La Plata – 10 de julio de 2026 – Total News Agency – TNA-. El gobierno de Axel Kicillof avanzó con una licitación de más de $2.278 millones para contratar durante seis meses servicios de producción audiovisual, transmisión satelital, unidades móviles, drones y un estudio de emisión, en una decisión que vuelve a poner bajo discusión las prioridades del gasto público de la Provincia de Buenos Aires.
El procedimiento, impulsado por el Ministerio de Comunicación Pública bonaerense, conducido por Jésica Rey, contempla la contratación de una estructura destinada, entre otras funciones, a reactivar y sostener el canal oficial de streaming ViBra Bonaerense.
Según la documentación difundida sobre el proceso de compra N.º 401-0405-LPU26, el presupuesto oficial asciende a $2.278.171.592,43 por un contrato de seis meses, cuyo inicio está previsto para el 1.º de octubre de 2026. El acuerdo podría ser prorrogado por otro período similar, lo que eventualmente duplicaría su impacto financiero.
La cifra equivale a unos $379,6 millones mensuales y a aproximadamente $12,5 millones por cada día del contrato, aun cuando la plataforma digital que se pretende relanzar registra niveles de audiencia extremadamente reducidos.
La inversión generó fuertes críticas de legisladores de La Libertad Avanza, quienes presentaron pedidos de informes en ambas cámaras de la Legislatura bonaerense para que el Ejecutivo explique el destino de los recursos, los criterios de contratación y los mecanismos destinados a impedir que la infraestructura sea utilizada como una herramienta de propaganda política para promover la candidatura presidencial de Kicillof.
Un despliegue tecnológico multimillonario
El pliego no se limita al funcionamiento de un sencillo canal de internet.
Entre los servicios requeridos aparecen decenas de unidades móviles de seguimiento y producción, cámaras, controles centrales, transmisiones satelitales, enlaces mediante tecnología 4G, drones, grúas de filmación conocidas como Jimmy Jib y equipamiento profesional para grabación y emisión en vivo.
También se exige un estudio propio con dimensiones mínimas de 16 metros cuadrados y un sistema capaz de funcionar hasta siete días por semana, durante jornadas de hasta 12 horas de operación diaria.
La licitación prevé capacidad satelital en banda KU, disponibilidad permanente de enlaces y una estructura que excede ampliamente la producción básica de contenidos para redes sociales.
En el acto de apertura realizado el 25 de junio se habría presentado una única oferta: la empresa La Corte S.A., por aproximadamente $1.995,9 millones, una suma inferior al presupuesto oficial, pero igualmente considerable para una contratación de apenas medio año. La compañía cuenta con antecedentes en servicios audiovisuales para los gobiernos kirchneristas, Fútbol para Todos, Paka Paka, entre otras señales.
La existencia de un solo oferente también plantea interrogantes sobre el nivel de competencia del proceso y sobre si las exigencias técnicas del pliego pudieron reducir la cantidad de empresas en condiciones de presentarse.
Millones para un canal con pocos espectadores
ViBra Bonaerense comenzó sus emisiones en marzo de 2025 con programas dedicados a política, cultura, deportes, comunidad y diversidad. Sin embargo, dejó de publicar contenidos regulares menos de un año después y sus resultados de audiencia estuvieron lejos de justificar una estructura de gran magnitud.
El canal reúne alrededor de 8.700 suscriptores en YouTube, mientras varios de sus últimos contenidos no superaron las 300 reproducciones. Algunas emisiones ni siquiera alcanzaron las 50 visualizaciones.
El contraste es difícil de ignorar: una inversión potencial de más de $2.200 millones para reflotar un espacio digital cuya audiencia, en muchos casos, podría caber dentro de un aula escolar.
La pregunta no es si el Estado provincial tiene derecho a informar sobre sus políticas. La comunicación institucional es una función legítima de cualquier administración. El punto es si resulta razonable montar una estructura audiovisual de esta dimensión cuando existen alternativas digitales mucho menos costosas y cuando la Provincia enfrenta graves problemas en áreas esenciales.
Una Provincia con otras urgencias
La controversia ocurre en medio de reclamos por la situación de la seguridad, las demoras y restricciones prestacionales del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), el deterioro de edificios escolares, los conflictos salariales y las dificultades financieras de numerosos municipios.
Mientras el Ejecutivo provincial denuncia permanentemente la falta de recursos y reclama fondos al gobierno nacional, el propio Kicillof autoriza una contratación multimillonaria para fortalecer su aparato comunicacional.
Ese contraste alimenta las sospechas de la oposición sobre el verdadero objetivo del proyecto. Los legisladores libertarios consideran que el canal podría convertirse en una plataforma para difundir la gestión y posicionar al gobernador de cara a las elecciones presidenciales de 2027.
El presidente del bloque de diputados bonaerenses de La Libertad Avanza, Juan Osaba, calificó la iniciativa como un “delirio insostenible” y acusó al gobernador de utilizar el dinero de los contribuyentes para financiar una “trinchera ideológica”.
Su par del Senado bonaerense, Carlos Curestis, sostuvo que no está en discusión la necesidad de comunicar actos oficiales, pero cuestionó que una administración con deficiencias en áreas básicas destine más de $2.000 millones a montar una estructura propia de producción audiovisual.
El titular de La Libertad Avanza en territorio bonaerense, Sebastián Pareja, también apuntó contra el gasto y afirmó que Kicillof pretende construir “un canal de propaganda propio” en momentos en que las escuelas, la policía y el sistema sanitario provincial atraviesan serias dificultades.
Los pedidos de informes
Los bloques opositores solicitaron conocer qué medios recibirán la señal producida, qué cantidad de contenidos se prevé realizar, quién definirá las pautas editoriales y qué controles existirán para separar la comunicación institucional de la propaganda partidaria.
También reclamaron precisiones sobre la relación entre el nuevo contrato y ViBra Bonaerense, el costo individual de cada servicio y las razones por las cuales se eligió una estructura tan amplia.
Otro de los interrogantes se refiere a la posibilidad de prorrogar la contratación. Si el convenio se extendiera por otros seis meses en condiciones similares, el gasto podría superar los $4.000 millones, sin contar eventuales actualizaciones de precios.
Hasta el momento, el gobierno provincial no difundió una explicación pública detallada capaz de justificar por qué necesita decenas de unidades móviles, drones, grúas, transmisión satelital y un estudio de operación continua para comunicar políticas públicas que podrían difundirse mediante los canales institucionales ya existentes.
Comunicación o plataforma electoral
La discusión se vuelve más sensible por el contexto político.
Kicillof busca consolidarse como una figura nacional y posible candidato presidencial del peronismo en 2027. Para ello creó el Movimiento Derecho al Futuro, fortaleció su presencia fuera de la Provincia y comenzó a diferenciarse tanto del gobierno de Javier Milei como de la conducción de La Cámpora.
Una poderosa estructura audiovisual financiada con fondos públicos podría ofrecerle una herramienta directa para instalar su discurso, difundir actos y construir una narrativa propia sin depender de medios privados.
Ese escenario no demuestra por sí solo que exista una irregularidad, pero obliga a elevar los estándares de transparencia. La comunicación gubernamental no puede confundirse con la promoción personal de un mandatario ni utilizarse para sostener sus aspiraciones electorales.
La Provincia debería publicar el expediente completo, detallar el costo de cada prestación, explicar por qué recibió una sola oferta y garantizar controles independientes sobre los contenidos.
El problema central no es tecnológico. Es político y presupuestario.
En una administración que reclama recursos para pagar salarios, sostener hospitales, cubrir prestaciones médicas y combatir el delito, destinar más de $2.200 millones a reflotar un canal de streaming de escasa audiencia exhibe, como mínimo, una preocupante alteración de las prioridades.
Kicillof insiste en presentarse como víctima del ajuste nacional. Sin embargo, esta licitación demuestra que, cuando se trata de financiar su aparato de comunicación, los recursos aparecen.
