Buenos Aires – 13 Julio 2026 – Total News Agency – TNA-. Un grupo de cámaras empresarias del transporte de cargas de al menos diez provincias acordó impulsar convenios colectivos regionales que contemplen la situación económica y productiva de cada zona, una iniciativa que amenaza con debilitar el esquema de negociación nacional controlado durante décadas por Hugo Moyano y el Sindicato de Camioneros.
La ofensiva empresaria se originó durante una reunión realizada a fines de junio en Córdoba y será presentada formalmente en la asamblea que la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) celebrará el próximo 21 de julio en la Ciudad de Buenos Aires.
Las cámaras promotoras pretenden tomar como base el Convenio Colectivo de Trabajo 40/89, vigente para el transporte automotor de cargas, pero reemplazar buena parte de sus cerca de 50 adicionales, categorías y condiciones particulares por un esquema más reducido, con unos diez puntos comunes y negociaciones específicas para cada provincia o región.
El planteo no contempla, al menos en su etapa inicial, una reducción del salario de bolsillo. Los empresarios aseguran que buscan adaptar los costos laborales, adicionales y modalidades de trabajo a las diferencias existentes entre las economías de Buenos Aires, el norte argentino, la región de Cuyo, el centro del país y la Patagonia.
Entre las entidades que apoyarían la iniciativa figuran cámaras de Córdoba, Mendoza, San Juan, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero, además de organizaciones de otras provincias que cuestionan que los salarios y adicionales sean definidos mediante una negociación centralizada en Buenos Aires.
“Todos pagamos un sueldo pactado en Buenos Aires y algunos vivimos en provincias en crisis. Es imposible mantener esa estructura”, afirmó uno de los empresarios que participa de la ofensiva interna, quien aseguró que la decisión de reclamar una descentralización ya fue tomada.
El proyecto prevé avanzar desde septiembre con negociaciones diferenciadas y evaluar la firma de convenios para tres grandes regiones: Norte, Centro y Sur. También podría habilitar acuerdos provinciales o empresariales cuando las características de la actividad lo justifiquen.
La iniciativa podría alterar el equilibrio de poder dentro de FADEEAC, presidida por Cristian Sanz, que reúne actualmente a 43 entidades del transporte de cargas. La federación fue fundada en 1967 y durante décadas constituyó la principal contraparte empresaria del Sindicato de Camioneros en las negociaciones salariales y convencionales.
La estructura empresaria ya había sufrido una fuerte fractura en 2019, cuando varias cámaras abandonaron FADEEAC y formaron la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL). En el sector siempre existieron sospechas de que el moyanismo alentó aquella división para evitar una representación patronal unificada con mayor capacidad de negociación.
La nueva rebelión se apoya en las modificaciones introducidas por la Ley 27.802 de Modernización Laboral, sancionada por el Congreso el 27 de febrero y promulgada el 5 de marzo de 2026. La norma modificó la estructura de la negociación colectiva, limitó la ultraactividad de determinadas cláusulas y otorgó mayor relevancia a los convenios de ámbito menor.
El nuevo régimen permite que los acuerdos celebrados por empresa, provincia o región prevalezcan en determinadas materias sobre los convenios nacionales de actividad. Además, establece que un convenio de ámbito superior no podrá desplazar automáticamente las condiciones acordadas en un nivel inferior.
La modificación golpea uno de los pilares históricos del modelo sindical argentino, basado en la existencia de un sindicato con personería gremial por rama de actividad y en convenios nacionales obligatorios para todos los trabajadores y empresas del sector.
En el caso de Camioneros, ese sistema permitió a la familia Moyano concentrar durante décadas la negociación de salarios, adicionales, aportes empresariales, cuotas solidarias y beneficios sociales correspondientes a actividades muy diferentes, desde el transporte de larga distancia hasta la recolección de residuos, el reparto de bebidas, la logística, los caudales y el correo privado.
La aparición de convenios regionales podría reducir esa capacidad de intervención. Aunque Camioneros conservaría la representación gremial, debería negociar con cámaras provinciales y aceptar condiciones diferentes según la productividad, el costo de vida y la situación económica de cada jurisdicción.
El Convenio 40/89 incluye numerosos adicionales por especialidad, distancia, comida, permanencia fuera de residencia, conducción de determinados vehículos y características de las cargas. Los empresarios del interior sostienen que algunos conceptos fueron diseñados para realidades económicas y logísticas que no se corresponden con las de todas las provincias.
La propuesta causa preocupación en la Confederación General del Trabajo (CGT) porque podría replicarse en otras actividades. Una generalización de los acuerdos regionales o por empresa fragmentaría las paritarias nacionales y reduciría el poder financiero y político de los grandes sindicatos.
El desafío se produce, además, en momentos en que el gremio de Moyano enfrenta dificultades para recomponer salarios, sostener las prestaciones de su obra social y obtener nuevas contribuciones patronales.
En marzo, Camioneros aceptó un incremento salarial acumulado del 10,1% para el período comprendido entre marzo y agosto, distribuido en aumentos mensuales, además de una suma no remunerativa de 53.000 pesos. El acuerdo quedó dentro de la pauta impulsada por el Gobierno, pese a las amenazas iniciales de medidas de fuerza.
Otro punto de conflicto son las denominadas cuotas solidarias, descuentos aplicados a trabajadores afiliados y no afiliados mediante los convenios colectivos. La reforma laboral estableció un límite del 2% del salario y una vigencia máxima de dos años para esos aportes.
Camioneros tiene actualmente una cuota solidaria del 3%, una de las más elevadas del sistema gremial. Sus autoridades proyectaban reducirla recién al momento de renegociar el convenio, pero la nueva legislación podría obligar a acelerar esa adecuación.
El Sindicato de Camioneros obtuvo, sin embargo, una medida cautelar favorable. El juez nacional del Trabajo Herman Mendel suspendió para ese gremio la aplicación de los artículos 131 y 133 de la Ley 27.802 y de varias disposiciones del Decreto 407/2026 que afectaban la ultraactividad y el financiamiento sindical.
El fallo mantuvo provisoriamente aportes vinculados con el seguro de sepelio, subsidios para viudas, extensión de cobertura médica, programas de capacitación, actividades sociales y otras prestaciones establecidas mediante la negociación colectiva.
La decisión judicial, no obstante, no elimina el riesgo que representan los convenios regionales. La cautelar protege determinados recursos y cláusulas del convenio vigente, pero la disputa sobre el ámbito de negociación y la posibilidad de celebrar acuerdos provinciales continuará abierta.
Para Moyano, el desafío es particularmente serio porque no procede de un sindicato rival ni de una intervención directa del Gobierno, sino de las propias entidades empresariales que durante décadas negociaron bajo el esquema nacional.
Si la asamblea de FADEEAC aprueba la propuesta, las cámaras podrían comenzar a reclamar formalmente la apertura de negociaciones regionales. Camioneros seguramente resistirá la iniciativa y podría judicializarla, denunciar una maniobra destinada a reducir salarios o recurrir a medidas de fuerza.
Los empresarios, por su parte, aseguran que no pretenden afectar los ingresos actuales, sino impedir que compañías radicadas en provincias con menor actividad deban afrontar costos definidos según la realidad económica del área metropolitana.
La disputa recién comienza, pero pone en discusión el núcleo del poder que Hugo Moyano construyó durante más de tres décadas: un único convenio nacional, una sola representación sindical y una estructura centralizada capaz de condicionar a todas las empresas del transporte de cargas.
La rebelión de las provincias podría convertirse en el primer ensayo concreto de la reforma laboral para fragmentar las negociaciones nacionales. Si prospera, no sólo debilitará a Camioneros, sino que abrirá el camino para que otras actividades reclamen convenios adaptados a cada región o empresa.
