Madrid – 9 julio 2026 – Total News Agency – TNA – El empresario Víctor de Aldama volvió a declarar este miércoles ante el juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, en la pieza separada y secreta que investiga presuntos pagos en metálico del PSOE entre 2017 y 2024, mientras la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, activó una ofensiva judicial para exigirle que se retracte por sus acusaciones sobre un supuesto sobre de PDVSA vinculado a la financiación irregular del socialismo español y de la Internacional Socialista.
La nueva comparecencia de Aldama reavivó uno de los capítulos más delicados del caso que salpica al entorno del ex ministro José Luis Ábalos, a su ex asesor Koldo García y, políticamente, a la conducción del PSOE. Según confirmaron medios españoles, el empresario declaró por segunda vez en el marco de la investigación reservada que examina si existieron pagos en efectivo no suficientemente justificados dentro del partido durante el período posterior al retorno de Pedro Sánchez al liderazgo socialista.
El procedimiento permanece bajo secreto de sumario, por lo que el contenido exacto de la declaración no fue difundido oficialmente. Sin embargo, la nueva citación se produjo después de que Aldama aportara en marzo un sobre con el logotipo de la petrolera venezolana PDVSA, que según su versión le habría sido entregado por Delcy Rodríguez. El empresario sostiene que ese material contendría referencias a cupos de crudo venezolano presuntamente vinculados a maniobras para financiar al PSOE y a la Internacional Socialista, extremo que Rodríguez niega de manera tajante.
La reacción de la dirigente chavista fue inmediata. Delcy Rodríguez contrató al despacho del ex juez Baltasar Garzón y promovió un acto de conciliación previo a una eventual querella por injurias contra Aldama. La audiencia fue fijada para el 16 de julio en Madrid. Si el empresario no se retracta, la ofensiva judicial podría transformarse en una demanda formal.
La jugada judicial de Rodríguez se produjo en la misma semana en que Aldama volvió a presentarse ante el juez Moreno. En el entorno del empresario dejaron trascender que no piensa rectificarse. Para la defensa de Delcy, en cambio, las acusaciones constituyen una imputación falsa y lesiva, especialmente por la gravedad de vincular a la actual jefa interina del régimen venezolano con una supuesta financiación irregular de un partido extranjero.
El punto central del expediente es el llamado “sobre de PDVSA”. De acuerdo con lo que publicó la prensa española, Aldama declaró que ese documento habría sido entregado en el contexto de gestiones relacionadas con hidrocarburos venezolanos. La Guardia Civil habría localizado una imagen del sobre a partir de comunicaciones intervenidas de un colaborador del empresario, y esa pista terminó incorporándose a la investigación judicial.
La causa también se conecta con el llamado Delcygate, el episodio ocurrido en enero de 2020 en el aeropuerto de Barajas, cuando Delcy Rodríguez, pese a tener prohibido el ingreso al territorio de la Unión Europea por las sanciones vigentes, mantuvo un encuentro con José Luis Ábalos. Aquel hecho derivó en años de explicaciones contradictorias del ex ministro y se convirtió en una de las primeras grietas políticas que luego rodearon al caso Koldo.
El expediente que lleva Moreno no investiga sólo el sobre venezolano. Según RTVE y Europa Press, la pieza secreta examina posibles delitos de blanqueo y financiación irregular relacionados con pagos en metálico del PSOE entre 2017 y 2024. La investigación se abrió a partir de dudas sobre la trazabilidad de gastos y reembolsos en efectivo vinculados al entorno de Ábalos y Koldo García.
El partido socialista entregó documentación y justificantes para explicar esos movimientos. En informes previos, el PSOE negó la existencia de una “caja B”, sostuvo que sus cuentas están registradas y auditadas, y afirmó que colaborará con la Justicia. También aportó listados de pagos y documentación complementaria para responder a los descuadres advertidos por la UCO en relación con gastos de Ábalos y su equipo.
Aldama, sin embargo, mantiene una versión mucho más grave. En declaraciones anteriores aseguró que existían pagos en efectivo, comisiones de constructoras y supuestos canales opacos de financiación. La Fiscalía Anticorrupción pidió en mayo incorporar sus declaraciones y las de Koldo García a dos líneas de investigación: una sobre presunto amaño de contratos de obra pública y otra sobre pagos al PSOE bajo secreto de sumario.
La figura de Aldama es compleja. No se trata de un testigo ajeno a las causas, sino de un empresario condenado en el caso de las mascarillas y también investigado en la trama de hidrocarburos conocida como Villafuel. Infobae recordó que la Audiencia Nacional lo investiga por presunto blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias y delito fiscal en una trama que habría defraudado más de 182 millones de euros en IVA.
Ese perfil es utilizado por el PSOE para intentar desacreditar sus acusaciones. Ferraz sostiene que Aldama busca beneficios procesales y que sus señalamientos deben ser tratados con máxima cautela. Pero el hecho de que sus dichos hayan sido incorporados a varias causas, que haya declarado ante distintos jueces y que parte de la documentación esté en manos de la Audiencia Nacional mantiene la presión sobre el Gobierno de Sánchez.
El nombre de José Luis Rodríguez Zapatero aparece en las versiones más sensibles del caso. El texto aportado por las fuentes periodísticas consultadas por TNA sostiene que Aldama habría apuntado al ex presidente español como interlocutor en gestiones vinculadas a crudo venezolano y a eventuales pagos canalizados desde el entorno chavista. Hasta ahora, esas afirmaciones forman parte de una línea de investigación bajo secreto y no han sido probadas por sentencia judicial.
En la política española, el caso volvió a instalar una pregunta incómoda: si las relaciones entre sectores del socialismo, intermediarios empresariales y el chavismo venezolano se limitaron a contactos diplomáticos y comerciales, o si existió una trama de financiación opaca con conexiones transnacionales. La eventual querella de Delcy Rodríguez puede abrir otro frente procesal, pero no elimina la investigación principal que sigue en manos del juez Moreno.
El movimiento de la dirigente venezolana también tiene lectura política. Al recurrir a Garzón y exigir una rectificación pública, Delcy intenta frenar la circulación de una acusación que la compromete personalmente y que conecta a PDVSA, al petróleo venezolano y al socialismo español en un mismo expediente. Pero si Aldama sostiene su versión ante la Justicia, la querella podría terminar amplificando el caso.
Por ahora, el dato más relevante es que la declaración se produjo, que la pieza continúa bajo secreto y que la Audiencia Nacional sigue recibiendo material para contrastar. Cualquier afirmación sobre la existencia de una “caja B” del PSOE o sobre la participación de Delcy Rodríguez y Zapatero debe ser considerada, jurídicamente, una hipótesis bajo investigación. Políticamente, sin embargo, el impacto ya es profundo: el escándalo golpea a Ferraz, erosiona al Gobierno de Sánchez y vuelve a colocar a Venezuela en el centro de una causa sensible para España.
El frente judicial se moverá ahora en dos direcciones. Por un lado, Moreno deberá seguir analizando los pagos en metálico del PSOE y la documentación aportada por Aldama, el partido y las fuerzas de seguridad. Por otro, el acto de conciliación del 16 de julio definirá si Delcy Rodríguez avanza con la querella por injurias. En ambos casos, el empresario se mantiene como pieza clave de un expediente que amenaza con crecer y que ya incomoda a Moncloa.
