Buenos Aires – 21 Junio 2026 – Total News Agency – TNA-. La investigación judicial sobre Facundo Leal, ex presidente de Arsat, abrió una nueva derivación sobre uno de los contratos tecnológicos más sensibles de los últimos años: la ampliación de la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO), un negocio de alrededor de US$30 millones que terminó beneficiando a la firma cordobesa Tecnored, asociada comercialmente al gigante chino Huawei.
El caso combina fondos públicos, infraestructura estratégica, tecnología china, reuniones fuera de agenda, cenas con vino, viajes a Córdoba y Barcelona, y una investigación penal que busca determinar el origen de US$2,6 millones vinculados a Leal, encontrados en distintos domicilios durante allanamientos judiciales.
La trama fue reconstruida por La Nación a partir de documentos oficiales, pedidos de acceso a la información pública, registros internos, publicaciones empresarias, imágenes y testimonios de empleados y ex empleados de Arsat. El expediente judicial ya había colocado a Leal bajo sospecha por movimientos de sobres, mochilas y presuntas entregas de dinero durante su gestión en la empresa estatal de telecomunicaciones.
El contrato bajo la lupa corresponde a la actualización y mejoramiento de la REFEFO, una red troncal de unos 36.000 kilómetros que atraviesa el país y es utilizada por gran parte del sistema de telecomunicaciones argentino. Su importancia es crítica: por esa infraestructura circulan datos, servicios mayoristas de conectividad y capacidad que luego utilizan operadores privados, cooperativas, gobiernos provinciales y organismos públicos.
El origen del programa se remonta a 2020, durante la pandemia, cuando el aumento del consumo de internet aceleró la necesidad de ampliar la capacidad de la red. Mediante la resolución 867/2020, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) aprobó el Programa de Aumento de Capacidad de la Red Federal de Fibra Óptica, financiado con recursos del Fondo Fiduciario del Servicio Universal, integrado por el aporte equivalente al 1% de la facturación de empresas de telefonía e internet.
El 12 de septiembre de 2020 se firmó el convenio entre Enacom, manejado por Claudio Ambosini y Arsat, luego ratificado por la resolución 1018/2020. El proyecto contemplaba dos áreas centrales: la actualización de la red IP Core MPLS, pieza clave del sistema, y un proceso de agregación en nodos para ampliar capacidad y preparar la infraestructura ante el crecimiento del tráfico de datos y la futura llegada del 5G.
El negocio terminó en manos de Tecnored, empresa cordobesa presidida por Juan Domínguez, que ganó frente a competidores como Nokia, Ciena y ZTE. La adjudicación implicó, en los hechos, que la ampliación de la red quedara atada a tecnología provista por Huawei, compañía china cuestionada durante años por Estados Unidos por presuntos riesgos de seguridad, espionaje e influencia estratégica de Beijing sobre redes críticas.
La elección de Huawei no es un dato menor. La red de fibra óptica de Arsat no es una obra secundaria ni un simple contrato de equipamiento. Se trata de infraestructura estratégica del Estado argentino, con impacto sobre la conectividad nacional, la soberanía tecnológica y la seguridad de las comunicaciones. Por eso, cualquier decisión de compra, proveedor o arquitectura tecnológica debería estar sometida a máxima transparencia.
Sin embargo, según la reconstrucción periodística, los datos de adjudicación no aparecen en la página de transparencia de Arsat, aunque sí figuran los procesos de compra. Leal sostuvo en 2022, en declaraciones al portal DPL News, que se había tratado de una “licitación abreviada”. De acuerdo con la información publicada ahora, habría sido un concurso por invitación.
Ese punto es especialmente sensible: en contrataciones de esta magnitud, la diferencia entre una licitación abierta, una licitación abreviada y un concurso por invitación puede definir el nivel real de competencia, control y publicidad del proceso. Y cuando el resultado beneficia a una empresa asociada a un gigante geopolítico como Huawei, las explicaciones administrativas dejan de ser un detalle técnico.
Durante el proceso, las relaciones entre funcionarios de Arsat y empresarios del sector se habrían extendido por fuera de las reuniones formales. Según la investigación, existieron decenas de encuentros que no figuran en los registros de ingreso de la empresa, pero sí quedaron reflejados en agendas internas. Funcionarios de Arsat y representantes de Huawei se reunían con frecuencia en el hotel Wyndham de Nordelta, en oficinas de la estatal en Benavídez y en el restaurante Piegari.
La coordinación de esos encuentros, de acuerdo con la reconstrucción, se realizaba habitualmente por WhatsApp con secretarias de Leal. El Wyndham cuenta con habitaciones de hotel y departamentos, y distintas fuentes citadas señalaron que el ex titular de Arsat hacía uso de tres unidades en ese complejo, incluso con versiones sobre una eventual propiedad.
Entre las pruebas relevadas aparece una fotografía de Facundo Leal compartiendo una cena con Juan Bonora, vicepresidente de Huawei, mientras ambos toman vino. La imagen correspondería a un encuentro realizado pocos días después de que Leal viajara a Córdoba y visitara a Juan Domínguez, presidente de Tecnored, en su provincia natal. Esos movimientos ocurrieron entre abril y mayo de 2021, los mismos meses en los que se adjudicó y firmó el contrato por la red de fibra óptica.
La secuencia se completa con un viaje a Barcelona, en junio de 2021, para participar de un congreso internacional de tecnología y telecomunicaciones. Allí coincidieron Leal, Domínguez y otros empresarios. Según fuentes citadas por la investigación, una noche llamó la atención la aparición de Leal con lastimaduras en la cara, presuntamente tras un episodio en una habitación con una acompañante. Domínguez habría sido uno de los testigos posteriores de la situación.
Huawei negó cualquier irregularidad y afirmó que sus reuniones y vínculos comerciales se enmarcan exclusivamente en su actividad profesional como proveedora de infraestructura de telecomunicaciones. La compañía sostuvo que esos encuentros responden a prácticas habituales de la industria y remarcó su compromiso con la transparencia y la legalidad. También señaló que compartir un espacio social o aparecer en una fotografía pública no implica relación alguna con los hechos que se imputan a Leal.
Tecnored, por su parte, afirmó que iniciará acciones legales contra Arsat porque la empresa estatal dejó de pagar servicios continuados contratados en el acuerdo. La firma se presenta como especialista en diseño, integración e implementación de redes ópticas y tecnologías de telecomunicaciones.
El problema es que el contrato aparece ahora bajo una sombra mayor por el contexto judicial que rodea a Leal. La causa que lo involucra comenzó a partir de investigaciones por robos de materiales y contrataciones irregulares en Arsat, pero derivó en un escándalo mucho más amplio. En allanamientos realizados en propiedades vinculadas al ex funcionario se encontraron más de US$2,5 millones en efectivo, pesos, otras monedas, drogas sintéticas y equipos de espionaje, incluidos dispositivos para grabar, filmar, detectar cámaras y micrófonos, y rastrear personas o vehículos.
La Justicia investiga si esos fondos tienen relación con maniobras de corrupción, contrataciones direccionadas o pagos indebidos durante su paso por la empresa estatal. En el expediente también aparecen otros ex directivos de Arsat, entre ellos Juan Andrés Navarro y Gerardo Boschin, mencionados en investigaciones por presuntas irregularidades en contrataciones.
El caso golpea de lleno sobre una zona particularmente sensible del Estado: la administración de infraestructura tecnológica crítica. Arsat no sólo gestiona fibra óptica. También opera satélites, servicios de conectividad y recursos estratégicos que deberían estar blindados frente a cualquier esquema de corrupción, favoritismo empresario o influencia extranjera.
La pregunta central es si el contrato que benefició a Tecnored y, por extensión tecnológica, a Huawei, fue resultado de una competencia transparente o de un proceso condicionado por relaciones informales, encuentros reservados y vínculos personales entre funcionarios y proveedores. También queda por determinar si las reuniones en hoteles, cenas y viajes tuvieron impacto directo en la adjudicación o si sólo formaron parte del circuito habitual de negocios del sector.
Lo cierto es que el expediente ya dejó expuesta una postal incómoda: mientras el Estado financiaba con recursos del Servicio Universal una obra estratégica para ampliar la conectividad nacional, funcionarios y empresarios mantenían contactos fuera de los canales institucionales, y años después la Justicia encontró millones de dólares sin explicación suficiente en domicilios vinculados al principal funcionario de la empresa.
El caso también tiene una dimensión geopolítica. Huawei es uno de los actores centrales de la competencia tecnológica entre China y Estados Unidos. En muchos países, su participación en redes críticas fue limitada o directamente bloqueada por temores de seguridad nacional. En Argentina, en cambio, una red estatal de fibra óptica terminó ampliándose con tecnología vinculada al gigante chino mediante una empresa local ganadora de un contrato millonario.
La investigación recién comienza a reconstruir el mapa completo. Pero la combinación de dinero en efectivo, contratos millonarios, tecnología estratégica, reuniones no registradas y proveedores extranjeros obliga a una revisión profunda de la gestión de Arsat y de los controles aplicados sobre fondos públicos.
La ampliación de la REFEFO debía ser una política de conectividad federal. Hoy aparece atravesada por sospechas de corrupción, opacidad y vínculos empresarios que exceden largamente la lógica técnica de una licitación.
