Por Dario Rosatti
La gestión del ministro de Defensa, Carlos Presti, enfrenta una contradicción cada vez más difícil de disimular: mientras el Gobierno exhibe la incorporación de los F-16, nuevos medios navales y camiones Unimog para el Ejército, el personal que debe operar esos sistemas continúa cobrando salarios muy inferiores a los de numerosas actividades privadas, las partidas operativas sufrieron recortes y la crisis de la obra social militar terminó con el archivo de sumarios por una deuda superior a $122.000 millones sin sanciones individuales. El contraste alcanza extremos difíciles de justificar: pilotos argentinos de F-16 con grado de primer teniente rondan haberes de $1,2 millón mensuales, mientras un vigilador general de seguridad privada supera actualmente los $1,7 millones brutos. A ese deterioro, el Gobierno respondió en agosto con un bono extraordinario de apenas $50.000.
Buenos Aires – 7 Agosto 2026 – Total News Agency – TNA – La Argentina comenzó finalmente a recuperar algunas capacidades militares después de décadas de postergación, pero la política de reequipamiento impulsada por el Gobierno de Javier Milei enfrenta una contradicción que amenaza con convertir modernos sistemas de armas en capacidades difíciles de sostener: mientras llegan aviones, vehículos y nuevos medios, el recurso humano que debe operarlos continúa sometido a salarios extremadamente bajos, restricciones presupuestarias y una cobertura sanitaria todavía afectada por la crisis heredada del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA).
El ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, atraviesa así uno de los momentos más delicados desde su llegada al cargo.
El malestar se hizo especialmente visible después de que el Gobierno dispusiera mediante los decretos 695/2026 y 696/2026 un bono extraordinario de $50.000, remunerativo y no bonificable, por única vez, para personal militar en actividad y fuerzas federales. La medida será abonada junto con los haberes de agosto y fue presentada oficialmente como un mecanismo destinado a “mantener los estándares adquisitivos” de las remuneraciones.
Dentro de las unidades, sin embargo, la cifra fue recibida con evidente decepción.
Cincuenta mil pesos representan apenas una fracción del deterioro acumulado por los salarios militares y resultan todavía más llamativos cuando se comparan con el costo que implica formar y retener personal altamente especializado.
El ejemplo más contundente aparece en la Fuerza Aérea Argentina (FAA).
El programa Peace Cóndor permitió que pilotos argentinos comenzaran este año a volar solos los F-16 Fighting Falcon adquiridos a Dinamarca, recuperando una capacidad supersónica perdida durante años. El Ministerio de Defensa confirmó en julio nuevas certificaciones dentro del programa de instrucción, mientras la formación de pilotos y técnicos continúa con apoyo especializado internacional.
Pero los hombres a quienes el Estado entrega aviones de combate valuados en decenas de millones de dólares perciben remuneraciones difíciles de compatibilizar con el nivel de entrenamiento, responsabilidad y disponibilidad exigidos.
La escala salarial vigente para agosto fija aproximadamente $1.188.000 para un primer teniente, grado habitual entre los pilotos jóvenes destinados al nuevo sistema, mientras un teniente ronda poco más de $1,09 millón. Incluso incorporando adicionales, la remuneración base continúa siendo baja frente a numerosas actividades civiles.
La comparación resulta particularmente incómoda.
Un vigilador general comprendido en el convenio de seguridad privada percibe actualmente un ingreso bruto conformado de aproximadamente $1.706.800, y la escala correspondiente a agosto lo lleva a alrededor de $1.744.800. Es decir, una persona encargada de tareas de vigilancia privada puede superar ampliamente el haber mensual de un oficial militar entrenado para pilotar uno de los sistemas de armas más sofisticados de la región.
La comparación no desmerece el trabajo de la seguridad privada. Expone otra cosa: el valor que el Estado argentino asigna salarialmente a profesionales cuya formación cuesta años, millones de dólares y que son prácticamente imposibles de reemplazar rápidamente.
Un piloto de combate no se improvisa.
Su preparación comienza mucho antes de acceder a un sistema como el F-16 e incluye años de formación académica, entrenamiento aéreo, simuladores, horas de vuelo y adaptación específica al nuevo avión. Perder uno de esos profesionales porque decide abandonar la carrera militar atraído por mejores salarios civiles implica mucho más que cubrir una vacante: significa perder una inversión estratégica acumulada durante años.
El propio Gobierno promociona al F-16 como uno de los pilares de la modernización militar argentina.
Los primeros vuelos solos de pilotos nacionales fueron presentados oficialmente como un hito histórico y la empresa Top Aces participa en el entrenamiento de pilotos y técnicos para alcanzar la plena capacidad operacional del sistema.
La renovación tampoco se limita a la Fuerza Aérea.
Durante 2026, la Armada Argentina incorporó el remolcador ARA Pampero, construido en Tandanor, destinado a reforzar tareas logísticas, antárticas y de apoyo naval.
El Ejército Argentino, por su parte, avanzó con la incorporación de nuevos camiones militares Mercedes-Benz Unimog 4000. Durante una visita oficial a Alemania, Presti confirmó un programa de incorporación que incluye un lote de 48 más 16 unidades, destinado a mejorar transporte y movilidad táctica.
El reequipamiento resulta necesario y llega después de décadas durante las cuales las Fuerzas Armadas (FFAA) perdieron capacidades aéreas, navales y terrestres.
El problema es que comprar sistemas no equivale automáticamente a recuperar capacidad militar.
Un avión sin horas de vuelo suficientes, un buque sin mantenimiento, un vehículo sin combustible o un especialista que abandona la fuerza porque no puede sostener a su familia forman parte del mismo fenómeno: la diferencia entre poseer material y disponer realmente de poder militar operativo.
Y allí aparece el segundo frente de preocupación para Presti.
En mayo, el Gobierno aplicó mediante la Decisión Administrativa 20/2026 una reducción cercana a los $49.000 millones sobre el presupuesto de Defensa. El ajuste alcanzó programas relacionados con alistamiento operacional, sostenimiento logístico, equipamiento y bienes de capital.
El recorte representa aproximadamente un 2,6% sobre los recursos previstos para la jurisdicción y afectó incluso programas de modernización en marcha. Entre ellos apareció la adquisición de helicópteros Leonardo AW109 para la Armada.
A ello se sumó una modificación todavía más estructural: el Presupuesto 2026 eliminó la obligación legal de destinar el 0,8% del Producto Bruto Interno (PBI) al Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), mecanismo creado precisamente para garantizar una fuente sostenida de financiamiento para el reequipamiento militar.
Esto introduce una contradicción adicional.
El Gobierno anuncia la recuperación de capacidades estratégicas, pero simultáneamente reduce el mecanismo que debía asegurar su continuidad financiera.
El problema no se limita a comprar futuros sistemas. Las partidas operativas determinan cuánto pueden entrenar las unidades, cuántas horas vuelan los aviones, cuánto navegan los buques, cuántos ejercicios realizan las tropas y qué nivel de mantenimiento puede sostenerse.
Las restricciones presupuestarias pueden producir así una situación conocida durante décadas por las FFAA argentinas: equipos técnicamente disponibles pero utilizados por debajo de sus necesidades operativas para preservar combustible, repuestos y horas de vida útil.
A esa dificultad se agrega ahora el capítulo sanitario.
El viejo IOSFA atraviesa su proceso de liquidación después de acumular una deuda que las propias auditorías ubicaron en $122.554 millones al cierre de 2024, equivalente a un incremento real del 179% respecto del ejercicio anterior. La dimensión de la crisis llevó al Gobierno a disolver el organismo mediante el decreto 88/2026 y reemplazarlo por la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y por un sistema separado para las fuerzas federales de seguridad.
Sin embargo, uno de los capítulos más controvertidos terminó esta semana de una manera difícil de explicar para miles de afiliados que padecieron durante años cortes de prestaciones y dificultades para acceder a medicamentos.
El administrador residual del IOSFA, coronel mayor Ariel Guzmán, cerró sin sanciones el sumario administrativo que buscaba determinar responsabilidades por aquella deuda y otro relacionado con presuntas irregularidades en la adquisición de vacunas antigripales.
La resolución sostiene que no se reunieron elementos suficientes para atribuir responsabilidades administrativas, patrimoniales o penales a agentes determinados del organismo.
El resultado es políticamente difícil de digerir: una obra social llegó a acumular un agujero superior a $122.000 millones, sufrió interrupciones de prestaciones, debió ser disuelta y reemplazada por otra estructura, pero la investigación administrativa terminó sin identificar responsables individuales sancionables.
La auditoría atribuyó gran parte del deterioro a factores macroeconómicos, estructurales y al fuerte crecimiento del gasto sanitario.
Atención médica representó aproximadamente el 41% del gasto y registró un crecimiento nominal del 245%, mientras la recaudación se vio golpeada por la caída real de los ingresos provenientes de aportes salariales.
Ahí aparece nuevamente el problema de los sueldos.
La obra social militar se financia fundamentalmente con aportes calculados sobre las remuneraciones del personal. Si los salarios pierden poder adquisitivo, también se deteriora automáticamente una parte esencial del financiamiento sanitario.
El Gobierno decidió separar a militares y fuerzas de seguridad en dos nuevas estructuras y estableció un período de hasta 365 días para completar la liquidación de IOSFA. El decreto reconoce expresamente que el instituto atravesaba un “desequilibrio estructural y desfinanciamiento” que amenazaba la continuidad de las prestaciones.
Guzmán, además, fue designado por Presti administrador del proceso de transición durante 365 días y con carácter ad honorem.
Hay allí otro elemento que generó interrogantes internos: durante parte del período analizado, el propio Guzmán había ocupado funciones gerenciales dentro del organismo y sus descargos fueron incorporados a las investigaciones que posteriormente concluyeron sin sanciones.
El cierre administrativo de esos expedientes podrá ajustarse formalmente a los dictámenes producidos, pero no resuelve el problema político ni el reclamo de los afiliados: si una institución acumuló semejante deuda, ¿cómo pudo ocurrir sin que ninguna conducta administrativa individual mereciera sanción?
Ese interrogante se suma al de los salarios.
El ministro Presti ha definido 2026 como un año de modernización y sostiene que la Argentina necesita Fuerzas Armadas modernas y tecnológicamente avanzadas. La incorporación de los F-16, los Unimog, nuevos medios navales y otros proyectos confirma que existe una recuperación material que sería absurdo negar.
Pero la modernización puede terminar siendo incompleta si no alcanza al personal.
Un país puede comprar el mejor avión disponible dentro de sus posibilidades presupuestarias, pero si el piloto entrenado para volarlo gana menos que un vigilador privado, el problema estratégico no desapareció: simplemente cambió de forma.
Lo mismo ocurre con técnicos, mecánicos aeronáuticos, submarinistas, especialistas electrónicos, ingenieros, médicos militares y profesionales que poseen conocimientos demandados también por el sector privado.
La experiencia internacional demuestra que la retención del recurso humano especializado constituye uno de los componentes más costosos de cualquier sistema de defensa.
Argentina está invirtiendo nuevamente en tecnología después de décadas de deterioro. El desafío de Presti es impedir que esa inversión conviva con otra pérdida silenciosa: la del personal capacitado para utilizarla.
El bono de $50.000 difícilmente resuelva ese problema.
Representa poco más del 4% del haber mensual de un primer teniente y apenas alcanza para reducir marginalmente una brecha salarial que ya puede medirse comparando a un piloto de caza con un trabajador de seguridad privada.
La recuperación de la Defensa argentina, por lo tanto, no se decidirá únicamente en la llegada de nuevos aviones, camiones o buques.
También se definirá en los cuarteles, bases aéreas y unidades navales donde quienes deben operar esos medios observan que el Estado invierte millones en capacitarlos pero todavía no consigue pagarles un salario acorde con la responsabilidad estratégica que deposita sobre ellos.
