campaña servida en bandeja.
Ese clima alimenta una lectura política tan maliciosa como inevitable: ¿hay detrás de esta sincronización una simple defensa corporativa del peronismo o algo más parecido a un extraño “canje de prisioneros” entre oficialismo y oposición? La pregunta circula en ámbitos donde el sarcasmo suele ser más rápido que la prudencia. De un lado, el kirchnerismo empuja por flexibilizar, revisar o deslegitimar la condena de Cristina Kirchner. Del otro, el Gobierno enfrenta el incendio del caso Manuel Adorni, quien acaba de encontrar, según su propia novela patrimonial, el “Santo Pendrive” donde aparentemente dormían más de 500.000 dólares, en realidad, es mas preciso el Santo Grial.
La hipótesis, desde luego, pertenece al género de la elucubración política de mala fe, ese deporte nacional que suele anticipar lo que los comunicados oficiales niegan durante semanas. Según esa lectura, tan venenosa como verosímil en la Argentina del cambalache permanente, podría estar gestándose un entendimiento subterráneo: el peronismo baja la intensidad sobre los tropiezos legales del Gobierno —especialmente el caso Adorni— y el oficialismo mira con menos entusiasmo el cumplimiento estricto de la condena de Cristina. Una especie de “vos me cuidás al ahorrista en negro, yo te alivio a la jefa condenada”.
Sería, de confirmarse, otro bochornoso escándalo. Pero por ahora no es más que una hipótesis política, un análisis de pasillo, una maldad con perfume a Comodoro Py y café frío de Congreso. Lo suficiente, eso sí, para explicar por qué algunos movimientos resultan tan llamativamente simultáneos.
Porque mientras Pichetto propone que el Congreso ensaye una anulación creativa de la condena a Cristina Kirchner, el jefe de Gabinete de Javier Milei intenta explicar cómo acumuló medio millón de dólares no declarados, cómo compró propiedades, cómo pagó refacciones, cómo viajó en aviones privados y cómo pasó de “todo está declarado” a “ahorramos en negro como todos los argentinos”. El mismo país, dos relatos de inocencia, una sola coincidencia: todos quieren que la Justicia mire para otro lado, pero con fundamentos patrióticos.
El caso Adorni es el regalo que el peronismo esperaba. El kirchnerismo sabe que la mejor manera de relativizar su pasado es señalar las manchas del presente. La lógica es simple: si el Gobierno que prometió transparencia se hunde en explicaciones patrimoniales de sobremesa, entonces la condena de Cristina puede ser presentada como una injusticia selectiva. No absuelve, pero confunde. No borra el expediente, pero ensucia la cancha. Y en la política argentina, embarrar suele ser casi tan útil como ganar.
El problema es que la corrupción ajena no purifica la propia. Que Adorni tenga que explicar sus ahorros en negro, sus supuestas criptomonedas, sus operaciones inmobiliarias y sus pagos en efectivo no convierte a Cristina Kirchner en inocente. Y que el kirchnerismo quiera presentar una condena firme como proscripción no vuelve impecable al Gobierno. La Argentina parece atrapada en una competencia moral entre bomberos con fósforos.
Pichetto, mientras tanto, eligió el momento perfecto para volver a escena. En el encuentro “Argentina Productiva”, realizado en La Plata, pidió construir un gran frente de unidad nacional que incluya al peronismo y otros sectores. También calificó a Javier Milei como un presidente de transición, con una “crueldad increíble” y un gobierno de “inexpertos” y “endeudadores seriales”. Dicho de otro modo: disparó contra el Gobierno, guiñó al peronismo y, de paso, le ofreció al kirchnerismo una teoría para intentar convertir una condena firme en un trámite parlamentario.
En términos jurídicos, la propuesta es explosiva. La división de poderes no es una formalidad decorativa. El Congreso legisla, controla, acusa en juicio político y ejerce funciones institucionales específicas. Pero no revisa sentencias penales firmes como si fuera una cámara de apelación partidaria. Si una mayoría parlamentaria pudiera anular una condena de la Corte, el sistema judicial quedaría subordinado al humor político de cada coyuntura. Hoy Cristina, mañana cualquiera con bloque propio.
El argumento de que la conducta de un jefe de Estado debería evaluarse por un procedimiento especial también merece debate jurídico, pero llega tarde y mal. Cristina Kirchner no fue juzgada por opiniones políticas ni por decisiones de gobierno abstractas, sino por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en una causa penal concreta. Tuvo defensa, recursos y revisión. La discusión podrá continuar en foros académicos o internacionales, pero no habilita al Congreso a borrar la sentencia con corrector líquido.
El kirchnerismo, sin embargo, no busca tanto una solución jurídica como una bandera política. “Cristina libre” funciona como consigna de reunificación interna, herramienta de presión sobre Kicillof, mecanismo de victimización electoral y señal de obediencia hacia el núcleo duro. La ex presidente condenada sigue siendo el centro gravitacional de un peronismo que no termina de jubilarla ni de reemplazarla.
Por eso la ofensiva parlamentaria no debe leerse sólo como defensa judicial. Es también estrategia para 2027. El peronismo intenta reagruparse frente a un Gobierno que exhibe logros macroeconómicos, pero también fragilidades políticas y escándalos éticos. Si Milei muestra orden fiscal pero desorden moral en su gabinete, el kirchnerismo intentará vender su propia condena como persecución y no como corrupción. La memoria selectiva es, al parecer, una política pública no declarada.
El supuesto “canje” entre el caso Cristina y el caso Adorni puede sonar delirante. Pero en la Argentina, la frontera entre delirio y negociación suele ser apenas una puerta cerrada. Nadie lo reconocerá, todos lo negarán, y aun así la simultaneidad de movimientos alimenta sospechas. Un día, diputados piden “Cristina libre”. Al siguiente, Pichetto propone que el Congreso anule la condena. Al mismo tiempo, el Gobierno necesita que el incendio Adorni no termine devorando la imagen presidencial. Casualidades, por supuesto. La política argentina está llena de casualidades muy trabajadas.
La cuestión de fondo sigue intacta. Cristina Kirchner fue condenada, la condena fue revisada y quedó firme. Manuel Adorni debe explicar su patrimonio, sus ahorros en negro y la trazabilidad de sus fondos. Una cosa no anula la otra. Si el Gobierno tiene funcionarios bajo sospecha, que investigue la Justicia. Si el kirchnerismo tiene una jefa condenada, que cumpla la sentencia. Lo demás es humo, épica y producción legislativa para consumo militante.
La paradoja es casi perfecta: el peronismo que durante años denunció operaciones judiciales ahora quiere que el Congreso opere sobre la Justicia; y el Gobierno que prometía terminar con la casta debe explicar por qué uno de sus principales voceros parece haber descubierto una fortuna no declarada justo cuando la necesitaba. Todos hablan de República, pero cada uno parece tener una edición de bolsillo para uso personal.
El pedido de Pichetto no corrige una injusticia: inaugura un problema institucional. El reclamo de Unión por la Patria no defiende la democracia: intenta reescribir una condena. Y el silencio o la ambigüedad del Gobierno frente a estas maniobras sólo alimenta la sospecha de que, detrás del telón, alguien podría estar imaginando una negociación indecorosa.
Por ahora, no hay prueba de ese supuesto pacto. Hay indicios políticos, coincidencias incómodas, gestos cruzados y un clima de canje imaginario que alcanza para que la pregunta sobrevuele: ¿Cristina menos presa a cambio de Adorni menos investigado? Sería una indecencia institucional de manual. Pero, claro, en la Argentina siempre queda margen para que el manual sea superado por la realidad.
Mientras tanto, Cristina Kirchner sigue condenada. Adorni sigue explicando el milagro patrimonial del “Santo Pendrive”. Pichetto sigue explorando teorías constitucionales con dinamita. Y el Congreso, una vez más, parece tentado de convertirse en el escenario donde la política intenta hacer lo que no pudo en tribunales.
La Argentina, generosa en sainetes, ofrece ahora uno nuevo: condenados que se dicen proscriptos, funcionarios que ahorran en negro, diputados que quieren anular fallos y analistas que ven canjes donde antes había sólo expedientes. Todo muy republicano. Todo muy serio. Todo, naturalmente, en nombre de la democracia.
