Madrid – 20 junio 2026 – Total News Agency – TNA-. El juez Juan Carlos Peinado acordó la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos, y le impuso duras medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y obligación de comparecer en el juzgado cada quince días.
La resolución, dictada este sábado, profundiza el cerco judicial sobre el entorno íntimo de Sánchez y coloca a Gómez en el umbral del banquillo, después de más de dos años de investigación y de una audiencia preliminar en la que las acusaciones reclamaron avanzar hacia el juicio, mientras la Fiscalía y las defensas insistieron en pedir el archivo de la causa.
El magistrado adoptó medidas similares para Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en La Moncloa, y para el empresario Juan Carlos Barrabés, aunque en el caso de este último la imputación se concentra en los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado. El juez entiende que existen indicios suficientes para que los hechos sean examinados en juicio oral.
La causa gira en torno a la supuesta utilización de la posición institucional de Gómez como esposa del presidente para favorecer proyectos, cátedras, patrocinios y adjudicaciones vinculadas a su actividad académica y profesional. Uno de los ejes centrales apunta a la relación con Barrabés, empresario que obtuvo contratos públicos y que habría sido recomendado en cartas firmadas por la propia esposa del jefe del Ejecutivo.
En paralelo, Peinado abrió una pieza separada para investigar contratos vinculados a Barrabés, después de recibir documentación remitida por la Fiscalía Europea. Esa línea busca determinar si hubo irregularidades adicionales en adjudicaciones financiadas con fondos públicos y europeos, aunque el juez excluyó a Begoña Gómez de esa nueva pieza concreta sobre presunta prevaricación y fraude a la Unión Europea.
La decisión de retirarle el pasaporte marca un salto cualitativo en el expediente. Las acusaciones populares habían reclamado esa medida bajo el argumento de riesgo de fuga, en especial por los viajes internacionales de Gómez y por su vínculo directo con el presidente del Gobierno. El juez hizo lugar al planteo y dispuso restricciones que permanecerán vigentes mientras avance el procedimiento.
La defensa de Begoña Gómez negó los hechos y pidió su absolución en caso de que la causa llegara a juicio. En su escrito sostuvo que las conductas investigadas “no son constitutivas de delito alguno” y atribuyó “mala fe” a las acusaciones. La Fiscalía, por su parte, reclamó el archivo del caso y anticipó que pedirá la absolución de los investigados si la instancia superior confirma la apertura del juicio oral.
El expediente llegó a esta fase con una fuerte disputa jurídica y política. Las acusaciones populares, encabezadas por Hazte Oír, reclamaron penas severas y sostuvieron que la esposa del presidente habría aprovechado su posición para desplegar una red de influencias. La Universidad Complutense de Madrid, que interviene como acusación particular, también pidió la apertura de juicio oral por la presunta apropiación indebida de bienes vinculados a una cátedra.
El Gobierno reaccionó con dureza. Fuentes de La Moncloa y dirigentes del PSOE calificaron la decisión como una “persecución política” y un “escándalo democrático”, y denunciaron una ofensiva judicial destinada a dañar al presidente. El oficialismo español insiste en que no existen pruebas sólidas contra Gómez y sostiene que la instrucción de Peinado está atravesada por motivaciones políticas.
La oposición, en cambio, considera que el avance de la causa confirma que el caso dejó de ser una controversia mediática para transformarse en un problema judicial de primer orden para el Gobierno. El expediente impacta directamente sobre la figura de Sánchez, que ya había atravesado una crisis política cuando anunció un período de reflexión pública tras la apertura de la investigación contra su esposa.
El caso Begoña Gómez vuelve a colocar bajo presión al Ejecutivo español en un momento de fuerte desgaste institucional. La apertura de juicio oral no implica condena y la esposa del presidente conserva la presunción de inocencia, pero la decisión de Peinado consolida un escenario políticamente explosivo: la mujer del jefe del Gobierno deberá afrontar un proceso penal por delitos de corrupción mientras cumple restricciones personales propias de una imputada con riesgo procesal.
El desenlace dependerá ahora de los recursos de la Fiscalía y de las defensas, así como de la revisión que pueda realizar la Audiencia Provincial de Madrid. Hasta entonces, Begoña Gómez quedará bajo control judicial, sin pasaporte y obligada a presentarse periódicamente ante el juzgado, en una causa que ya se transformó en uno de los mayores frentes de vulnerabilidad política para Pedro Sánchez.
