Buenos Aires – 12 de julio de 2026 – Total News Agency – TNA-. El gobierno de Javier Milei inició una nueva etapa política tras la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete, con una conducción más abierta a la negociación territorial, el regreso de las reuniones de gestión y una definición que pretende disciplinar a todas las áreas: la reelección presidencial en 2027 se convirtió en el objetivo principal de la administración libertaria.
La llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete produjo una modificación visible en el funcionamiento de la Casa Rosada. Después de varios meses de parálisis, enfrentamientos internos y una creciente sensación de asfixia entre ministros y secretarios, el Gobierno reactivó la mesa política, volvió a reunir al Gabinete y comenzó a ordenar su agenda económica y legislativa.
La Presidencia confirmó que Santilli participó como jefe de Gabinete de la reunión encabezada por Milei en la Casa Rosada, junto con los principales ministros y funcionarios nacionales. El exministro del Interior pasó así a concentrar la coordinación política y la articulación con las provincias, una tarea que ya desempeñaba antes de reemplazar a Adorni.
El cambio no significa que hayan desaparecido las internas. Pero dentro del Gobierno reconocen que existe ahora una prioridad capaz de ordenar las disputas entre Karina Milei, Santiago Caputo, los hermanos Martín y Eduardo “Lule” Menem, Patricia Bullrich, Luis Caputo y los distintos sectores de La Libertad Avanza.
Esa prioridad es garantizar que Milei llegue a las elecciones presidenciales con una economía estabilizada, financiamiento suficiente para afrontar los vencimientos de deuda y una red territorial capaz de evitar derrotas sucesivas en las provincias.
El fin del aislamiento
Durante buena parte de la gestión anterior, la relación con los gobernadores estuvo caracterizada por los insultos, las amenazas de recortar recursos y las negociaciones discontinuas.
La nueva estrategia supone reconocer una realidad que el discurso libertario intentó negar: el Gobierno no tiene mayorías propias en el Congreso, carece de figuras competitivas en varias provincias y necesita aliados para aprobar reformas, sostener la estabilidad institucional y construir una oferta electoral nacional.
Las imágenes de Santilli junto con gobernadores durante su asunción y la presencia de trece mandatarios provinciales en el acto del 9 de Julio en Tucumán fueron utilizadas por el oficialismo para mostrar un cambio de etapa.
La aproximación, sin embargo, no constituye un acuerdo formal. Se trata de una negociación basada en necesidades recíprocas y fuertes desconfianzas.
El Gobierno necesita votos legislativos y estructuras provinciales. Los gobernadores necesitan recursos, obras, asistencia financiera y garantías de que La Libertad Avanza no intentará desplazarlos mediante candidatos propios en 2027.
La reunión del Gabinete y las actividades oficiales posteriores a la asunción de Santilli confirmaron que el nuevo jefe de ministros quedó situado en el centro del dispositivo político presidencial.
Karina acepta negociar
Uno de los cambios más importantes se produjo en el entorno de Karina Milei.
La secretaria general de la Presidencia y los Menem habían defendido hasta ahora una construcción exclusivamente libertaria, con candidatos propios y sin compartir el sello violeta con dirigentes de otras fuerzas.
Ese criterio provocó rupturas con gobernadores, intendentes y dirigentes del PRO y de la Unión Cívica Radical (UCR), que en distintos distritos fueron desplazados a último momento de los acuerdos electorales.
Ahora, ante la falta de candidatos competitivos, Karina Milei habría aceptado evaluar entendimientos con fuerzas provinciales y mandatarios aliados.
El giro se acerca a la posición que venía promoviendo Santiago Caputo, partidario de construir acuerdos pragmáticos con gobernadores capaces de garantizar votos en el Congreso y apoyo territorial para el Presidente.
La apertura no implica que La Libertad Avanza abandone su objetivo de convertirse en una fuerza nacional. Significa que la conducción reconoció que ese armado todavía no alcanza para competir con posibilidades reales en las 24 jurisdicciones.
Entre los gobernadores que mantienen diálogo con la Casa Rosada aparecen Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Raúl Jalil, de Catamarca, y otros mandatarios que acompañaron iniciativas oficiales o participaron de encuentros con Santilli y los Menem.
Un pacto por necesidad
La relación entre la Nación y las provincias funciona sobre una contradicción permanente.
Los gobernadores cuentan con un elevado grado de autonomía política, controlan sus calendarios electorales y administran recursos naturales estratégicos. Pero la mayoría de las provincias depende fiscalmente de las transferencias nacionales.
El Gobierno nacional, por su parte, concentra recursos y conserva capacidad para premiar o castigar mediante partidas, avales y obras. Pero carece de los legisladores necesarios para aprobar sus proyectos sin negociar.
Durante el primer semestre de 2026, las transferencias nacionales a las provincias volvieron a caer. Los envíos discrecionales registraron un retroceso superior al 60 por ciento, mientras que el conjunto de giros mostró una reducción real frente al mismo período del año anterior, de acuerdo con relevamientos de Politikon Chaco.
Ese deterioro obliga a los mandatarios a negociar con Luis Caputo, Santilli, Karina Milei y los Menem.
Al mismo tiempo, la caída de recursos aumenta el costo político de cualquier acuerdo con el Gobierno, porque los gobernadores temen entregar votos sin recibir después los fondos prometidos.
La reforma electoral como primera prueba
La primera gran prueba del nuevo entendimiento será la reforma electoral enviada por el Ejecutivo.
El proyecto comenzó a ser debatido en mayo por la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado e incluye cambios en la Boleta Única de Papel, el financiamiento de los partidos, los requisitos para mantener la personería y la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
El oficialismo admite que no cuenta con los votos para eliminar definitivamente las primarias y analiza como alternativa volver a suspenderlas.
La mayoría de los gobernadores no se opone a esa posibilidad, porque muchas provincias ya dejaron sin efecto sus propios sistemas de internas abiertas.
El conflicto principal aparece en la propuesta de habilitar colectoras o adhesiones, un mecanismo que permitiría que la candidatura presidencial de Milei estuviera acompañada por más de una lista legislativa.
Ese esquema podría resultar útil para sumar en una misma elección a candidatos de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR o partidos provinciales sin obligarlos a compartir una única nómina.
Para el Gobierno, las colectoras permitirían ampliar la base electoral sin entregar el control de la candidatura presidencial.
Para los gobernadores, el riesgo consiste en que la aceptación de las listas dependa finalmente de Milei o de los armadores libertarios, quienes podrían rechazar las adhesiones en el momento del cierre electoral.
Las experiencias de 2025, cuando distintos aliados quedaron fuera de las listas después de haber negociado durante meses, alimentan esa desconfianza.
Reformas económicas para los mercados
La nueva etapa también busca transmitir previsibilidad económica.
El ministro Luis Caputo presentó un plan financiero destinado a garantizar los pagos de la deuda durante 2026 y 2027, mientras el Gobierno impulsa un paquete legislativo que incluye la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, una segunda versión del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), cambios tributarios, protección de la propiedad privada y nuevos límites al gasto público.
La lógica oficial consiste en mostrar que la reelección de Milei estará respaldada por una economía con reservas, capacidad de pago y reglas previsibles para las inversiones.
La negociación con los gobernadores forma parte de esa misma señal.
Una foto con mandatarios provinciales permite mostrar estabilidad institucional ante los mercados, aunque detrás de la imagen continúen las disputas por fondos, candidaturas y poder territorial.
La desconfianza hacia Milei
El principal obstáculo sigue siendo el propio Presidente.
Algunos gobernadores que participaron del acto del 9 de Julio en Tucumán expresaron su malestar porque Milei permaneció poco tiempo junto con ellos y no abrió una conversación política sustancial.
Tampoco habría dedicado una reunión amplia a los mandatarios durante la asunción de Santilli.
La actitud contradice el esfuerzo realizado por el jefe de Gabinete y por Karina Milei para reconstruir los vínculos provinciales.
Los gobernadores reclaman contacto directo con el Presidente antes de asumir compromisos legislativos y electorales que deberán sostener durante más de un año.
No quieren votar ahora una reforma conveniente para el Gobierno a cambio de una promesa verbal de acuerdo provincial en 2027 que después pueda ser desconocida.
La negociación contiene al menos tres etapas: la aprobación de las reformas actuales, la definición de los acuerdos provinciales y, finalmente, el respaldo a la candidatura presidencial.
Sin un compromiso político firme, cualquiera de esas instancias puede fracasar.
El nuevo papel de Santilli
Santilli aparece como el funcionario encargado de evitar ese fracaso.
Su experiencia en el PRO, sus relaciones con gobernadores y legisladores y su capacidad para mantener conversaciones con sectores enfrentados lo convirtieron en una figura central del nuevo esquema.
El Gobierno espera que transforme acuerdos personales y pedidos de fondos en una mayoría legislativa estable.
También deberá mediar entre la pretensión de Karina Milei de conservar el control del partido, la estrategia territorial de los Menem y la visión más flexible de Santiago Caputo.
La salida de Adorni eliminó un foco de conflicto interno, pero no resolvió las disputas de poder.
La diferencia es que ahora esas peleas quedaron subordinadas, al menos temporalmente, a la reelección del Presidente.
El Gobierno volvió a hablar de gestión, proyectos y acuerdos después de meses dominados por escándalos, enfrentamientos y desconfianza interna.
Pero el clima renovado será insuficiente si no se traduce en resultados económicos, votos en el Congreso y acuerdos provinciales duraderos.
Milei necesita a los gobernadores, aunque su discurso político haya sido construido contra ellos.
Los mandatarios necesitan a la Nación, aunque desconfíen de cada promesa de la Casa Rosada.
De esa combinación de debilidades surge el nuevo pacto de gobernabilidad: informal, inestable y condicionado por una única prioridad, la permanencia del Presidente en el poder después de 2027.
