Por RR
Buenos Aires – 11 de julio de 2026 – Total News Agency – TNA-. La crisis de Flybondi alcanzó un punto extremo: la compañía controlada por el empresario Leonardo Scatturice lleva desde el 2 de julio sin realizar vuelos comerciales regulares, pero mantiene habilitada la venta de pasajes como si su operación funcionara con normalidad, sin advertir claramente a los compradores sobre la paralización que afecta a su flota.
La situación abre un interrogante jurídico de enorme gravedad. Si una empresa conoce que no está en condiciones materiales de prestar el servicio ofrecido, pero continúa recibiendo dinero del público sin informar de manera suficiente ese impedimento, la conducta podría exceder un simple incumplimiento contractual y adquirir características compatibles con una captación engañosa de fondos.
La comercialización mientras los aviones permanecen en tierra justifica una investigación urgente de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la Secretaría de Transporte, la autoridad de defensa del consumidor y, eventualmente, el Ministerio Público Fiscal, pero hasta ahora solo hay silencio.
La aerolínea operó por última vez con pasajeros el 1° de julio, jornada en la que realizó apenas diez vuelos y canceló otros seis. De las operaciones concretadas, ocho sufrieron demoras. Desde el día siguiente, la totalidad de los servicios programados fue cancelada, según registros de seguimiento aeronáutico y reportes de pasajeros.
Pese a ello, la página de Flybondi continúa ofreciendo boletos y recibiendo pagos. Los usuarios afectados denunciaron que, en varios casos, la cancelación fue comunicada el mismo día del viaje, aun cuando el servicio ya no figuraba en la programación efectiva desde antes.
La consecuencia es especialmente perjudicial: familias que organizaron vacaciones, trabajadores que debían trasladarse y pasajeros con conexiones o reservas hoteleras quedan obligados a iniciar largos reclamos para recuperar el importe pagado, mientras deben comprar a último momento nuevos pasajes a precios considerablemente mayores.
El Gobierno permite recaudar sin prestar el servicio
La inacción del gobierno del presidente Javier Milei resulta difícil de justificar.
Ni la Secretaría de Transporte, ni la Subsecretaría de Transporte Aéreo, ni la ANAC habían anunciado hasta este sábado una medida capaz de impedir que la compañía continúe vendiendo viajes mientras no demuestra tener aeronaves y recursos disponibles para realizarlos.
El Estado dispone de facultades para intimar a la empresa, exigir un plan operativo verificable, labrar actas de infracción y adoptar medidas ante incumplimientos reiterados. De hecho, la ANAC sancionó e intimó anteriormente a Flybondi por cancelaciones y deficiencias en la prestación. En diciembre de 2024, el Gobierno le exigió presentar un plan correctivo, y en enero de 2026 informó que había labrado nuevas actas por incumplimientos.
La pregunta es por qué, frente a una paralización mucho más grave, la respuesta oficial parece reducirse al silencio.
La libertad de mercado no implica libertad para cobrar por servicios que una empresa no puede garantizar. Tampoco elimina la obligación estatal de proteger a consumidores que compran de buena fe un transporte sujeto a regulación pública.
Permitir que Flybondi continúe recaudando sin volar traslada todo el riesgo a los pasajeros: la empresa obtiene liquidez inmediata y el usuario queda convertido en acreedor de una compañía con serios problemas financieros.
Dos pedidos de quiebra y deudas acumuladas
La paralización se produce mientras Flybondi enfrenta al menos dos pedidos de quiebra.
La empresa de transporte terrestre Manuel Tienda León reclama una deuda cercana a los $122 millones por servicios de traslado de pasajeros que no habrían sido pagados.
A ese planteo se sumó el de Hotel Presidente S.A., que exige $660.721.114 por prestaciones de alojamiento vinculadas con la operación de la aerolínea.
También existen reclamos de exempleados que aceptaron retiros voluntarios y denuncian que la compañía no comenzó a cumplir los acuerdos firmados ante escribano.
El deterioro ya era visible antes de la suspensión total. Entre junio de 2025 y mayo de 2026, la empresa canceló más de 2.500 vuelos y perjudicó a más de 350.000 pasajeros, mientras su participación en el mercado doméstico cayó del 25 por ciento registrado en febrero a cerca del 6 por ciento en mayo.
La flota nominal estaba integrada por trece aeronaves, pero en las semanas previas a la crisis apenas dos permanecían operativas. La falta de pago de mantenimientos, alquileres y reparaciones habría dejado varios aviones fuera de servicio.
A ello se sumó la renuncia en junio de la directora ejecutiva Paz Lovisolo, quien permaneció apenas cuatro meses en el cargo. Otros ejecutivos también abandonaron la empresa sin que fueran reemplazados de manera estable.
De la “revolución de los aviones” al colapso
Flybondi nació en 2016, durante la presidencia de Mauricio Macri, como una de las principales apuestas de la denominada “revolución de los aviones”.
El proyecto fue impulsado inicialmente por el empresario argentino Gastón Parisier y el ejecutivo suizo Julian Cook, antiguo responsable de la aerolínea regional FlyBaboo. Contó con inversiones y asesoramiento de figuras vinculadas con compañías como Ryanair, Air Canada, British Airways y Wizz Air.
El nombre buscaba transmitir una idea sencilla: convertir el avión en un medio de transporte tan accesible como el “bondi”, expresión popular argentina para referirse al colectivo.
La empresa comenzó a operar el 26 de enero de 2018, con un vuelo entre Córdoba y Puerto Iguazú, a bordo de un Boeing 737-800 bautizado “Nelson”.
Su crecimiento estuvo asociado inicialmente al aeropuerto de El Palomar, desde donde desarrolló un modelo de tarifas bajas, cobro separado de equipaje y servicios adicionales.
Sin embargo, las cancelaciones, demoras y problemas de programación acompañaron a la compañía desde sus primeros años. La crisis posterior no surgió repentinamente, sino que fue el resultado de fallas operativas acumuladas, mantenimiento postergado, pérdida de confianza y deterioro financiero.
La llegada del exespía convertido en empresario
En junio de 2025, el fondo COC Global Enterprise, controlado por Leonardo Scatturice, adquirió la participación mayoritaria de Flybondi y desplazó como accionista principal a Cartesian Capital Group.
Scatturice es presentado públicamente como un empresario argentino radicado durante años en Estados Unidos, con negocios en tecnología, logística, aviación y consultoría. Diversas investigaciones periodísticas también lo vincularon con antiguos integrantes de los servicios de inteligencia argentinos y lo describieron como un exagente que posteriormente construyó una importante estructura empresarial en Miami.
Una de sus sociedades, Tactic Global LLC, fue contratada por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) para tareas de asesoramiento estratégico y enlace entre los gobiernos de Argentina y Estados Unidos, lo que reforzó las preguntas sobre su cercanía con el oficialismo libertario.
Tras tomar el control de la aerolínea, el grupo de Scatturice anunció una inversión de US$1.700 millones para incorporar 35 aviones de Airbus y Boeing y aumentar la flota en un 230 por ciento durante cuatro años.
La realidad operativa resultó exactamente opuesta: menos aeronaves disponibles, renuncias en la conducción, cancelaciones masivas, acreedores reclamando la quiebra y, finalmente, una empresa que lleva varios días sin transportar pasajeros.
¿Para qué compró Scatturice Flybondi?
La pregunta sobre las razones de la adquisición ya no puede evitarse.
¿Por qué un empresario con fuertes vínculos políticos y negocios en crecimiento decidió comprar una aerolínea cargada de deudas, aviones fuera de servicio y una cultura operacional severamente cuestionada?
Una posibilidad es que Scatturice haya apostado a reconstruir la compañía e integrarla con otros activos de transporte y logística. Su grupo compró posteriormente OCA y el conglomerado logístico Flecha, movimientos que sugieren un proyecto de servicios combinados de carga, correo y transporte. A muchos dentro del mundo de la aviación, les recuerda a otra aerolínea caída en desgracia, Southern Winds, que fuera propiedad de Juan Magio y se vio vinculada a vuelos provenientes de Tacna, Peru, vinculados al narcotráfico. Maggio opera hoy la aerolínea JOY Airline.
Pero el fracaso operativo obliga a considerar otras preguntas: qué evaluación financiera se realizó, cuánto capital efectivo fue inyectado, qué beneficios regulatorios esperaba obtener y qué respaldo político consideró que tendría.
Esos interrogantes cobran mayor fuerza ante la tolerancia oficial. Mientras pasajeros, empleados, hoteles, proveedores y empresas de traslado reclaman sus pagos, el Gobierno no impide que la compañía siga comercializando pasajes.
La eventual responsabilidad penal no puede anticiparse. Pero existe un riesgo evidente: que cada boleto vendido termine siendo no un contrato de transporte, sino un préstamo involuntario otorgado por el consumidor a una empresa insolvente.
La urgencia de suspender las ventas
La medida mínima debería ser inmediata: Flybondi debe acreditar públicamente qué aeronaves posee en condiciones de volar, qué servicios puede cumplir y desde qué fecha.
Hasta que lo haga, la autoridad aeronáutica debería evaluar la suspensión preventiva de la venta de pasajes para vuelos que no cuenten con respaldo operativo comprobable.
También debería exigirse que la empresa informe claramente en su página la situación real, ofrezca devoluciones automáticas y establezca un mecanismo rápido de reubicación o compensación para los afectados.
Seguir cobrando sin despegar, ocultando al comprador la magnitud de la crisis, podría configurar una práctica comercial engañosa. Y si se demostrara que la empresa vende con conocimiento previo de que no prestará el servicio, el caso podría adquirir una dimensión penal.
La pasividad oficial coloca al Gobierno en una situación delicada. No solo debe explicar por qué no protege a los pasajeros, sino también por qué una empresa controlada por un empresario cercano al poder recibe un margen de tolerancia que difícilmente tendría cualquier otra compañía.
Flybondi prometió democratizar los cielos. Hoy no vuela, acumula deudas, enfrenta pedidos de quiebra y sigue recibiendo dinero de argentinos que ignoran si alguna vez podrán utilizar los pasajes comprados.
Ampliaremso
