Buenos Aires – 3 julio 2026 – Total News Agency – TNA-. La causa por la presunta estafa de la criptomoneda $LIBRA, promocionada por el presidente Javier Milei en sus redes sociales antes de desplomarse en cuestión de minutos, sufrió un fuerte giro judicial. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi resolvió apartar a los querellantes del expediente y aceptó así un planteo de la defensa del lobbista Mauricio Novelli, uno de los nombres centrales del escándalo cripto que golpea al entorno presidencial.
La decisión deja fuera de la causa a cinco presuntos damnificados: Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo, quienes actuaban agrupados en dos querellas distintas. La consecuencia práctica es decisiva: ya no podrán pedir medidas de prueba, insistir con citaciones a indagatoria, apelar resoluciones ni impulsar de manera directa la investigación. Desde ahora, el expediente queda concentrado en la actuación del fiscal Eduardo Taiano, cuestionado por las demoras y por no haber llamado todavía a declarar a los principales involucrados pese al tiempo transcurrido desde el estallido del caso.
La resolución fortalece la estrategia defensiva de Novelli, quien había sostenido que en el caso $LIBRA no se configuraba la secuencia típica de una estafa penal: ardid, error, disposición patrimonial y perjuicio. Para su defensa, los querellantes no serían “particulares ofendidos” por un delito, sino inversores que ingresaron voluntariamente a un mercado de altísimo riesgo, especialmente tratándose de una memecoin, una criptomoneda de carácter especulativo, volátil y muchas veces asociada a dinámicas de burbuja.
Martínez de Giorgi tomó esa línea argumental y consideró que $LIBRA era una memecoin, con fuerte volatilidad propia del mercado cripto. Según el criterio del juez, las pérdidas invocadas por los inversores se vincularían más con los riesgos inherentes a ese ecosistema que con una maniobra delictiva demostrada. Con ese razonamiento, la decisión debilita la hipótesis de estafa que venían sosteniendo los damnificados y limita la participación de quienes reclamaban haber sido perjudicados por el lanzamiento y caída del token.
Otro argumento central del fallo fue la dificultad para acreditar titularidad y perjuicio. El juez sostuvo que, por la naturaleza anónima o seudónima de las operaciones en la red Solana, utilizada para crear $LIBRA, los querellantes no lograron probar de manera fehaciente que fueran los dueños de las billeteras virtuales invocadas ni el origen de los fondos utilizados. En ese punto, afirmó que las constancias aportadas eran “indiciarias”, pero no determinantes ni consistentes para establecer la titularidad de los activos.
La misma razón ya había sido utilizada para rechazar la incorporación de otros presuntos damnificados, entre ellos dos ciudadanos de Bielorrusia que habían intentado presentarse como víctimas mediante una de las querellas. Para el juzgado, la prueba documental y técnica no alcanzaba para convertirlos en parte acusadora dentro del expediente.
El impacto político de la medida es inevitable. El caso $LIBRA nació después de que Milei difundiera el token el 14 de febrero de 2025 desde sus redes sociales, hecho que provocó una suba abrupta del precio y un posterior derrumbe. El episodio dejó miles de inversores afectados, ganancias millonarias para quienes entraron y salieron a tiempo, y una investigación penal que desde entonces intenta determinar si hubo promoción engañosa, uso de información privilegiada, pagos ilegales o una estructura organizada alrededor del acceso al Presidente.
La figura de Mauricio Novelli aparece en el centro de ese entramado. Diversas investigaciones periodísticas lo describieron como trader, organizador de eventos cripto y lobbista con llegada al universo libertario. En marzo, El País informó sobre elementos hallados en su teléfono que lo vinculaban con acuerdos, contactos y presuntos pagos asociados al entorno presidencial y al lanzamiento de $LIBRA.
Uno de los datos más sensibles surgidos de la investigación fue la existencia de un documento recuperado del celular de Novelli que mencionaba un presunto acuerdo de US$5 millones vinculado al respaldo de Javier Milei al proyecto cripto. La validez jurídica y probatoria de ese documento todavía debe ser determinada, pero su aparición incrementó la presión sobre el expediente y alimentó los pedidos de indagatoria contra figuras del primer círculo presidencial.
Las querellas habían tenido un papel activo en esa línea. Una de ellas pidió en abril la declaración indagatoria de Milei, Karina Milei, Manuel Adorni y otros involucrados, al sostener que existían elementos suficientes para avanzar sobre una red de contactos, reuniones, contratos y posibles pagos alrededor del lanzamiento del token.
Con la decisión de Martínez de Giorgi, esa presión procesal se reduce. Ya no habrá querellas empujando medidas, reclamando citaciones ni apelando la inactividad. El expediente queda, en los hechos, bajo la velocidad que imprima Taiano, cuya actuación viene siendo cuestionada por sectores que advierten una investigación lenta frente a un caso de alto impacto institucional.
El fallo también se conoce en medio de un contexto judicial que genera suspicacias. Martínez de Giorgi quedó bajo observación política luego de que el Gobierno impulsara el pliego de su esposa, Ana María Cristina Juan, para ocupar un juzgado federal en Hurlingham. Chequeado informó que Juan fue propuesta para ese cargo y que cuenta con una extensa trayectoria en la justicia federal porteña.
Otros medios señalaron además que el pliego de Ana María Cristina Juan fue aprobado en el Senado, aunque faltaba la oficialización correspondiente en el Boletín Oficial. Esa circunstancia, por sí sola, no invalida ninguna resolución judicial, pero suma un elemento político sensible: el juez que acaba de adoptar una decisión favorable a la defensa de uno de los imputados más relevantes del caso investiga un expediente que incomoda al Presidente, mientras el Gobierno promovió a su esposa para un cargo judicial federal.
La defensa de Novelli celebrará la decisión como una señal de que el caso fue sobredimensionado y que las pérdidas obedecen a la lógica propia de inversiones especulativas en criptoactivos. Las querellas, en cambio, ya anticiparon que apelarán la medida, porque entienden que el apartamiento les impide ejercer derechos como víctimas y favorece una lectura restrictiva del caso.
La discusión de fondo sigue abierta. ¿Fue $LIBRA apenas una inversión de riesgo en una memecoin que se desplomó por dinámica de mercado? ¿O existió una maniobra coordinada que utilizó la palabra presidencial para inflar artificialmente el valor del token y permitir que un grupo reducido retirara ganancias antes del colapso? Esa es la pregunta que la Justicia aún no respondió.
El apartamiento de los querellantes no cierra la causa, pero cambia el equilibrio interno del expediente. Menos actores empujando la investigación significa menos presión sobre el fiscal, menos pedidos de prueba y menos control sobre eventuales demoras. En una causa que involucra al Presidente, a su entorno político y a operadores cripto con vínculos internacionales, ese dato no es menor.
Por ahora, Martínez de Giorgi debilitó el planteo de estafa y recortó la participación de los supuestos damnificados. La causa $LIBRA sigue viva, pero más silenciosa. Y en los tribunales federales, muchas veces, el silencio procesal puede ser tan importante como una absolución anticipada.
