Buenos Aires – 21 Julio 2026 – Total News Agency – TNA – La Cámara Federal de Casación Penal cerró el camino de Martín Báez hacia la Corte Suprema de Justicia y dejó prácticamente firme la ejecución de una multa de USD 274.364.333, impuesta al hijo mayor de Lázaro Báez por su participación en las maniobras de lavado de dinero conocidas como la “ruta del dinero K”. Imagen de archivo de Cristina Kirchner y a la derecha, Martín Báez
La Sala IV del máximo tribunal penal federal rechazó por inadmisible el recurso extraordinario presentado por la defensa oficial, que pretendía que la Corte revisara la orden de avanzar sobre los bienes de Martín Báez para cobrar la sanción económica.
Los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky consideraron que la presentación no logró demostrar la existencia de una cuestión federal directa ni una vulneración constitucional suficiente para habilitar la intervención del máximo tribunal.
La resolución deja abierta solamente la posibilidad de que la defensa intente una queja directa ante la Corte, aunque ese recurso no suspende automáticamente la ejecución patrimonial.
Martín Báez había sido condenado inicialmente a nueve años de prisión. Casación redujo posteriormente la pena a seis años y seis meses, y en 2023 recuperó la libertad después de haber cumplido más de dos tercios de la condena, parte de ella bajo arresto domiciliario en Río Gallegos. La Corte dejó firme su responsabilidad penal en 2025.
La multa equivale a cinco veces el monto de las operaciones de lavado que el tribunal atribuyó al hijo del empresario patagónico. El importe deberá convertirse a pesos según el tipo de cambio oficial vendedor vigente al momento del pago.
La defensa sostuvo que la ejecución era prematura porque todavía existía una discusión sobre la constitucionalidad de la sanción. También advirtió sobre un supuesto “despojo patrimonial irreversible”, pidió la posibilidad de abonar en cuotas y señaló que en una de las propiedades afectadas viven hijos menores del condenado.
Los planteos fueron rechazados. La Justicia podrá ahora avanzar sobre inmuebles, cuentas, sociedades y otros activos incluidos en los embargos para cubrir una sanción que, por su volumen, difícilmente pueda ser cancelada con un pago voluntario.
La estructura que lavó más de USD 55 millones
La causa “ruta del dinero K” investigó un mecanismo destinado a introducir en el circuito formal fondos provenientes de Austral Construcciones y otras empresas del Grupo Báez.
La Justicia dio por probado el lavado de aproximadamente USD 55 millones entre 2010 y 2013 mediante transferencias al exterior, sociedades pantalla, financieras, operaciones inmobiliarias y movimientos ejecutados a través de la firma SGI, conocida como “La Rosadita”.
Las imágenes de Martín Báez, Daniel Pérez Gadín, Fabián Rossi y otros integrantes de la organización contando fajos de dólares en Puerto Madero se convirtieron en una de las pruebas más visibles del expediente.
En la sentencia se ordenó, además, decomisar USD 61.130.860,86, considerados producto o provecho de las maniobras. Durante 2025, la Corte comenzó a organizar la incorporación definitiva de esos bienes y fondos al patrimonio estatal.
La multa de USD 274 millones contra Martín Báez no debe confundirse con el monto lavado ni con el decomiso general. Se trata de conceptos jurídicos diferentes:
- El lavado probado ascendió a aproximadamente USD 55 millones.
- El decomiso ordenado en la sentencia alcanzó USD 61,1 millones.
- La multa personal de Martín Báez fue fijada en USD 274,36 millones, calculada de acuerdo con la escala penal aplicada por el tribunal.
Por esa razón, sumar automáticamente las tres cifras produciría una estimación incorrecta del perjuicio económico.
Lázaro Báez cumple una pena unificada de 15 años
Lázaro Báez fue condenado a diez años de prisión en la ruta del dinero K, después de que Casación redujera la pena original de doce años.
A esa sentencia se sumaron los seis años de prisión impuestos en la causa Vialidad, por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La Justicia unificó las condenas en una pena total de 15 años de cárcel.
La Corte Suprema dejó firme la condena por lavado en mayo de 2025 y también confirmó la responsabilidad de Báez en la adjudicación irregular de obras públicas en Santa Cruz.
El empresario, que antes de la llegada de Néstor Kirchner a la Presidencia había trabajado como empleado bancario, recibió durante los gobiernos kirchneristas la mayoría de las obras viales nacionales adjudicadas en esa provincia.
Su crecimiento patrimonial, la expansión de Austral Construcciones y las operaciones financieras posteriores quedaron bajo análisis en una extensa red de expedientes penales.
Vialidad: un fraude actualizado en casi $685.000 millones
La causa de mayor impacto económico es Vialidad, en la que fueron condenados Lázaro Báez, la ex presidente Cristina Kirchner, el ex secretario de Obras Públicas José López y antiguos responsables de la Dirección Nacional de Vialidad, entre otros.
El tribunal consideró acreditado que 51 contratos de obra pública vial fueron adjudicados de manera irregular a empresas del Grupo Austral en Santa Cruz.
Las maniobras incluyeron licitaciones direccionadas, sobreprecios, obras inconclusas, anticipos financieros injustificados y modificaciones contractuales que beneficiaron sistemáticamente a Báez.
El perjuicio original había sido estimado en $84.835.227.378,04, expresado a valores de diciembre de 2022. Luego de la actualización ordenada judicialmente, el decomiso solidario quedó establecido en $684.990.350.139,86.
La Corte dejó firme esa cifra en julio de 2026 y habilitó la ejecución sobre los bienes de los condenados. El monto equivale a alrededor de USD 500 millones, dependiendo de la cotización utilizada.
Báez no debe pagar individualmente la totalidad, porque la obligación es solidaria entre los condenados. Sin embargo, sus propiedades y empresas integran el universo patrimonial que la Justicia puede utilizar para recuperar el dinero sustraído al Estado.
La segunda ruta del dinero: otros USD 14 millones
Báez también fue condenado en una segunda causa por lavado, conocida como “ruta del dinero K II”.
Ese expediente analizó operaciones distintas de las juzgadas en el primer proceso y tuvo como eje aproximadamente USD 14 millones canalizados mediante sociedades, financieras y movimientos vinculados con el Grupo Austral.
En 2024, el Tribunal Oral Federal 4 condenó a Báez a cuatro años y seis meses de prisión por lavado agravado. También recibieron penas Leonardo Fariña, Federico Elaskar, Fabián Rossi, Daniel Pérez Gadín y Jorge Chueco.
La condena todavía atravesaba instancias de revisión y no constituye un monto adicional de fraude estatal probado de forma autónoma, sino otra maniobra de lavado cuyo origen ilícito fue atribuido al entramado económico del empresario.
Hotesur-Los Sauces: Báez irá nuevamente a juicio
Otra causa relevante es Hotesur-Los Sauces, donde se investigan pagos efectuados por Lázaro Báez y Cristóbal López a empresas de la familia Kirchner mediante alquileres de hoteles, inmuebles y habitaciones que, según la acusación, no siempre habrían tenido una contraprestación comercial real.
La hipótesis fiscal sostiene que parte del dinero obtenido por Báez a través de contratos de obra pública regresaba al patrimonio de los Kirchner mediante pagos a Hotesur, Los Sauces y firmas administradoras como Valle Mitre.
Las pericias detectaron que empresas de Báez aportaron durante determinados períodos más de la mitad de la facturación del hotel Alto Calafate. Solamente entre 2010 y 2011, las transferencias investigadas rondaron los $50 millones de la época.
El expediente fue elevado a juicio contra Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y otros acusados. El debate todavía no comenzó y el fiscal Diego Velasco reclamó que el Tribunal Oral Federal 5 fije una fecha.
En 2025, Casación confirmó la actualización de los embargos. El embargo personal de Báez pasó de $170 millones a $728.293.764,65, mientras el correspondiente a varias de sus compañías fue elevado a $3.154.350.876,23.
En el tramo específico de Los Sauces también se actualizaron medidas cautelares contra Báez por alrededor de $492,5 millones, además de embargos superiores a $1.061 millones sobre empresas de su grupo. Estos montos no representan todavía el fraude definitivamente probado: son garantías patrimoniales destinadas a cubrir eventuales condenas, multas y decomisos.
Evasión fiscal: la ley de Milei redujo la acusación
Báez, sus hijos y antiguos directivos de Austral Construcciones también llegaron a juicio por evasión de IVA, Ganancias y otros tributos durante los ejercicios 2010 a 2014.
La causa original comprendía una presunta evasión superior a $80 millones a valores históricos. Sin embargo, la llamada Ley de Inocencia Fiscal, impulsada por el Gobierno de Javier Milei, elevó los montos mínimos necesarios para que una evasión constituya delito penal.
Por aplicación retroactiva de la ley más favorable, el Tribunal Oral en lo Penal Económico 3 sobreseyó parcialmente a Báez y a otros acusados respecto de varios períodos fiscales.
La causa permanece abierta únicamente por el ejercicio 2012, cuya evasión habría superado el nuevo umbral de punibilidad. Algunas estimaciones judiciales ubicaron las obligaciones discutidas para ese año cerca de $250 millones históricos, aunque el monto deberá precisarse durante el proceso.
La Corte rechazó en marzo un recurso presentado por Báez y mantuvo vivo ese tramo del expediente.
Un patrimonio perseguido por varias sentencias
El entramado judicial obliga a diferenciar entre dinero lavado, perjuicio al Estado, multas, decomisos y embargos. No todas las cifras pueden acumularse como si representaran fraudes independientes.
El panorama principal es el siguiente:
Ruta del dinero K: aproximadamente USD 55 millones lavados; decomiso de USD 61,1 millones; multa personal de Martín Báez por USD 274,36 millones.
Vialidad: perjuicio y decomiso actualizado en $684.990 millones, exigible solidariamente a los condenados.
Ruta del dinero K II: alrededor de USD 14 millones sometidos a maniobras de lavado, con condena todavía bajo revisión.
Hotesur-Los Sauces: juicio pendiente; embargos actualizados que superan los $3.800 millones sobre Báez y distintas empresas vinculadas, sin una cifra definitiva de fraude porque todavía no existe sentencia.
Evasión tributaria de Austral Construcciones: causa reducida al ejercicio 2012 por aplicación de la nueva legislación fiscal; el resto de los períodos fue sobreseído.
La nueva resolución contra Martín Báez agrega presión sobre el patrimonio familiar. El hijo mayor de Lázaro ya cumplió la mayor parte de su pena de prisión, pero enfrenta ahora una consecuencia económica que puede acompañarlo durante años.
La ruta del dinero K dejó de ser solamente una causa de cárcel. Entró en la etapa más compleja: recuperar bienes, ejecutar multas y devolver al Estado una parte del dinero que circuló entre constructoras, bancos, financieras, sociedades extranjeras y propiedades.
