Lima – 20 junio 2026 – Total News Agency – TNA-. La Cancillería de Perú rechazó las acusaciones de “interferencia, manipulación, favorecimiento político o alteración” del material electoral utilizado por los peruanos residentes en el exterior durante la segunda vuelta presidencial, en medio de la creciente tensión política por el ajustado escrutinio entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.
El pronunciamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores se produjo después de que sectores vinculados a Juntos por el Perú cuestionaran el tratamiento de las actas del exterior y apuntaran contra la decisión de no utilizar en la segunda vuelta un aplicativo de escaneo que sí había sido aplicado parcialmente durante la primera vuelta.
La controversia se instaló en un momento crítico del proceso electoral. Con el conteo prácticamente cerrado y una ventaja estrecha pero creciente de Fujimori, el voto exterior se convirtió en uno de los focos centrales de la disputa política. Ese universo electoral favoreció mayoritariamente a la candidata de Fuerza Popular, mientras que Sánchez denunció falta de transparencia, pidió revisar mesas y anunció acciones legales para intentar anular parte del proceso.
En un comunicado oficial fechado el 19 de junio, la Cancillería sostuvo que respeta “la voluntad popular”, la autonomía de los organismos electorales y el derecho de las organizaciones políticas a presentar observaciones o recursos por las vías legales. Sin embargo, rechazó “cualquier afirmación” que atribuya a funcionarios consulares actos de interferencia o manipulación del material electoral.
El ministerio remarcó que su papel en el voto de los peruanos residentes en el exterior se limita a tareas de organización y apoyo logístico a través de las oficinas consulares, siempre en coordinación con los organismos electorales. También precisó que la calificación de actas, el cómputo de votos, la resolución de impugnaciones y la proclamación de resultados no corresponden a la Cancillería, sino a las autoridades electorales competentes.
Según la cartera diplomática, el acto electoral en el exterior se desarrolló con participación de ciudadanos peruanos como miembros de mesa y con intervención de personeros acreditados por las agrupaciones políticas. Una vez concluida la votación, los resultados fueron consignados en actas lacradas para garantizar su inviolabilidad, mientras que los personeros recibieron copias y los carteles de resultados fueron publicados en los locales consulares.
Uno de los puntos más sensibles del reclamo opositor está vinculado al aplicativo de escaneo de actas. La Cancillería explicó que esa herramienta fue implementada en la primera vuelta a solicitud de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y sólo de manera complementaria. No se aplicó en todo el sistema, sino en 108 de las 180 oficinas consulares que organizaron la votación en el exterior.
Tras esa experiencia, una parte importante de los consulados reportó serias dificultades técnicas y operativas. Por ese motivo, y en coordinación con la ONPE, se resolvió no continuar con el uso del aplicativo en la segunda vuelta. El ministerio sostuvo que esa decisión no modificó la Ley Orgánica de Elecciones, no alteró el procedimiento legal de repliegue físico del material electoral y tampoco produjo un vacío en la cadena de custodia.
La cartera diplomática agregó que el traslado de actas, cédulas de sufragio utilizadas y padrones se realizó mediante mecanismos oficiales de seguridad, intangibilidad y trazabilidad, incluido el uso de valija diplomática y el acompañamiento de funcionarios consulares como correos diplomáticos. También afirmó que todas las actas y cédulas llegaron intactas a la sede de la ONPE, conforme a los cargos de recepción correspondientes.
El Gobierno peruano indicó además que el material electoral del exterior llegó dentro de los plazos acordados con los organismos electorales: en la primera vuelta, dentro de los cuatro días posteriores a la elección; y en la segunda vuelta, dentro de las 72 horas posteriores a la culminación del escrutinio.
La Cancillería también destacó que las oficinas consulares facilitaron la participación de personeros y la supervisión de autoridades competentes. Señaló que hubo fiscalización de funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en Buenos Aires y otras sedes consulares, además de presencia de observadores internacionales y de la Defensoría del Pueblo. También mencionó un informe de visita de control de la Contraloría sobre el repliegue del material electoral desde consulados hacia la ONPE, sin detección de demoras ni incidencias.
La tensión se profundizó luego de que Sánchez anunciara nuevas movilizaciones y la presentación de un recurso para anular las elecciones. Su principal cuestionamiento se concentra en el voto exterior y en la decisión de no digitalizar las actas en la segunda vuelta como, según sostiene, sí ocurrió en la primera. Para el candidato de izquierda, ese cambio afectó la transparencia del proceso.
La Cancillería, en cambio, insiste en que no hubo cambio de reglas, sino abandono de una herramienta complementaria que nunca reemplazó el procedimiento legal. El nudo de la disputa queda ahora en manos de los organismos electorales, especialmente la ONPE y el JNE, que deberán resolver observaciones, impugnaciones y pedidos de nulidad en un escenario de alta polarización política.
La elección peruana vuelve así a entrar en una zona de fricción institucional. Mientras Fujimori se acerca a la proclamación con una ventaja estrecha, Sánchez busca instalar la sospecha sobre el voto exterior y trasladar la disputa a los tribunales y a la calle. En ese marco, la respuesta de la Cancillería apunta a preservar la cadena de custodia y desmarcar a los consulados de una controversia que ya excede lo técnico y amenaza con convertirse en el eje de la resistencia política al resultado electoral.
