Nueva York – 26 junio 2026 – Total News Agency – TNA – A casi dos siglos de la ocupación británica de las Islas Malvinas, el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas volvió a respaldar por consenso el reclamo argentino y pidió al Reino Unido que reanude negociaciones con la Argentina para encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía.
La resolución, copresentada por Chile y respaldada por Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela, reiteró la posición histórica de la ONU: la cuestión Malvinas no es un caso ordinario de autodeterminación, sino una controversia bilateral de soberanía entre dos Estados, originada en un acto de fuerza cometido por Londres en 1833.
El canciller Pablo Quirno encabezó la delegación argentina ante el organismo, acompañado por el embajador argentino ante Naciones Unidas, Francisco Tropepi. La diplomacia argentina llegó a la sesión con una tarea previa de negociación con los integrantes del Comité, que permitió cerrar un texto aprobado sin votación y con amplio respaldo político.
Durante su exposición, Quirno ratificó que la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes constituye una política de Estado. Recordó que el Reino Unido ocupó las islas mediante la fuerza en 1833, expulsó a las autoridades argentinas y a la población legítimamente establecida, y luego consolidó una estructura colonial sostenida hasta la actualidad.
El canciller fue especialmente duro al rechazar el argumento británico de la libre determinación. Según planteó, en las islas no existe un pueblo colonizado con identidad diferenciada respecto de la potencia administradora, sino una población implantada después de la expulsión de las autoridades argentinas. “En las islas Malvinas no existe un pueblo colonizado que pueda ejercer ese derecho”, sostuvo.
La posición argentina se apoya en una línea constante de Naciones Unidas. La Resolución 2065 de la Asamblea General, aprobada en 1965, reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido e invitó a ambos gobiernos a negociar una solución pacífica. Desde entonces, el reclamo se mantiene dentro del sistema multilateral y el Comité de Descolonización renueva cada año el llamado al diálogo.
El punto más sensible del discurso argentino fue la denuncia sobre la militarización británica del Atlántico Sur. Quirno afirmó que el Reino Unido mantiene aproximadamente 1.200 efectivos militares en las islas, una proporción equivalente a cerca del 40 por ciento de la población local. Para la Argentina, ese despliegue confirma el carácter estratégico de la ocupación y contradice el espíritu de las resoluciones internacionales que llaman a resolver la controversia por vías pacíficas.
La base militar británica en Monte Agradable constituye desde hace décadas una de las principales preocupaciones de la política exterior argentina. Desde allí, Londres proyecta presencia sobre el Atlántico Sur, un espacio clave por sus recursos pesqueros, hidrocarburíferos, rutas marítimas y cercanía con la Antártida. Para Buenos Aires, la militarización no solo afecta la disputa bilateral, sino que altera el equilibrio regional en una zona declarada de paz por los países sudamericanos.
El segundo eje de la denuncia fue económico. Quirno acusó al Reino Unido de otorgar licencias y concesiones ilegales para la exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables en áreas bajo disputa. El caso más relevante es el desarrollo del yacimiento Sea Lion, ubicado en la cuenca Malvinas Norte, impulsado por Rockhopper Exploration PLC y Navitas Petroleum Development and Production Limited.
En diciembre de 2025, esas compañías realizaron anuncios vinculados al eventual inicio de actividades hidrocarburíferas en la zona. La Argentina rechazó formalmente esas operaciones y recordó que las empresas involucradas fueron sancionadas por operar sin autorización argentina en un área cuya soberanía se encuentra en disputa. El Gobierno considera que cualquier explotación unilateral viola las resoluciones de la ONU y afecta derechos soberanos argentinos.
La resolución aprobada por el Comité de Descolonización volvió a señalar que la manera de poner fin a la situación colonial particular de las Islas Malvinas es la solución pacífica y negociada de la disputa. También lamentó que, pese al amplio respaldo internacional a una negociación entre Buenos Aires y Londres, las resoluciones de la Asamblea General aún no hayan sido implementadas.
El texto pidió a los gobiernos de la Argentina y del Reino Unido que afiancen el proceso de diálogo y cooperación mediante la reanudación de negociaciones “a fin de encontrar a la mayor brevedad posible una solución pacífica” a la controversia. La fórmula mantiene el lenguaje diplomático tradicional, pero encierra un mensaje político directo: la negativa británica a discutir soberanía sigue sin encontrar respaldo en el sistema de descolonización de Naciones Unidas.
Además de la intervención oficial, la delegación argentina sumó testimonios de fuerte carga histórica y simbólica. Paula Vernet, descendiente directa de Luis Vernet, primer comandante político y militar de las Islas Malvinas designado en 1829 por las Provincias Unidas del Río de la Plata, reivindicó la presencia argentina previa a la ocupación británica. Relató que su familia no llegó a las islas como presencia transitoria, sino con voluntad de arraigo y comunidad.
También expuso Guillermo Clifton, nieto de un habitante nacido en las Malvinas en 1902 que luego se radicó en la Patagonia argentina. Su testimonio apuntó a desmontar la narrativa británica sobre una comunidad separada de la historia argentina y sostuvo que los actuales habitantes de las islas son parte de una colonización organizada por el Reino Unido para sostener su administración ilegal.
Del lado isleño, Michael Goss defendió la posición británica y reclamó que los habitantes de las islas sean reconocidos como parte central de cualquier discusión. Sostuvo que la Argentina no los reconoce como pueblo y acusó a Buenos Aires de pretender una transferencia de soberanía bajo apariencia de negociación diplomática.
La tensión entre ambas posiciones marca el núcleo del conflicto. Para el Reino Unido, debe prevalecer la voluntad de los isleños. Para la Argentina, ese argumento encubre la consolidación de una población implantada por la potencia ocupante después de un acto de fuerza, razón por la cual la ONU nunca encuadró la cuestión Malvinas como un caso clásico de autodeterminación.
El respaldo obtenido en Nueva York refuerza la estrategia argentina de sostener el reclamo en el plano multilateral, aun cuando Londres se niega de manera sistemática a reabrir una negociación sobre soberanía. El Gobierno de Javier Milei, que en otros terrenos buscó una relación más pragmática con potencias occidentales, mantuvo en este caso una línea de continuidad con la política histórica argentina.
Antes de ingresar de lleno en la cuestión Malvinas, Quirno también expresó la solidaridad del Gobierno argentino con Venezuela por los terremotos registrados en ese país y transmitió la disposición de Milei a brindar asistencia humanitaria. El gesto ocurrió en una sesión en la que varios países latinoamericanos acompañaron el texto argentino, pese a diferencias ideológicas con la administración libertaria.
La aprobación por consenso no modifica de inmediato la posición británica, pero vuelve a dejar aislado a Londres en el ámbito específico de descolonización. Para la Argentina, el resultado significa una nueva validación internacional de su reclamo y una señal de que la cuestión Malvinas permanece abierta, vigente y pendiente de resolución.
A 193 años de la ocupación de 1833, el mensaje argentino ante la ONU fue inequívoco: no habrá cierre del conflicto mientras el Reino Unido mantenga una presencia militar desproporcionada, explote recursos en áreas disputadas y rechace sentarse a negociar la soberanía. La diplomacia argentina volvió a poner el tema en el centro del foro multilateral y recordó que la ocupación de las islas no fue convalidada por el paso del tiempo.
