El vocero presidencial Adrián Ravier reconoció que una parte de lo recaudado a través del impuesto a los combustibles no se aplica al mantenimiento vial sino que queda a disposición del Ministerio de Economía para contribuir al equilibrio fiscal, una admisión que expuso nuevamente al Gobierno y puede ser incorporada a la denuncia penal contra Luis Caputo por el manejo de fondos del SisVial. La revelación coincidió con un fallo del juez federal Aurelio Cuello Murúa, quien consideró que la falta de mantenimiento de las rutas nacionales 7, 8 y 33 configura una omisión con “arbitrariedad o ilegalidad manifiestas” y ordenó al Estado realizar su reparación integral. En dos años y medio se asignaron más de $1,5 billones al sistema vial, pero sólo se ejecutaron $394.406 millones.
Buenos Aires – 11 Agosto 2026 – Total News Agency – TNA.- El vocero presidencial Adrián Ravier protagonizó otra incómoda declaración pública para el Gobierno al admitir que parte de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles que alimentan el Sistema Vial Integrado (SisVial) no termina financiando obras y mantenimiento de rutas, sino que permanece bajo administración del Ministerio de Economía como parte de la estrategia destinada a sostener el equilibrio fiscal.
La frase fue pronunciada durante una entrevista con El Diario de La Pampa, cuando el funcionario fue consultado por el deterioro de los corredores nacionales y el destino del dinero que pagan los automovilistas cada vez que cargan combustible. “Lo que no te puedo decir ahora es cuánto de lo que se recauda está yendo al mantenimiento de rutas, pero sin duda una parte de esos impuestos va a Vialidad y la otra parte la dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal”, reconoció Ravier.
La explicación resulta particularmente incómoda porque el esquema legal que nutre al SisVial fue estructurado precisamente mediante recursos afectados al sistema de infraestructura del transporte. La normativa vigente establece que una porción de los impuestos sobre los combustibles líquidos y el dióxido de carbono ingresa al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, del cual el SisVial constituye uno de sus sistemas beneficiarios, con bienes y recursos sometidos a un destino específico.
La segunda metida de pata de Ravier en pocas semanas llegó además cuando el manejo de ese dinero ya se encuentra bajo cuestionamiento judicial. La diputada nacional Victoria Tolosa Paz presentó ante la Justicia Federal una denuncia contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y otros funcionarios para que se investiguen posibles delitos de malversación de caudales públicos, administración fraudulenta y abuso de autoridad vinculados con la administración de los fondos viales. La presentación reclama determinar cuánto dinero ingresó efectivamente al fideicomiso, cuánto permaneció invertido y cuál fue el destino de los recursos que eventualmente no llegaron a sus cuentas.
Las cifras que originaron la denuncia surgen de documentación oficial reconstruida a través de balances, estados de cuenta y pedidos de acceso a la información. Desde el inicio del gobierno de Javier Milei hasta mayo de 2026 se asignaron al SisVial $1.503.252 millones, pero solamente $394.406 millones fueron ejecutados en obras, lo que representa una subejecución acumulada del 73,8%. Al 31 de mayo, aproximadamente $1,001 billones permanecían colocados en plazos fijos y títulos públicos y otros $37.761 millones estaban depositados en una cuenta corriente.
El comportamiento anual muestra además que la baja ejecución no fue un episodio aislado. Durante 2024 se utilizaron para su destino vial $40.668 millones de los $360.238 millones asignados, apenas el 11,3%. En 2025 la ejecución aumentó al 39%, con $270.592 millones sobre $692.514 millones, mientras entre enero y mayo de 2026 volvió a caer al 18,5%, con sólo $83.144 millones ejecutados sobre $450.500 millones.
La magnitud puede traducirse directamente en kilómetros de rutas. Una estimación realizada sobre la base de costos recientes de licitaciones de Vialidad Nacional calculó que los fondos mantenidos en inversiones financieras habrían permitido intervenir entre 20.000 y 25.000 kilómetros, equivalentes a casi dos tercios de la red vial nacional.
Mientras Ravier reconocía que una parte del dinero era retenida por Economía para sostener el equilibrio fiscal, la Justicia Federal dictó una resolución que golpeó directamente otra explicación oficial utilizada para justificar la falta de trabajos. El juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Antonio Cuello Murúa, hizo lugar a un amparo presentado por la senadora provincial Leticia Di Gregorio y ordenó al Estado Nacional asumir la reparación de las rutas nacionales 7, 8 y 33 dentro del departamento General López, en el sur de Santa Fe.
El magistrado consideró que la prolongada falta de conservación y mantenimiento constituye una omisión con “arbitrariedad o ilegalidad manifiestas” y determinó que el Estado debe garantizar la plena transitabilidad de esos corredores, ya sea mediante Vialidad Nacional o a través de las empresas concesionarias correspondientes. El fallo rechazó además que las restricciones presupuestarias sean suficientes para liberar al organismo de su obligación de mantener caminos nacionales en condiciones adecuadas de circulación.
El expediente judicial había comenzado en marzo de 2025, cuando Di Gregorio reclamó medidas urgentes por el estado de las rutas. Una primera cautelar había obligado a Vialidad Nacional a señalizar sectores peligrosos, instrumentar desvíos y realizar tareas de bacheo o relleno, resolución que posteriormente fue confirmada por la Cámara Federal de Rosario. El nuevo pronunciamiento avanza ahora sobre la obligación de realizar reparaciones integrales.
La coincidencia entre ambos episodios deja al Gobierno frente a una contradicción difícil de disimular: mientras en los tribunales Vialidad Nacional invoca restricciones presupuestarias para explicar la falta de mantenimiento, su propio vocero acaba de reconocer públicamente que parte del dinero recaudado mediante el impuesto a los combustibles queda en manos de Economía para contribuir al equilibrio fiscal.
La frase de Ravier adquiere además valor político y eventualmente probatorio porque se produjo después de conocerse la investigación periodística sobre los más de $1,5 billones asignados al fideicomiso y apenas horas antes de que se profundizara la discusión judicial. La denuncia de Tolosa Paz podrá ahora pedir que sus declaraciones sean incorporadas como elemento documental, aunque será la Justicia la que determine si la administración de esos recursos configura o no alguno de los delitos mencionados por la legisladora.
El propio diseño del fideicomiso explica la sensibilidad del asunto. El Sistema de Infraestructura de Transporte (SIT) fue constituido para administrar recursos provenientes de impuestos específicos y distribuirlos entre los sistemas vial, ferroviario y de transporte automotor. La legislación determinó distintos porcentajes de distribución y preservó jurídicamente el carácter afectado de esos fondos, una estructura creada justamente para impedir que recursos recaudados para infraestructura terminaran absorbidos indiscriminadamente por gastos generales del Estado.
La polémica también reactivó un reclamo de gobernadores y administraciones provinciales que desde hace tiempo cuestionan que los automovilistas continúen pagando componentes impositivos destinados a infraestructura mientras numerosos corredores nacionales acumulan pozos, banquinas deterioradas, señalización insuficiente y obras paralizadas. Durante el último año varias provincias intentaron modificar la distribución de esos fondos y reclamaron asumir directamente obras sobre rutas nacionales ante la falta de intervención de la administración central.
Para Ravier, el episodio representa además su segunda declaración de fuerte impacto económico en menos de un mes. El 24 de julio había afirmado que era posible que el dólar alcanzara $1.700 o $1.800 durante los próximos meses, aunque intentó presentar ese movimiento como una corrección limitada y no como una devaluación abrupta. La declaración introdujo innecesariamente una cifra concreta dentro de una variable que el equipo económico procura manejar con extrema cautela.
Ahora el problema es más delicado porque no se trata de una proyección económica sino de la explicación sobre el destino de recursos legalmente afectados. Ravier intentó defender la gestión argumentando que las rutas continúan recibiendo mantenimiento y llegó a utilizar como ejemplo su propia experiencia transitando la Ruta Nacional 5, pero simultáneamente confirmó que sólo una parte del impuesto llega a Vialidad y que el resto queda bajo disposición del ministerio que conduce Caputo.
La resolución de Cuello Murúa incorpora mientras tanto una obligación concreta para el Estado: deberá avanzar sobre la reparación de las rutas 7, 8 y 33 dentro de General López, corredores fundamentales para el tránsito productivo de una región atravesada diariamente por transporte pesado vinculado con la producción agropecuaria y los puertos santafesinos. El fallo coloca así en un mismo escenario la disponibilidad de recursos del SisVial, la subejecución documentada durante dos años y medio y una orden judicial que acaba de establecer que la falta de mantenimiento vial no puede continuar justificándose mediante restricciones presupuestarias.
Fuentes consultadas: Declaraciones públicas de Ravier El Diario de La Pampa, Justicia Federal de Venado Tuerto, normativa nacional del Sistema Vial Integrado (SisVial) y del Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, denuncia presentada por Victoria Tolosa Paz y antecedentes de Vialidad Nacional.
