Por RR
Las dos mayores organizaciones criminales brasileñas avanzaron sobre Santa Cruz y Beni para acercarse a las zonas productoras de cocaína, controlar rutas internacionales, refugiar prófugos y lavar dinero. La expansión quedó expuesta por la captura de importantes jefes criminales, una guerra por corredores fronterizos y el despliegue permanente de la Policía Federal de Brasil en territorio boliviano.
La Paz – 5 Agosto 2026 – Total News Agency – TNA-. El Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) trasladaron progresivamente desde Paraguay hacia Bolivia el centro de sus operaciones internacionales, con el objetivo de acercarse a las zonas de producción de cocaína, reducir intermediarios y controlar directamente las rutas que conectan América del Sur con los mercados de Europa, África y Asia.
La transformación convirtió a Bolivia en algo más que un territorio de tránsito. Investigadores y autoridades de seguridad describen al país como una plataforma operativa utilizada para almacenar y refinar drogas, lavar activos, esconder prófugos, coordinar cargamentos y establecer contactos con productores y organizaciones criminales de Perú, Paraguay y Brasil. El núcleo de esa expansión está localizado principalmente en Santa Cruz de la Sierra y en el departamento amazónico de Beni.
Durante décadas, Paraguay había funcionado como una de las principales retaguardias del crimen organizado brasileño por su producción de marihuana, las fronteras terrestres y fluviales y su conexión directa con los estados de Paraná y Mato Grosso do Sul. Bolivia ofrece ahora una ventaja adicional: cercanía inmediata con las áreas productoras de coca, acceso a la producción peruana y más de 3.400 kilómetros de frontera con Brasil, buena parte de ellos atravesados por selvas, ríos y zonas con escasa presencia estatal.
La penetración criminal quedó nuevamente expuesta esta semana, cuando el Gobierno boliviano anunció la instalación de una oficina permanente de la Policía Federal de Brasil en La Paz, después de una serie de enfrentamientos y asesinatos vinculados con la disputa entre el PCC y el Comando Vermelho por el control de las rutas fronterizas.
La decisión fue adoptada tras un ataque armado en la localidad de San Matías, cerca de la frontera brasileña, que dejó cuatro muertos, seguido por una emboscada en la que fue asesinado un teniente de la Policía boliviana. Las autoridades desplegaron fuerzas policiales y militares y detuvieron a dos sospechosos. En los últimos nueve meses, Bolivia deportó a 19 presuntos jefes o integrantes relevantes de organizaciones brasileñas e incautó más de 300 inmuebles relacionados con esas estructuras.
Uno de los golpes más importantes ocurrió en mayo, cuando fue detenido en Santa Cruz Gerson Palermo, considerado uno de los principales integrantes del PCC y prófugo de la Justicia brasileña desde 2020. Palermo acumulaba condenas por aproximadamente 126 años de prisión y estaba acusado de dirigir una red dedicada al traslado de cocaína desde Bolivia hacia Brasil, desde donde la droga era incorporada a circuitos internacionales.
La captura confirmó que Bolivia no era utilizada solamente como refugio. Según las investigaciones, Palermo mantenía capacidad operativa para coordinar cargamentos, contactos financieros y enlaces logísticos desde territorio boliviano.
Otros operativos realizados durante 2026 detectaron en Santa Cruz a jefes de organizaciones con actuación en los estados brasileños de Bahía, Río de Janeiro, San Pablo y Pernambuco. Una operación conjunta de la Policía Federal brasileña, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico de Bolivia y organismos de seguridad de Bahía permitió capturar a un jefe que enviaba armas y drogas a varias regiones de Brasil y que mantenía vínculos con el entorno de seguridad del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
Marset fue detenido el 13 de marzo en una vivienda del departamento de Santa Cruz, después de permanecer prófugo y ser considerado uno de los narcotraficantes más buscados de América del Sur. Horas más tarde fue entregado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por presunto lavado de dinero vinculado con su organización de tráfico de cocaína.
La estructura atribuida a Marset mostró la creciente integración del crimen regional: proveedores bolivianos, pistas clandestinas en Paraguay, documentación brasileña, operadores financieros en Uruguay y empresas destinadas a mover fondos y mercancías entre distintas jurisdicciones.
El avance del PCC y del CV permite a ambas organizaciones aproximarse a los cultivos y laboratorios de Bolivia y Perú. Esa presencia puede transformar a las facciones brasileñas, tradicionalmente concentradas en la compra, transporte y distribución, en actores con participación directa en las etapas iniciales de la producción de cocaína. La reducción de intermediarios aumenta los márgenes de ganancia y otorga mayor autonomía para negociar volumen, precio y destino de los cargamentos.
Santa Cruz de la Sierra reúne condiciones especialmente favorables para esa transformación. Su actividad agroindustrial, sus conexiones aéreas y terrestres, el movimiento de capitales y el intenso intercambio comercial con Brasil facilitan la mezcla de operaciones legales e ilegales. Las organizaciones utilizan propiedades, establecimientos rurales, transportes, empresas de fachada y documentación falsa para ocultar prófugos y canalizar dinero.
Las nuevas rutas parten desde Bolivia hacia Rondônia y Mato Grosso, atraviesan la Amazonia brasileña y alcanzan el estado de Pará. Desde puertos o puntos próximos a la isla de Marajó, la droga puede ser enviada hacia África occidental y luego distribuida en Europa.
Otro corredor utiliza Paraguay y el sistema fluvial Paraguay-Paraná para alcanzar puertos argentinos y uruguayos sobre el Atlántico. Una tercera vía conduce los cargamentos hacia Chile, cuyos puertos del Pacífico ofrecen conexiones marítimas con Europa y Asia. La diversificación reduce el impacto de las incautaciones y evita que una sola operación policial pueda paralizar la totalidad de la cadena.
Las autoridades también investigan vuelos clandestinos, establecimientos rurales con pistas ocultas y cargamentos escondidos en productos de exportación. En junio, una operación coordinada entre Brasil, Bolivia y Estados Unidos inmovilizó 260 toneladas de madera ante la sospecha de que contenían cocaína oculta, en un procedimiento que podía convertirse en una de las mayores incautaciones realizadas en las fronteras brasileñas.
La expansión de las organizaciones brasileñas produjo además un cambio en el nivel de violencia. Las disputas por corredores y territorios trasladaron a Bolivia métodos ya observados en Brasil y Paraguay, como asesinatos selectivos, emboscadas, secuestros, utilización de sicarios y ataques contra policías.
Estados Unidos designó en mayo al PCC y al Comando Vermelho como Terroristas Globales Especialmente Designados y formalizó su inclusión como Organizaciones Terroristas Extranjeras a partir del 5 de junio. La medida permite congelar activos, sancionar apoyos materiales y ampliar las investigaciones financieras y penales contra personas o empresas vinculadas con ambos grupos.
El Gobierno brasileño rechazó la clasificación y sostuvo que las facciones deben ser combatidas como organizaciones criminales, no como grupos terroristas. Brasilia advirtió que la decisión estadounidense podría afectar empresas que operan en zonas donde existen redes de extorsión y abrir la puerta a acciones externas sobre territorio brasileño.
Pese a esas diferencias, Brasil y Bolivia incrementaron su cooperación operativa. En mayo, ambos países realizaron una nueva reunión de la Comisión Mixta sobre Drogas y Temas Conexos y acordaron profundizar el intercambio de información, las investigaciones coordinadas, la lucha contra el lavado de activos y los controles fronterizos.
La cooperación se complementa con un acuerdo firmado en febrero entre Brasil e Interpol, que prevé la creación de un grupo especializado con sede en la Oficina Regional de Buenos Aires. El equipo reunirá a agentes y expertos sudamericanos para seguir las redes criminales que atraviesan varias fronteras y conectará sus operaciones con el Centro de Cooperación Policial Internacional de la Amazonia, ubicado en Manaos.
El principal desafío no será únicamente detener cargamentos o capturar prófugos. Los investigadores señalan que la continuidad de estas organizaciones depende de su capacidad para mover grandes cantidades de dinero mediante empresas ficticias, operaciones inmobiliarias, fintech, criptomonedas y circuitos comerciales aparentemente legales.
La consolidación de Bolivia como nuevo centro operativo del narcotráfico brasileño obliga a la región a seguir simultáneamente las zonas de producción, los corredores fluviales y terrestres, los puertos de exportación y las redes financieras que sostienen al PCC y al Comando Vermelho más allá de las fronteras nacionales.
Fuentes consultadas: Diálogo Américas; Policía Federal de Brasil; Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico de Bolivia; Interpol; Departamento de Justicia de Estados Unidos; Departamento de Estado de Estados Unidos; Reuters; Associated Press; El País; InSight Crime; Organized Crime and Corruption Reporting Project; Secretaría de Seguridad Pública de Bahía.
