Moscú – 29 Julio 2026 – Total News Agency – TNA – El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) emitió una orden de búsqueda internacional contra Pável Dúrov, fundador de Telegram, bajo la acusación de haber colaborado con actividades terroristas al no eliminar canales, chats y bots supuestamente utilizados por los servicios de inteligencia ucranianos, cabe destacar que también WhatsApp está prohibida en Rusia. La medida amplía la ofensiva del gobierno de Vladímir Putin contra las plataformas que se resisten a entregar información de sus usuarios y se inscribe en una política destinada a cercenar libertades civiles, controlar las comunicaciones privadas y reducir los espacios de expresión que todavía escapan a la supervisión del Kremlin.
Las autoridades rusas imputaron a Dúrov en ausencia bajo el artículo 205.1 del Código Penal, que contempla penas por asistencia o colaboración con actividades terroristas. El FSB sostiene que Telegram permitió que operadores ucranianos emplearan la plataforma para organizar sabotajes, reclutar ciudadanos rusos, planificar asesinatos, atacar infraestructura estratégica y desarrollar operaciones de fraude informático.
La utilización de redes sociales y servicios de mensajería para cometer delitos constituye un problema real que afecta a numerosos países. Sin embargo, la responsabilidad penal de quienes ejecutan esas acciones no habilita automáticamente a responsabilizar al creador de una plataforma ni a exigirle que transforme un servicio de comunicaciones en una extensión de los organismos de inteligencia del Estado.
La acusación rusa omite, además, que el conflicto mencionado por el FSB se desarrolla como consecuencia de la invasión a gran escala que Rusia lanzó contra Ucrania en febrero de 2022. Moscú presenta las actividades ucranianas exclusivamente como terrorismo o sabotaje, pero evita reconocer que forman parte de una guerra iniciada por decisión del Kremlin y desarrollada en territorio ucraniano y ruso.
Según el organismo de seguridad, agentes de Kiev habrían utilizado incluso servicios de citas integrados en Telegram para captar jóvenes rusos y convencerlos de incendiar vehículos, atacar dependencias policiales o dañar instalaciones de transporte, energía y comunicaciones. Rusia informó que decenas de personas, algunas de ellas menores de edad, fueron detenidas por participar en esas acciones, aunque una parte sustancial de las afirmaciones oficiales no pudo ser verificada de manera independiente.
La orden contra Dúrov aparece después de que Moscú redujera la velocidad de Telegram, bloqueara parcialmente algunas de sus funciones y promoviera el uso de MAX, una aplicación rusa integrada con servicios estatales. Especialistas en derechos digitales cuestionaron esa alternativa porque podría facilitar el acceso de las autoridades a las conversaciones, datos personales y movimientos de los ciudadanos.
El avance sobre Telegram reproduce el modelo aplicado anteriormente contra medios independientes, organizaciones no gubernamentales, opositores políticos y ciudadanos que cuestionaron la guerra. En Rusia, publicaciones críticas sobre las Fuerzas Armadas pueden ser consideradas “información falsa”, mientras que periodistas y activistas fueron procesados por describir la intervención militar en Ucrania como una invasión.
La ofensiva también exhibe una contradicción del propio gobierno ruso. Telegram es empleado por opositores y medios críticos, pero también por ministerios, gobernadores, unidades militares, corresponsales de guerra y blogueros nacionalistas alineados con Putin. El Kremlin y el Ministerio de Defensa continúan utilizando la plataforma incluso mientras los organismos de seguridad la presentan como una amenaza.
Dúrov abandonó Rusia en 2014 después de denunciar presiones para entregar datos de usuarios de VKontakte, la red social que había creado. Posteriormente fundó Telegram, desarrolló sus operaciones desde Dubái y obtuvo ciudadanía francesa y emiratí. Desde entonces sostiene que ningún gobierno debe disponer de acceso irrestricto a las comunicaciones privadas de millones de personas.
Rusia afirmó haber enviado más de 150.000 pedidos para retirar contenidos considerados ilegales y atribuyó a Telegram miles de delitos desde 2022. El volumen de solicitudes, sin embargo, también refleja la amplitud con la que el Estado ruso define conceptos como extremismo, terrorismo, desinformación o amenaza a la seguridad nacional, categorías utilizadas reiteradamente para perseguir expresiones políticas y limitar la circulación de información.
La anunciada búsqueda internacional tampoco implica que Interpol acepte automáticamente la solicitud. El organismo debe determinar si la orden persigue un delito común o si se encuentra condicionada por motivaciones políticas, militares o ideológicas. Sus normas prohíben intervenir en casos de carácter predominantemente político.
Dúrov enfrenta paralelamente una investigación judicial en Francia relacionada con el uso de Telegram para tráfico de drogas, lavado de dinero, fraude y distribución de material de abuso infantil. La existencia de esa causa, tramitada dentro del sistema judicial francés, no convierte en legítima la pretensión rusa de someter a una plataforma global al aparato de vigilancia del FSB.
Mientras reclama cooperación tecnológica, Moscú mantiene bloqueos informativos, censura medios, encarcela opositores y castiga las críticas a la guerra contra Ucrania. La orden contra Dúrov representa un nuevo intento de obligar a las empresas digitales a elegir entre entregar las comunicaciones de sus usuarios o convertirse en enemigas del Estado ruso.
