Por José Luís Milia
A muchos les preocupa qué hay detrás de la persecución política- con la bendición silenciosa del poder judicial— que desde 1983 se ejerce contra las Fuerzas Armadas. La verdad es que ya casi no queda nada por demostrar, el proceso empezó en 1983 con un juicio inconstitucional, siguió en los noventa con la amputación del proyecto Cóndor y terminó de coronarse con los espurios Tratados de Madrid, esa obra maestra de la claudicación diplomática que el Reino Unido todavía debe recordar con una sonrisa.
Lo que los argentinos no vimos- o no quisimos ver, porque la comodidad del autoengaño siempre seduce- es quién se benefició realmente con esta persecución.
Y no, no fue “la democracia”, ni “la verdad”, ni “la memoria”, ni “la justicia”.
Fue alguien mucho más pragmático.
Podemos atribuir parte del desastre a la revancha ideológica de quienes fueron derrotados por las armas y que, por resentimiento, siguen empujando a jueces para que persigan a militares, policías y civiles que combatieron al terrorismo. Pero esa explicación es solo arañar la superficie. El castigo a los combatientes fue la excusa perfecta para justificar el desguace de las Fuerzas Armadas. Y ese desguace, además de venganza, fue un negocio. Un negocio tan grande que nunca sabremos si sus autores cobraron comisión o si fueron estafados por alguien más astuto que ellos.
A partir de 2003, lo que antes eran agachadas, desinversión y tratados vergonzosos con el Reino Unido se transformó en un pacto explícito, un presidente desesperado por los fueros que la izquierda podía garantizarle- presidente que es hoy recordado como uno de los peores ladrones de la historia argentina- y un doble agente que, habiendo sido jefe de la inteligencia terrorista, vivió plácidamente durante el Proceso escribiendo discursos para jerarcas del mismo, sin que nadie le pateara la puerta a las dos de la mañana.
Ese pacto no solo aceleró el desguace de las Fuerzas Armadas, buscó destruir su prestigio moral, para que ningún argentino volviera a pensar en la defensa de la República, ni frente a un enemigo interno ni frente a una potencia extranjera.
¿Había venganza? Por supuesto.
Pero para los firmantes del pacto, la venganza era apenas el envoltorio. El regalo era el negocio.
Porque destruir a las Fuerzas Armadas argentinas le devolvía al Reino Unido una tranquilidad estratégica que no tenía desde 1833, la certeza de que jamás tendría que volver a improvisar una expedición militar para defender un territorio robado.
Los números son más sinceros que la política.
En 1985, el Reino Unido destinaba £ 644 millones a la defensa de las Malvinas, 3,6% de su presupuesto total de defensa. Veintitrés años después, en 2008, con el pacto del ladrón y el doble agente funcionando a toda máquina, el presupuesto británico para las islas cayó a £ 67,8 millones: apenas 10,5% de lo que gastaban en 1985 y un 0,17% del presupuesto total de defensa.
La Argentina hizo por la seguridad británica lo que ni Thatcher logró, convertir las Malvinas en un gasto menor, casi simbólico.
Y mientras tanto, acá nos vendieron un cuento moralista sobre “lesa humanidad”, “derechos humanos” y “memoria”, como si todo esto fuera un acto de justicia y no una operación quirúrgica para erosionar la capacidad de defensa del país.
Una operación que benefició a una potencia extranjera, fue ejecutada por la política, legitimada por el poder judicial y aplaudida por un pueblo adormecido, resentido y feliz de repetir consignas sin preguntarse a quién servían.
La estafa del presidente ladrón y el doble agente fue perfecta, dolorosamente perfecta.
JOSE LUIS MILIA
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