Por Dario Rosatti
Buenos Aires – 1 Julio 2026 – Total News Agency – TNA – El funcionario encargado de perseguir evasores quedó atrapado en una investigación que expone una contradicción política y judicial de alto voltaje: Andrés Edgardo Vázquez, actual titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), está bajo la lupa de la Justicia federal por presunto ocultamiento de bienes, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y omisión maliciosa en sus declaraciones juradas.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi libró exhortos a Estados Unidos para determinar si Vázquez es el verdadero dueño de tres propiedades en Florida que no habrían sido declaradas ante los organismos de control. La medida se produjo luego de un dictamen de Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que consideró que existen elementos suficientes para avanzar sobre el patrimonio del funcionario y su círculo familiar. Según reportes judiciales publicados este miércoles, los inmuebles fueron adquiridos a través de sociedades panameñas y el magistrado pidió información bancaria, societaria, registral y migratoria a autoridades norteamericanas.
La designación de Vázquez dentro del esquema recaudador no fue menor. El Boletín Oficial publicó el 25 de octubre de 2024 su nombramiento como director general de la Dirección General Impositiva de ARCA, organismo dependiente del Ministerio de Economía. Más tarde, tras cambios internos en la agencia, quedó al frente del principal organismo de recaudación del país.
La investigación apunta a una estructura offshore montada con sociedades extranjeras. De acuerdo con la reconstrucción de la fiscalía, las propiedades en Miami habrían sido compradas entre 2013 y 2015 mediante Alcorta Corp. y Pompeya Group Corp., firmas constituidas en Panamá. Por encima de ellas aparece Galanthus Capital Limited, radicada en las Islas Vírgenes Británicas, donde Vázquez figura señalado como beneficiario final y donde sus hijas mellizas habrían asumido roles societarios como secretaria y tesorera desde 2021, según la línea de investigación citada por medios nacionales.
El punto más comprometedor es la ruta del dinero. La PIA detectó que Vázquez y su exesposa, Silvia Ivone Rodríguez, también empleada de ARCA, habrían pagado más de US$136.000 en impuestos municipales en Florida vinculados a esos inmuebles y recibido cheques de reintegro. Para los investigadores, ese dato contradice la explicación de que las propiedades pertenecerían a un tercero no identificado.
La sospecha se agrava por la desproporción patrimonial. Antes de las operaciones en Estados Unidos, Vázquez habría declarado activos líquidos por alrededor de US$40.000 en 2012 y US$44.000 en 2013. Sin embargo, en ese mismo período quedaron bajo análisis compras inmobiliarias por más de US$1,1 millón, a las que luego se sumó otra operación cercana al millón de dólares. Para la fiscalía, esa brecha no aparece explicada por ingresos formales registrados.
El expediente también tiene capítulo argentino. La fiscalía puso la lupa sobre Consultora San Andrés S.A., una firma controlada por Vázquez junto a su hermana, que no registraría empleados pero habría operado como vehículo patrimonial. Según la hipótesis de la PIA, esa sociedad habría funcionado como pantalla para movimientos de dinero, préstamos internos y adquisición de bienes.
Otro dato que encendió alarmas fue la compra de un triplex de 318 metros cuadrados en el edificio Los Molinos Building, dentro del complejo Faena de Puerto Madero. Según publicó La Nación, el inmueble fue escriturado el 6 de diciembre de 2018 por US$225.906, es decir, menos de US$710 por metro cuadrado, valor considerado llamativamente bajo para esa zona. La sociedad vendedora, Acontec SRL, lo había adquirido en 2015 por cifras muy superiores, dependiendo de la cotización utilizada.
La causa ahora busca reconstruir el mapa completo: propiedades, sociedades, cuentas bancarias, transferencias, pagos de impuestos, movimientos migratorios y eventuales testaferros. Martínez de Giorgi pidió datos al Bank of America, PNC y Wells Fargo, además de información al Banco Central, al Colegio de Escribanos y a la propia ARCA, el organismo que conduce el investigado.
El costado más sensible, sin embargo, aparece en los vínculos históricos de Vázquez con el sinuosamente controvertido ex agente de la SIDE Antonio Horacio “Jaime” Stiuso, echado del organismo. Distintos antecedentes periodísticos ubicaron a Vázquez como un hombre cercano a Stiuso dentro del mundo de la inteligencia económica, la aduana y los circuitos de información tributaria. El País señaló que Vázquez había superado controversias previas gracias a sus contactos en servicios de inteligencia, mientras publicaciones locales lo describieron como “ladero” o “hombre” del ex jefe de Contrainteligencia.
Ese vínculo vuelve a ser relevante porque Stiuso también fue investigado por su patrimonio y por bienes en el exterior. En 2015, el ex espía tenía depósitos en Miami por US$350.000, además de otros fondos en bancos argentinos, empresas y propiedades. En paralelo, la Cámara de Diputados llegó a tramitar pedidos de informes para identificar vehículos, sociedades, cuentas e inmuebles vinculados a Stiuso y a empresas relacionadas con su entorno.
La cercanía geográfica entre propiedades atribuidas al entorno de Stiuso en Miami y los bienes investigados de Vázquez es una línea que, según fuentes consultadas por TNA, debería ser incorporada al análisis patrimonial y societario. Hasta ahora, la documentación pública permite afirmar que ambos aparecen vinculados por antecedentes en inteligencia económica y por investigaciones patrimoniales con ramificaciones en Florida; la eventual proximidad exacta entre inmuebles deberá ser corroborada con registros inmobiliarios norteamericanos y la respuesta de los exhortos judiciales.
El caso golpea al Gobierno en un área estratégica. ARCA no es un organismo administrativo menor: concentra información fiscal, aduanera y patrimonial de empresas, contribuyentes y funcionarios. Que su jefe sea investigado por presunto ocultamiento de bienes en el exterior coloca al sistema recaudador frente a una paradoja explosiva: el encargado de detectar evasores podría tener que explicar su propio patrimonio ante la Justicia.
Por ahora, la causa depende de la cooperación estadounidense. Pero el daño político ya está instalado: sociedades offshore, propiedades en Miami, un triplex subvaluado en Puerto Madero, familiares en la estructura societaria y una vieja sombra de los servicios de inteligencia que vuelve a cruzarse con la caja fiscal del Estado argentino.
