Por RR
Buenos Aires – 29 Julio 2026 – Total News Agency – TNA – La autoridad aeronáutica de Brasil impuso restricciones inmediatas a Flybondi y suspendió parte de la comercialización de sus pasajes después de comprobar que la compañía canceló el 79 por ciento de los vuelos que tenía programados en ese país durante julio. En la Argentina, en cambio, la aerolínea controlada por un empresario cercano al gobierno de Javier Milei continúa ofreciendo y vendiendo boletos pese a acumular centenares de cancelaciones, operar con una fracción mínima de su flota y haber suspendido pilotos y tripulantes hasta fines de septiembre.
La Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil adoptó una medida cautelar administrativa al detectar una secuencia de cancelaciones, una reducción pronunciada de las operaciones, diferencias entre la programación informada y los vuelos efectivamente realizados y un aumento de los reclamos de pasajeros.
El organismo brasileño consideró que existían indicios concretos de deterioro de la capacidad operativa de Flybondi y riesgos de nuevos perjuicios para quienes compraran pasajes. También registró dificultades en los canales de atención, demoras en los reembolsos, modificaciones de itinerarios y fallas en la asistencia a los viajeros afectados.
La decisión impide que la empresa comercialice boletos hacia Florianópolis, Maceió y Salvador, destinos anunciados pero todavía no atendidos de manera efectiva. Flybondi tampoco podrá incorporar nuevas ciudades, frecuencias u operaciones en Brasil hasta demostrar que posee aviones, tripulaciones y recursos suficientes para cumplir la programación ofrecida.
La medida incluye además la suspensión, desde el 3 de agosto, de la venta de pasajes para la ruta entre Buenos Aires y el aeropuerto internacional de Galeão, en Río de Janeiro. Los boletos emitidos con anterioridad conservarán su validez, aunque la compañía deberá reubicar gratuitamente a los pasajeros o devolverles la totalidad del dinero en un plazo máximo de siete días cuando cancele un servicio.
La reacción brasileña contrasta con la conducta de la Administración Nacional de Aviación Civil argentina, dependiente de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía. Hasta este miércoles no se había informado oficialmente ninguna prohibición equivalente, medida cautelar o limitación a la comercialización de vuelos de Flybondi dentro del país.
El portal de la compañía permanecía activo, mantenía habilitado su buscador de vuelos y continuaba promocionando pasajes para rutas nacionales y regionales. La página ofrecía conexiones, entre otras, entre Buenos Aires y Córdoba, y conservaba el circuito destinado a seleccionar fechas y avanzar con una reserva en pesos argentinos.
Flybondi ya había seguido vendiendo pasajes en Argentina durante julio aun cuando llevaba varios días sin operar. El 14 de este mes, después de doce jornadas sin vuelos desde el 2 de julio, todavía ofrecía boletos para 21 destinos. El sitio especializado que registra el desempeño de la empresa indicó que en junio sólo cumplió 803 de los 2.626 vuelos programados y que, durante los primeros doce días de julio, operó apenas 23 de 427.
Los datos suministrados para los últimos días del mes exhiben una situación todavía más grave: 302 vuelos cancelados frente a 103 realizados, una tasa de incumplimiento del 74,6 por ciento. En junio, el porcentaje de cancelaciones había alcanzado el 69,4 por ciento.
A pesar de ese escenario, la autoridad argentina no comunicó hasta ahora una decisión destinada a impedir que la empresa siga recibiendo dinero por servicios cuya prestación no está en condiciones de garantizar. La diferencia con Brasil no es menor: mientras el regulador brasileño actuó preventivamente para evitar nuevos damnificados, la ANAC argentina mantuvo abierta la comercialización y dejó que el riesgo económico continuara recayendo sobre los pasajeros.
La única actuación relevante informada por el organismo argentino durante 2026 fue el inicio de un sumario administrativo y el labrado de actas de infracción por cancelaciones y demoras registradas entre fines de 2025 y enero. La ANAC advirtió entonces que el procedimiento podía terminar en multas, una suspensión temporal o incluso la cancelación de la autorización para operar, pero no hizo nada de ello y no informó un resultado definitivo ni sanciones capaces de modificar la conducta de la empresa.
La falta de decisiones más severas resulta particularmente llamativa porque el propio Gobierno había intimado a Flybondi en diciembre de 2024 a presentar un plan correctivo que adecuara la cantidad de vuelos ofrecidos a su capacidad operativa real. El objetivo declarado era, precisamente, evitar que la empresa vendiera servicios que luego no pudiera garantizar. Casi dos años después, el problema no sólo persiste sino que alcanzó dimensiones mucho mayores.
La senadora nacional por Mendoza Mariana Juri presentó esta semana un pedido de informes para que la ANAC explique qué controles efectuó, cuántas actas abrió, qué sanciones aplicó y por qué Flybondi continúa comercializando pasajes pese a las demoras prolongadas y las cancelaciones intempestivas.
Durante 2026, la compañía canceló más del 20 por ciento de todos sus vuelos programados. Desde abril, el promedio subió al 36 por ciento, muy por encima de Aerolíneas Argentinas y JetSmart. En mayo, Flybondi llegó a cancelar el 47 por ciento de sus operaciones y registró apenas un 26 por ciento de puntualidad.
La crisis redujo drásticamente su presencia en el mercado. En mayo transportó poco más de 70.000 pasajeros, frente a los 205.536 del mismo mes de 2025, y su participación en los vuelos de cabotaje cayó al 6 por ciento, su nivel más bajo desde 2018. La empresa pasó de operar un promedio de 19 aviones diarios en enero a utilizar solamente tres en las semanas posteriores.
Los problemas incluyen aeronaves fuera de servicio, falta de pago de mantenimientos y alquileres, reclamos de proveedores, cuentas embargadas, pedidos de quiebra, renuncias de directivos y suspensiones rotativas de pilotos y tripulantes hasta el 30 de septiembre. Entre junio de 2025 y mayo de 2026 canceló más de 2.500 vuelos y perjudicó a alrededor de 350.000 pasajeros.
Flybondi quedó bajo el control de COC Global Enterprise, fondo encabezado por el empresario argentino Leonardo Scatturice, luego de que esa sociedad adquiriera en 2025 la mayoría accionaria que estaba en manos de Cartesian Capital Group. Scatturice es un empresario cercano al gobierno de Milei, con vínculos en el ámbito de la inteligencia y en los círculos conservadores estadounidenses relacionados con la Conferencia de Acción Política Conservadora, conocida como CPAC, aunque posee inconvenientes migratorios que le imposibilitarían salir de EE.UU.
Una empresa dirigida por Scatturice, Tactic Global LLC, fue contratada por la Secretaría de Inteligencia del Estado para prestar asesoramiento estratégico y actuar como enlace entre las presidencias de la Argentina y los Estados Unidos. El empresario también quedó relacionado con la investigación por el ingreso al país de equipaje sin los controles aduaneros habituales en un avión privado perteneciente a una de sus compañías.
La proximidad del accionista controlante con el oficialismo no demuestra por sí sola la existencia de protección administrativa, pero obliga a la ANAC y a la Secretaría de Transporte a explicar por qué la compañía no recibió en la Argentina una restricción comparable con la aplicada en Brasil. La autoridad argentina posee facultades para imponer multas de hasta 150 millones de pesos, suspender temporalmente operaciones e incluso cancelar autorizaciones ante faltas graves reiteradas, pero hasta ahora sólo trascendieron sumarios y actas cuyo desenlace no fue publicado.
Brasil decidió impedir que Flybondi siga aumentando la cantidad de pasajeros expuestos a cancelaciones. En la Argentina, los usuarios todavía pueden ingresar al sitio de la aerolínea, elegir una ruta, seleccionar una fecha y pagar por adelantado un vuelo operado por una compañía que suspendió parte de su personal y cuya capacidad efectiva quedó reducida a niveles mínimos.
