Lima – 9 julio 2026 – Total News Agency – TNA – La Asociación de Consumidores del Gas (ACG) volvió a poner bajo presión a Transportadora de Gas del Perú (TgP) por la seguridad, disponibilidad y tarifa del sistema de transporte de gas natural de Camisea, al denunciar que el concesionario habría cobrado durante años entre 2,5 y 3 veces más de lo que correspondería bajo un esquema regulatorio estándar, sin que ese excedente se haya traducido en la redundancia e infraestructura necesarias para garantizar la continuidad del servicio.
El reclamo apunta directamente al próximo gobierno peruano, encabezado por Keiko Fujimori, que deberá definir una política sobre la concesión, la seguridad energética y eventuales nuevas inversiones. La ACG exigió que el Estado haga cumplir el contrato de TgP y obligue a la empresa a demostrar que el sistema puede sostener una disponibilidad mínima anual del 99%, tal como establecen las obligaciones del servicio. La organización advirtió que, después de la emergencia registrada en marzo, esa garantía sigue sin estar resuelta.
El presidente de la ACG, Roberto Santiváñez, sostuvo que el problema no es sólo tarifario, sino estructural. Según su planteo, el ducto de TgP fue financiado parcialmente por los propios peruanos mediante cargos incluidos en las tarifas eléctricas, que funcionaron como subsidio al transportista y habrían sumado cerca de 400 millones de dólares. Pese a ello, el sistema no fue construido con la redundancia suficiente para enfrentar fallas críticas, lo que quedó expuesto durante la crisis energética de marzo.
La redundancia en infraestructura energética implica contar con rutas, equipos o sistemas alternativos para mantener el suministro ante accidentes, fallas técnicas, deslizamientos, roturas o interrupciones operativas. Para la ACG, el sistema de Camisea no tiene ese respaldo. Por eso, cuando el ducto sufrió una emergencia, el impacto se trasladó de inmediato a industrias, centrales termoeléctricas, estaciones de gas natural vehicular y usuarios finales.
Reuters informó en abril que la rotura de marzo en el ducto operado por TgP provocó la peor crisis energética peruana en dos décadas, obligó a reducir en casi 90% las entregas de gas y llevó al Gobierno a declarar una emergencia de 14 días. El mismo reporte señaló que el ducto transporta alrededor del 95% del gas natural del país y que reguladores peruanos habían advertido durante años sobre riesgos geológicos, erosión, deslizamientos y fallas de construcción.
El antecedente agrava la posición del concesionario. Reuters revisó más de 75 informes de OEFA y Osinergmin desde 2005, en los que se identificaron al menos 13 fallas documentadas y advertencias repetidas sobre la necesidad de monitoreo, refuerzos y reparaciones oportunas en una traza expuesta a condiciones geográficas inestables. El reporte también recordó que el sistema sufrió cinco roturas en sus primeros tres años de operación, lo que ya había motivado una investigación legislativa en 2006.
La ACG sostiene que Osinergmin ya detectó incumplimientos contractuales de TgP, tanto en suministro como en disponibilidad, y que la Contraloría General de la República también observó que no se garantizó la capacidad mínima del sistema. El gremio cuestiona que, pese a esos antecedentes, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) no haya adoptado medidas correctivas más firmes ni exigido inversiones suficientes para asegurar la continuidad del servicio.
El punto más sensible es la tarifa. Según Santiváñez, el contrato original de TgP fijó una tarifa inicial promocional para viabilizar el desarrollo del sistema. Luego, una adenda firmada en 2010 estabilizó esa tarifa y la indexó a la inflación de Estados Unidos. El problema, de acuerdo con la ACG, es que esa tarifa quedó congelada como si la demanda siguiera en niveles iniciales, cuando en realidad el consumo se multiplicó con el crecimiento del mercado de gas natural.
En una concesión de transporte de gas, el principio económico habitual indica que, a mayor demanda, el costo unitario del servicio debería bajar porque la infraestructura reparte sus costos entre más usuarios. Pero, según la ACG, en el caso de TgP ocurrió lo contrario: la tarifa se mantuvo elevada y el concesionario capturó ingresos crecientes sin que existiera una revisión proporcional por costo medio de servicio.
La tarifa actual rondaría entre 1,50 y 1,70 dólares por millón de pies cúbicos transportados. Santiváñez afirma que, bajo un esquema estándar de regulación por costo medio, el valor podría ubicarse cerca de 0,60 dólares por millón de pies cúbicos. Esa diferencia, sostiene la ACG, equivale a que los consumidores estén pagando hasta tres veces más por el transporte del gas.
La denuncia es políticamente explosiva porque la ACG asegura que el diferencial acumulado habría alcanzado para construir el ducto completo “al menos dos veces”. En otras palabras: los usuarios habrían pagado durante años una tarifa suficiente para financiar infraestructura adicional, redundancia, mantenimiento mayor y mejoras de seguridad, pero el país sigue dependiendo de una sola columna vertebral energética vulnerable.
El impacto de la emergencia de marzo fue inmediato. La interrupción afectó a centrales termoeléctricas a gas y a industrias con contratos de largo plazo, y generó tensión en el abastecimiento eléctrico y de combustibles. En marzo, El Comercio de Perú informó que termoeléctricas e industrias afectadas evaluaban demandar a TgP por daños y perjuicios, al sostener que sus contratos no estaban alcanzados por fuerza mayor.
Osinergmin también rechazó en marzo un pedido de prórroga de TgP vinculado al evento del ducto de Camisea, al considerar que el concesionario no acreditó los extremos necesarios para extender plazos en torno a su reporte sobre fuerza mayor. Para la ACG, ese dato refuerza la necesidad de revisar si la empresa cumplió con sus obligaciones de prevención, monitoreo, mantenimiento y disponibilidad.
El debate se vuelve más relevante porque TgP propuso al Estado peruano la construcción de un nuevo ducto hacia el sur del país por aproximadamente 2.000 millones de dólares, condicionado a una adenda que extendería la concesión por 10 años adicionales. Para la ACG, cualquier ampliación contractual debe estar precedida por una auditoría rigurosa sobre tarifas, inversiones, seguridad, disponibilidad real y cumplimiento de las obligaciones vigentes.
La discusión también se cruzará con la renovación de contratos vinculados al gas de Camisea, entre ellos los asociados a la exportación a cargo de PERU LNG, cuyo vencimiento hacia 2031 será uno de los grandes temas energéticos del próximo gobierno. La pregunta de fondo es si Perú seguirá administrando su principal recurso gasífero con una arquitectura contractual diseñada para otra escala de demanda o si revisará el modelo para proteger a consumidores, industrias y seguridad energética.
TgP, integrada por accionistas internacionales como EIG Global Energy, Enagás y Sonatrach, ha sostenido en distintas comunicaciones que investiga los incidentes y que el evento de marzo se produjo durante trabajos preventivos. Reuters reportó que la empresa afirmó que, con la información objetiva disponible, el problema se originó en una fuga asociada a un componente de una válvula, y que antes de esos trabajos no había indicios de anomalías en los ductos o instalaciones adyacentes.
Pero los antecedentes regulatorios complican esa defensa. Un informe de Osinergmin de 2020 ya había documentado una fuga grave en la misma estación de válvulas, que obligó a instalar un bypass temporal y reemplazar el componente afectado. Para los críticos, ese dato muestra que no se trataba de una zona desconocida ni de un riesgo imprevisible.
El reclamo de Santiváñez no desconoce la vigencia de los contratos. La ACG sostiene que los contratos deben respetarse, pero también exige que el dinero pagado por usuarios e industrias se traduzca en un servicio confiable, seguro y con disponibilidad comprobable. “Las multas ya no son tan importantes”, advirtió el dirigente, al señalar que el país necesita garantías operativas antes que sanciones administrativas posteriores a cada emergencia.
La próxima administración peruana recibirá así un conflicto de alta sensibilidad económica y política. El gas de Camisea sostiene buena parte de la matriz energética, alimenta centrales eléctricas, industrias, hogares y transporte. Si el sistema falla, no se afecta sólo una empresa: se paraliza parte de la economía nacional.
El caso TgP dejó de ser una discusión técnica de tarifas. Es una discusión sobre monopolios naturales, regulación, seguridad energética, uso de subsidios pagados por los consumidores y responsabilidad del Estado frente a una infraestructura crítica. La ACG pide que el nuevo gobierno abra esa caja negra. Y la emergencia de marzo dejó una advertencia clara: Perú no puede depender de un sistema que cobra como si fuera robusto, pero falla como si siguiera siendo provisorio.
