Buenos Aires – 10 de julio de 2026 – Total News Agency – TNA-. Los cinco inversores que se presentaron como damnificados en la causa por el lanzamiento y derrumbe de la criptomoneda $LIBRA apelaron la decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi de excluirlos del expediente y depositaron sus expectativas en la Sala I de la Cámara Federal porteña, que deberá resolver si pueden continuar impulsando la investigación como querellantes.
La controversia es seguida con especial atención por el Gobierno debido a que la causa incluye entre sus imputados al presidente Javier Milei, quien promocionó el activo digital desde su cuenta de la red social X el 14 de febrero de 2025, pocas horas antes de que su cotización se desplomara.
La última presentación fue realizada por cuatro inversores representados por el dirigente social y diputado Juan Grabois, junto con un equipo de abogados integrado por Camila Palacín Roitbarg, Nicolás Rechanik y Yamil Castro Bianchi.
Días antes había apelado Martín Romeo, el quinto inversor apartado, patrocinado por el abogado Nicolás Ozsust. Con esos recursos, la totalidad de las acusaciones particulares reclamó que la Cámara revoque la resolución dictada el 3 de julio.
Los recurrentes sostienen que Martínez de Giorgi avanzó prematuramente sobre el fondo de la causa, desconoció pruebas relevantes y presentó lo ocurrido como una inversión especulativa fallida, propia de la volatilidad de una “memecoin”, cuando todavía se investiga si existió una maniobra coordinada para inducir a miles de personas a comprar el activo y beneficiar a quienes controlaban inicialmente los tokens.
La decisión cuestionada fue adoptada a pedido de Mauricio Novelli, uno de los principales investigados y señalado como intermediario entre Milei y el empresario estadounidense Hayden Mark Davis, creador y promotor del proyecto $LIBRA. La defensa de Novelli argumentó que los inversores no habían demostrado haber sido víctimas directas de una estafa y que las pérdidas podían atribuirse al riesgo habitual del mercado de criptoactivos.
Acusan al juez de prejuzgar
En sus apelaciones, los querellantes cuestionaron que Martínez de Giorgi afirmara que los hechos investigados no podían ser considerados, al menos por ahora, como una estafa.
Para los damnificados, esa conclusión supone un prejuzgamiento porque la causa se encuentra en etapa de instrucción, todavía no fueron convocados los principales sospechosos a declaración indagatoria y continúan pendientes medidas destinadas a reconstruir el recorrido del dinero y las comunicaciones previas al lanzamiento.
El recurso presentado por el grupo representado por Grabois afirma que la resolución “desconoce la entidad de la maniobra defraudatoria efectivamente acreditada” y minimiza elementos que, según los apelantes, permitirían distinguir el caso de una mera caída ordinaria de cotización.
Entre las pruebas invocadas mencionaron peritajes oficiales, extracciones forenses realizadas sobre teléfonos y otros dispositivos secuestrados, informes de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), análisis de la Dirección General de Cibercrimen de la Policía Federal y testimonios brindados ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados.
Los abogados sostuvieron que ese material describe una operación “planificada y ejecutada con coordinación” y que la exclusión de las víctimas reduce los controles sobre una investigación que ya atravesó sucesivos cambios de jueces, fiscales y salas de revisión.
Martínez de Giorgi también cuestionó que los inversores hubieran acreditado suficientemente la titularidad de las billeteras virtuales desde las que compraron $LIBRA y el origen de los fondos utilizados. Las querellas respondieron que exigir ese nivel de prueba en esta etapa constituye una interpretación restrictiva y anticipada de los requisitos para ser reconocido como damnificado.
El rol que perdieron las querellas
La exclusión tiene efectos concretos sobre el avance del expediente.
Mientras la decisión permanezca vigente, los inversores no pueden solicitar medidas de prueba, acceder con plenitud a las actuaciones, pedir indagatorias, recurrir resoluciones o intervenir activamente en el control de la investigación.
El único acusador que conserva esas facultades es el fiscal federal Eduardo Taiano, representante del Ministerio Público Fiscal.
Las querellas habían tenido hasta ahora una participación relevante. Promovieron medidas sobre las billeteras digitales, reclamaron la preservación de activos y consiguieron sostener embargos preventivos sobre bienes vinculados con Davis, Novelli y otros investigados.
También fueron críticas de la velocidad con la que avanzaba el expediente y cuestionaron que, pese al volumen de información reunida, todavía no hubiera indagatorias.
La resolución de Martínez de Giorgi hizo lugar a una excepción de falta de acción presentada por Novelli. El magistrado consideró que las pérdidas declaradas por los inversores no bastaban, por sí solas, para demostrar el perjuicio directo requerido por el Código Procesal Penal.
En el mismo fallo, indicó que la volatilidad propia de una memecoin obliga a diferenciar entre el resultado de una maniobra engañosa y el riesgo asumido voluntariamente por quienes ingresan a mercados especulativos.
Los apelantes replicaron que precisamente esa diferencia es uno de los objetos de la investigación y no puede ser resuelta antes de completar las pericias y reconstruir la conducta de todos los involucrados.
Los mensajes aportados por Nancy Pazos
La presentación del grupo patrocinado por Grabois también hizo referencia a conversaciones aportadas al expediente por la periodista Nancy Pazos.
Según la interpretación de los querellantes, en esos intercambios se habría advertido a Milei sobre el riesgo de que $LIBRA constituyera una maniobra fraudulenta. El Presidente habría respondido que se trataba de una herramienta destinada a financiar pequeñas y medianas empresas argentinas.
Los apelantes destacan que ese supuesto objetivo nunca se concretó y sostienen que la conversación debe ser analizada junto con los contactos previos entre Milei, Novelli, Davis y otros promotores del activo.
La causa intenta determinar qué información tenía el Presidente cuando publicó el mensaje de promoción, quién redactó o coordinó el contenido, si existieron comunicaciones inmediatamente anteriores y posteriores y quiénes obtuvieron beneficios mediante la compra o venta anticipada de tokens.
Los investigadores también analizaron los movimientos de Novelli y de integrantes de su familia en cajas de seguridad bancarias antes y después del lanzamiento. Además, informes incorporados al expediente señalaron transferencias de activos digitales de Davis hacia Novelli y su socio Manuel Terrones Godoy.
Una Cámara clave y en proceso de renovación
La apelación será examinada por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, actualmente integrada por Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
El tribunal deberá decidir si confirma el apartamiento o reconoce nuevamente a los cinco inversores como querellantes. La resolución será determinante para establecer si la investigación continuará exclusivamente bajo el impulso del fiscal Taiano o si recuperará la participación de los acusadores privados.
La situación institucional de la Sala agrega un componente político y judicial adicional. Los cargos ocupados por Bruglia y Bertuzzi se encuentran en proceso de cobertura definitiva, luego de que la Corte Suprema estableciera que los traslados dispuestos durante el gobierno de Mauricio Macri no podían transformarse automáticamente en nombramientos permanentes.
El Consejo de la Magistratura aprobó en junio dos ternas para cubrir esas vocalías. La primera quedó integrada por Fernando Poviña, Agustina Rodríguez y Pablo Yadarola. La segunda está compuesta por Julio César Di Giorgio, Cecilia Incardona y el propio Bertuzzi.
Corresponde ahora al Poder Ejecutivo seleccionar un candidato de cada terna y enviar los pliegos al Senado. Las versiones acerca de una eventual elección de Bertuzzi todavía no constituyen una decisión oficial.
Bruglia, por su parte, recurrió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para intentar frenar el proceso destinado a reemplazarlo y sostener su permanencia en el tribunal.
Una definición con impacto sobre toda la causa
La Cámara no deberá decidir todavía si existió una estafa ni resolver la responsabilidad de Milei, Novelli, Davis o los restantes imputados.
La cuestión inmediata es más acotada pero decisiva: determinar si los inversores acreditaron un perjuicio suficiente para intervenir como acusadores particulares.
Si la Sala I revoca a Martínez de Giorgi, las querellas podrán volver a proponer pruebas, acceder al expediente, reclamar indagatorias y apelar futuras decisiones.
Si confirma la exclusión, la acusación quedará concentrada en el fiscal Taiano y se debilitará uno de los sectores que más presión ejerció para profundizar la pesquisa.
El planteo también obliga a la Cámara a pronunciarse sobre el razonamiento central del juez: si puede descartarse anticipadamente una estafa por tratarse de una inversión en un activo altamente volátil o si la existencia de engaño debe ser investigada con independencia del riesgo propio del mercado.
La respuesta marcará el rumbo de un expediente que lleva más de un año, atravesó cuatro juzgados, dos fiscalías y distintas intervenciones de la Cámara, pero todavía no produjo declaraciones indagatorias.
Con todos los querellantes apelando, el futuro inmediato del caso $LIBRA quedó ahora en manos de uno de los tribunales más influyentes de Comodoro Py.
La demanda colectiva continúa abierta en Nueva York
El expediente principal es Hurlock v. Kelsier Ventures et al., número 1:25-cv-03891, y tramita ante la jueza federal Jennifer L. Rochon. Fue iniciado por los inversores Omar Hurlock y Anuj Mehta y busca representar a otros compradores perjudicados por distintos lanzamientos de memecoins.
Entre los demandados que continúan identificados en el expediente figuran:
- Hayden Mark Davis.
- Su hermano Gideon Davis.
- Su padre, Charles Thomas Davis.
- Kelsier Labs LLC, que opera como Kelsier Ventures.
- Benjamin Chow, exdirectivo de Meteora.
- La plataforma Meteora.
La demanda fue ampliada durante 2025. Los actores sostienen que $LIBRA no fue un episodio aislado, sino parte de una presunta estructura dedicada a lanzar tokens aprovechando figuras públicas, generar una fuerte demanda inicial y retirar rápidamente la liquidez. Incorporaron acusaciones de fraude, enriquecimiento injustificado, conspiración y violaciones de la ley federal RICO, utilizada contra organizaciones que desarrollan un patrón continuado de actividades ilícitas.
Que algunas denominaciones aparezcan como “terminated parties” en los registros no significa que toda la causa haya sido cerrada. En varios casos se trató de nombres duplicados o sustituidos por la identificación jurídica correcta de las empresas y personas demandadas. El expediente seguía activo y registraba presentaciones hasta marzo de 2026.
La Justicia liberó unos US$57 millones
El principal revés para los demandantes ocurrió en agosto de 2025. La jueza Rochon levantó una orden cautelar que mantenía congelados aproximadamente US$57,6 millones en USDC, vinculados con billeteras atribuidas a Davis y otros involucrados.
La magistrada consideró que los demandantes no habían demostrado un riesgo inmediato de que los activos fueran ocultados o disipados. También expresó dudas preliminares sobre la posibilidad de que algunas de las acusaciones prosperaran en los términos jurídicos planteados. Esa evaluación se produjo dentro de una discusión cautelar y no equivale a una absolución ni a una sentencia definitiva sobre el supuesto fraude.
La medida es importante porque los fondos ya no permanecen inmovilizados por aquella orden provisional. Sin embargo, el levantamiento del congelamiento no terminó con la demanda colectiva.
Los abogados de los inversores continuaron modificando y reforzando la presentación, mientras la defensa de Davis pidió que toda la acción fuera desestimada.
Davis busca cerrar la causa
La defensa de Hayden Davis sostiene que los compradores no identificaron una declaración falsa concreta atribuible a él y que tampoco demostraron de qué manera confiaron en esas manifestaciones antes de adquirir los tokens.
Además, argumentó que proyectos como $LIBRA, $MELANIA, $M3M3, $ENRON y $TRUST fueron iniciativas independientes y que no existió una empresa criminal común que permita aplicar la ley RICO.
Los demandantes, por el contrario, afirman que los lanzamientos habrían utilizado un mecanismo repetido: asociación con celebridades o figuras políticas, concentración de tokens en manos de personas con información privilegiada, aumento artificial del precio y retiro de liquidez.
La jueza todavía debe resolver planteos de desestimación que pueden definir si la demanda avanza hacia una etapa amplia de producción de pruebas o si algunas acusaciones quedan fuera del proceso. El registro público muestra que las partes seguían presentando argumentos en marzo de 2026, incluso sobre jurisprudencia reciente aplicable a demandas vinculadas con plataformas y activos digitales.
Los escritos incorporaron referencias incómodas para el Gobierno argentino
Aunque Javier Milei y Karina Milei no figuran como demandados en la acción estadounidense consultada, las presentaciones judiciales incorporaron referencias a ambos.
Los demandantes señalaron reuniones de Davis con el Presidente y funcionarios argentinos, así como mensajes en los que el empresario habría presumido de tener influencia sobre Milei. También incorporaron afirmaciones atribuidas a Davis sobre supuestos pagos a la hermana del mandatario. Esas expresiones forman parte de la teoría de los demandantes y no constituyen hechos judicialmente comprobados.
Karina Milei fue mencionada como anfitriona de una reunión en la Casa Rosada, pero la demanda estadounidense no la acusó formalmente de fraude.
La documentación producida en Nueva York podría ser relevante para la causa argentina porque incluye análisis de billeteras, comunicaciones, declaraciones de informantes y datos relacionados con transferencias internacionales. Para que ese material llegue formalmente a Comodoro Py, normalmente se requieren pedidos de cooperación judicial o mecanismos de asistencia entre ambos países.
No aparece una causa penal federal pública en Estados Unidos
La búsqueda en fuentes abiertas y sitios oficiales no arrojó, hasta ahora:
- Una acusación penal del Departamento de Justicia contra Davis por $LIBRA.
- Una detención ordenada por un tribunal estadounidense.
- Una demanda pública de la SEC específicamente vinculada con el token.
- Una acusación de la CFTC por manipulación del mercado de $LIBRA.
Esto no permite descartar averiguaciones reservadas. Las investigaciones penales y los procesos ante grandes jurados estadounidenses pueden permanecer secretos hasta que se formule una acusación. Pero, con la información pública disponible, el expediente de Nueva York es esencialmente una disputa civil promovida por inversores privados.
Tampoco consta públicamente que Interpol haya emitido una circular roja efectiva contra Davis. Hubo pedidos formulados desde la Argentina, pero una solicitud de abogados o fiscales no equivale a una orden internacional vigente.
Qué puede ocurrir ahora
La definición central será la decisión de la jueza Rochon sobre los pedidos de desestimación. Hay tres escenarios:
- Que cierre completamente la demanda por falta de fundamentos jurídicos o jurisdicción.
- Que elimine algunas acusaciones, como las basadas en RICO, pero permita continuar con reclamos por fraude o enriquecimiento injustificado.
- Que rechace los pedidos defensivos y habilite una etapa más profunda de descubrimiento de prueba.
Este último escenario podría obligar a los demandados a entregar más comunicaciones, datos corporativos, información de billeteras y registros de operaciones. También podría abrir la puerta a declaraciones bajo juramento de Davis y otros integrantes de Kelsier.
Conclusión: en Estados Unidos el caso $LIBRA no está cerrado, pero tampoco existe hasta ahora una imputación penal pública. La demanda colectiva superó la etapa cautelar, perdió el congelamiento de unos US$57 millones y se encuentra librando una batalla decisiva contra los pedidos de desestimación. Su mayor relevancia para la Argentina radica en la documentación sobre Davis, sus movimientos financieros y sus supuestas comunicaciones con el entorno presidencial.
