Por Daniel Romero
Washington – 11 de julio de 2026 – Total News Agency – TNA-. La explicación transmitida reservadamente por Irán a Estados Unidos, según la cual los ataques contra petroleros en el estrecho de Ormuz fueron ejecutados por un sector “disidente” o fuera de control dentro del propio sistema iraní, abrió un interrogante mucho más grave que el incidente marítimo: si el régimen no puede garantizar la obediencia de sus estructuras militares, tampoco puede ofrecer seguridad sobre el eventual control de un arsenal misilístico y mucho menos nuclear.
Altos funcionarios estadounidenses revelaron durante una conferencia telefónica reservada con periodistas que los interlocutores iraníes atribuyeron las agresiones contra buques de Qatar y Arabia Saudita a “una parte errante de su sistema”.
La expresión fue interpretada en Washington como una referencia a integrantes de sectores radicales que habrían actuado sin el consentimiento de todo el Gobierno y con el propósito de sabotear las negociaciones y el frágil entendimiento alcanzado con la administración del presidente Donald Trump.
La versión todavía no fue reconocida públicamente por Teherán, que tampoco identificó a los presuntos responsables, explicó a qué fuerza pertenecen ni anunció detenciones, sanciones o medidas destinadas a impedir nuevos ataques.
Si la explicación iraní fuera verdadera, el problema sería extraordinariamente grave: significaría que una facción del aparato militar o de seguridad puede atacar el tráfico comercial internacional, alterar el precio mundial de la energía, provocar bombardeos estadounidenses y arrastrar a toda la región hacia una guerra sin contar con una autorización política central claramente establecida.
Si, por el contrario, se tratara de una excusa elaborada para evitar las consecuencias de una operación ordenada desde el poder, el resultado sería igualmente negativo: demostraría que Irán intenta eludir la responsabilidad estatal por las acciones de sus propias fuerzas.
En ambos escenarios, la credibilidad de Teherán como interlocutor para un acuerdo de paz queda seriamente dañada.
Una guerra interna dentro del régimen
Funcionarios estadounidenses describieron una disputa en tiempo real entre sectores pragmáticos, interesados en preservar las conversaciones con Washington, y grupos duros dispuestos a hacer fracasar cualquier entendimiento.
La Associated Press calificó a los responsables como una facción rebelde vinculada con el ala radical del régimen. Según la reconstrucción estadounidense, dirigentes iraníes habrían admitido privadamente que el ataque contra los buques fue un error y que deseaban continuar negociando.
Pero un acuerdo internacional no puede sostenerse únicamente sobre la voluntad de funcionarios moderados si otras estructuras armadas conservan capacidad para operar por su cuenta.
La principal sospecha recae inevitablemente sobre sectores relacionados con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), que posee unidades navales, misiles, drones y fuerzas especiales, además de una amplia autonomía política, militar y económica dentro de Irán.
No existe hasta ahora una confirmación pública de que la Guardia Revolucionaria haya actuado por fuera de las órdenes del Gobierno en este episodio. Sin embargo, la propia descripción transmitida a Estados Unidos obliga a preguntarse quién controla realmente las decisiones militares iraníes.
El problema no es simplemente una diferencia de opiniones dentro de un gabinete. Los supuestos disidentes demostraron, según la versión iraní, capacidad para atacar objetivos internacionales en uno de los pasos marítimos más estratégicos del mundo.
Por el estrecho de Ormuz circula aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado globalmente. Los ataques redujeron el tránsito de buques, elevaron los costos de seguros y provocaron que embarcaciones modificaran sus rutas o regresaran a puerto.
La paz es imposible sin una cadena de mando confiable
Estados Unidos rechazó que la existencia de un sector disidente libere al Estado iraní de responsabilidad.
La posición de Washington es clara: Teherán debe controlar a todos los componentes de su aparato de seguridad y responderá por cualquier nueva agresión, independientemente de qué facción la ejecute.
La administración de Trump exigió una declaración pública en la que Irán garantice que los canales de Ormuz permanecerán abiertos, que no habrá nuevos disparos contra barcos y que el tránsito se realizará sin peajes o imposiciones unilaterales.
El problema es que ninguna declaración tendrá valor real mientras no exista una cadena de mando capaz de hacerla cumplir.
Un acuerdo de paz requiere que las partes puedan comprometer a todas sus fuerzas. Si un grupo iraní puede desconocer las decisiones del Gobierno y reiniciar las hostilidades, cualquier alto el fuego será apenas una pausa dependiente de la voluntad de sectores armados que no participaron de la negociación.
La contradicción se agravó cuando el representante iraní ante las Naciones Unidas, Amir Saeid Iravani, afirmó públicamente que el control, la apertura y el desminado del estrecho corresponden exclusivamente a Irán.
Mientras negociadores iraníes intentaban presentar los ataques como obra de un sector desobediente, otros representantes del régimen defendían el derecho de Teherán a controlar el paso marítimo.
No existe, por lo tanto, una posición pública coherente ni una autoridad claramente capaz de garantizar su cumplimiento.
La advertencia nuclear
La fragmentación interna introduce un argumento decisivo en la discusión sobre el programa nuclear iraní.
No existe evidencia pública de que los supuestos responsables de los ataques en Ormuz tengan actualmente acceso a armas nucleares, porque Irán no ha reconocido poseerlas. Tampoco puede afirmarse que una futura bomba quedaría automáticamente en manos de una facción disidente, pero si sería posible.
Pero la posibilidad de que sectores armados actúen por fuera de la conducción política constituye una señal de alarma imposible de ignorar.
Un Estado con armamento nuclear o misilístico estratégico necesita una cadena de mando extremadamente segura, mecanismos de autorización centralizados, controles técnicos, vigilancia permanente y garantías de que ninguna unidad puede utilizar un arma sin una orden legítima.
La versión proporcionada por Irán sugiere precisamente lo contrario: estructuras con capacidad militar estarían actuando sin control suficiente y tomando decisiones capaces de desatar una guerra regional.
La preocupación aumenta por la falta de transparencia sobre las reservas de uranio enriquecido y las restricciones al trabajo del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
En junio, la Junta de Gobernadores del organismo exigió a Irán que informara sobre sus existencias restantes de uranio enriquecido y permitiera a los inspectores verificar el material. El organismo ha advertido sobre dificultades para confirmar el estado de instalaciones y depósitos nucleares.
Estados Unidos exige ahora que Teherán entregue más de 900 libras de uranio altamente enriquecido como condición para avanzar en un acuerdo más amplio. Funcionarios estadounidenses advirtieron que sin la entrega y verificación de ese material no habrá entendimiento definitivo.
El proyecto nuclear ya no puede tratarse como una cuestión aislada
Durante años, el debate se concentró en determinar si Irán pretendía fabricar una bomba y cuánto tiempo necesitaría para hacerlo.
Los ataques de Ormuz agregan una dimensión diferente: aun cuando existiera un acuerdo formal, ¿quién garantizaría que todas las estructuras iraníes lo respeten?
La cuestión nuclear no puede separarse del comportamiento de la Guardia Revolucionaria, de las milicias aliadas, de las cadenas de mando superpuestas y de las facciones que compiten por el control del régimen.
Un país cuyos propios funcionarios admiten que una “parte errante” de su sistema puede atacar barcos internacionales no reúne las condiciones mínimas de confianza necesarias para manejar tecnología con alto potencial militar y desde luego nuclear.
La conclusión política es inevitable: no basta con congelar temporalmente el enriquecimiento ni con aceptar declaraciones generales de buena voluntad.
Cualquier acuerdo serio deberá incluir la eliminación verificable de las capacidades vinculadas con la fabricación de armas, la entrega o neutralización del uranio altamente enriquecido, inspecciones permanentes y garantías de que ninguna estructura paralela conservará acceso autónomo a material, instalaciones o medios de lanzamiento.
La supuesta rebelión detrás de los ataques en Ormuz demuestra que el peligro no reside solamente en las decisiones oficiales de Teherán, sino en la posible fragmentación del poder dentro del régimen.
Mientras Irán no identifique a los responsables, los desarme y demuestre que controla efectivamente toda su estructura militar, cualquier acuerdo de paz será frágil.
