Por RR
Mendoza – 23 Julio 2026 – Total News Agency – TNA-. El Gobierno de Alfredo Cornejo habilitó un número oficial de WhatsApp para que los ciudadanos envíen fotografías y videos de infracciones de tránsito, bajo un programa denominado “Modo Testigo”, presentado como una herramienta de colaboración social, prevención y seguridad vial.
La iniciativa invita a los mendocinos a registrar conductas peligrosas en calles y rutas: vehículos que cruzan semáforos en rojo, maniobras imprudentes, circulación indebida, estacionamientos prohibidos o cualquier comportamiento que pueda encuadrarse dentro de la legislación vial.
El contraste aparece cuando se observa la lucha contra el narcotráfico barrial. La Provincia creó, reglamentó y promocionó un mecanismo sencillo para filmar infractores viales, pero no anunció al mismo tiempo un canal provincial equivalente, específicamente diseñado y difundido, para que los vecinos puedan enviar imágenes, videos, ubicaciones y datos sobre lugares donde presuntamente se venden drogas.
Mendoza cuenta con vías generales para formular denuncias judiciales y también está disponible la línea nacional anónima contra el narcotráfico, pero no existe, dentro de este lanzamiento, una herramienta provincial de características semejantes a Modo Testigo, orientada de forma visible y directa a identificar kioscos de droga, movimientos sospechosos o puntos de comercialización de estupefacientes.
La diferencia no es menor: una infracción vial puede terminar generando una sanción económica para beneficio en la recaudación del Estado. La investigación de un punto de venta de drogas, en cambio, exige policías, fiscales, vigilancia, allanamientos, protección de testigos y recursos operativos, deban actuar sin producir una recaudación, o posiblemente, dejando de hacerlo.
“Por el momento” no habrá multas
El programa fue reglamentado a través del Decreto 1127, publicado en el Boletín Oficial de Mendoza, y aplica el artículo 120 bis de la Ley de Tránsito 9024, incorporado por la Ley 9701.
La norma habilita a los ciudadanos a remitir material audiovisual mediante canales digitales oficiales. Hasta que esté disponible una aplicación integrada a la plataforma Mendoza por Mí, los registros podrán enviarse al número de WhatsApp +54 9 261 555-9592.
El Gobierno aclaró que, durante la primera etapa, las imágenes no constituirán una denuncia formal ni generarán automáticamente una multa. El material tendrá carácter orientativo y será analizado por la Dirección de Seguridad Vial, que podrá descartar imágenes irrelevantes, editadas, falsas o sin información suficiente.
La aclaración oficial fue formulada en términos temporales: por el momento no habrá sanciones automáticas.
Esa frase deja abierta la posibilidad de que, una vez consolidado el sistema, desarrollada la aplicación y garantizada la trazabilidad de los registros, las fotografías y videos terminen remitidos a los juzgados viales y sean utilizados para impulsar actuaciones sancionatorias.
El propio decreto establece que, cuando el material reúna datos suficientes, podrá ser enviado a la autoridad judicial vial acompañado por un informe preliminar. También exige que la futura aplicación registre ubicación, fecha, hora y otros elementos necesarios para reconstruir el hecho.
Por lo tanto, aunque el Ejecutivo insista en el propósito educativo inicial, la estructura administrativa creada no se limita a una campaña de concientización: está preparada para clasificar evidencia, identificar posibles infracciones y trasladarla al sistema de juzgamiento vial.
Una plataforma pública de exposición
Las imágenes aceptadas podrán ser publicadas durante un plazo máximo de 90 días en un canal oficial, con fines educativos, disuasivos y de concientización. La reglamentación ordena preservar los datos personales del supuesto infractor, de terceros y de quien envía el material.
El mecanismo convierte al ciudadano en una suerte de observador auxiliar del Estado. Ya no será únicamente el policía, el inspector o la cámara pública quien registre la infracción: cualquier persona con un teléfono podrá filmar, fotografiar y remitir el comportamiento de otro conductor.
La colaboración ciudadana puede resultar útil para detectar maniobras peligrosas, pero también plantea riesgos vinculados con registros incompletos, conflictos personales, imágenes sacadas de contexto y una creciente vigilancia horizontal entre particulares.
El decreto reconoce parcialmente esas dificultades cuando aclara que el material no tendrá presunción de autenticidad ni veracidad y que la autoridad deberá realizar un análisis previo antes de utilizarlo.
Para las drogas, un sistema menos visible
Los mendocinos pueden denunciar delitos mediante el WhatsApp general del Ministerio Público Fiscal, que desde 2024 recibe presentaciones a través del número 261 579-0203. También pueden utilizar la línea nacional 0800-333-7642, gratuita, anónima y disponible las 24 horas para aportar información sobre narcotráfico.
Incluso el Gobierno provincial realizó en años anteriores campañas para promover denuncias telefónicas anónimas sobre venta y distribución de drogas.
Sin embargo, ninguna de esas alternativas recibió ahora el mismo diseño comunicacional, la misma reglamentación específica ni la misma capacidad para recolectar material audiovisual geolocalizado que Modo Testigo y poder analizarlo.
El Ejecutivo podría haber aprovechado la presentación para incorporar una segunda opción dentro de la futura aplicación: “Modo Testigo Narco”, con identidad protegida, cifrado de datos, derivación inmediata a fiscales especializados y prohibición absoluta de publicar el material.
Una herramienta de ese tipo exigiría cuidados mucho mayores. Filmar un automóvil mal estacionado no representa el mismo peligro que registrar a una organización dedicada al narcomenudeo, pero hoy día puede pasar lo mismo con el 0800. Si la herramienta se diseña correctamente, el peligro podría evitarse.
Pero precisamente por ese riesgo, la respuesta estatal debería ser más sofisticada, no menos visible. La tecnología que permite verificar horario, ubicación y autenticidad de una infracción vial también podría ser utilizada, con protocolos de seguridad reforzados, para orientar investigaciones sobre drogas.
Seguridad que puede terminar en recaudación
Las multas de tránsito constituyen ingresos para las administraciones públicas. Detener a un vendedor de drogas no genera recursos presupuestarios: produce gastos de investigación, custodia, peritajes, procesos judiciales y alojamiento penitenciario.
Ese contraste explica las sospechas que rodean a programas de fiscalización presentados exclusivamente bajo el discurso de la seguridad vial. Cuando el Estado construye canales tecnológicos para documentar infracciones económicamente sancionables, pero no desarrolla instrumentos equivalentes contra delitos que destruyen barrios enteros, la prioridad oficial queda sometida a discusión.
