El Tribunal Oral Federal N°2 ordenó nuevos embargos sobre propiedades vinculadas a Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia para impedir que los activos queden fuera del alcance del decomiso de $684.990 millones establecido por la condena firme en la causa Vialidad. La medida alcanza el departamento de San José 1111 donde la ex presidente cumple prisión domiciliaria, inmuebles del Madero Center, el Hotel La Aldea de El Chaltén y otras propiedades de Hotesur y Los Sauces en Santa Cruz, además de activos de sociedades relacionadas con Lázaro Báez. El tribunal recordó que existe una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada y que la consecuencia patrimonial permanece incumplida, mientras la Justicia avanza sobre dos universos de bienes: los 111 ya identificados para eventual ejecución y una segunda tanda de activos cuya disponibilidad busca preservar cautelarmente.
Buenos Aires – 12 Agosto 2026 – Total News Agency – TNA.- La ejecución patrimonial de la condena por la causa Vialidad dio este miércoles otro paso de enorme impacto político y económico cuando los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, integrantes del Tribunal Oral Federal N°2 (TOF 2), dispusieron embargos preventivos sobre un nuevo conjunto de inmuebles, vehículos y activos relacionados con los condenados y con sociedades que, según la sentencia, recibieron beneficios provenientes de la maniobra defraudatoria desarrollada alrededor de la obra pública vial en Santa Cruz.
El dato de mayor impacto simbólico es la inclusión del departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Monserrat, donde Cristina Kirchner cumple actualmente los seis años de prisión domiciliaria impuestos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. El inmueble pertenece a Los Sauces S.A., una de las sociedades de la familia Kirchner, y su embargo no modifica por ahora las condiciones de detención ni obliga a la ex presidente a abandonar la vivienda, porque la resolución busca inmovilizar el activo mientras se determina si finalmente será ejecutado para satisfacer el decomiso.
La medida fue solicitada por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes intervienen en la etapa de ejecución de la sentencia y reclamaron preservar los bienes mientras continúa el procedimiento destinado a recuperar los $684.990.350.139,86 que los condenados deben afrontar solidariamente. Esa cifra surge de la actualización realizada por peritos contadores de la Corte Suprema de Justicia sobre los aproximadamente $84.835 millones establecidos originalmente en la sentencia de diciembre de 2022. El máximo tribunal dejó firme el 2 de julio pasado la actualización del monto al rechazar los últimos planteos dirigidos contra ese cálculo.
“Existe una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada que impuso una consecuencia patrimonial concreta, actualmente exigible y todavía insatisfecha”, sostuvo el TOF 2, que agregó que la existencia del decomiso, su extensión económica y la obligación de avanzar sobre el patrimonio de los condenados son cuestiones definitivamente establecidas. Los jueces remarcaron que ya no se está procurando garantizar una eventual condena futura, sino asegurar la capacidad efectiva del Estado para ejecutar una decisión judicial firme.
El proceso patrimonial presenta actualmente dos frentes que conviene diferenciar. Por un lado existen 111 bienes que fueron previamente individualizados para tasación y eventual remate: 20 vinculados con la familia Kirchner, 85 relacionados con Lázaro Báez y sus empresas y otros seis correspondientes al resto de los condenados. La Cámara Federal de Casación Penal avaló el criterio utilizado para seleccionar esos activos, aunque las defensas presentaron planteos contra aspectos específicos de aquella ejecución que llegaron a la Corte Suprema. En paralelo, el tribunal analiza una segunda tanda de bienes —que distintas actuaciones elevan a 144 entre propiedades y vehículos, además de participaciones societarias— y sobre parte de ese universo recaen los embargos preventivos conocidos ahora.
El tribunal avanzó especialmente sobre bienes pertenecientes a Hotesur S.A. y Los Sauces S.A., sociedades cuyos paquetes accionarios terminaron en manos de Máximo Kirchner y Florencia Kirchner. Ambos hijos de la ex presidente no fueron condenados en la causa Vialidad, pero los jueces señalaron que el artículo 23 del Código Penal permite alcanzar bienes de personas jurídicas que se hubieran beneficiado con el producto o provecho de un delito e incluso activos transmitidos gratuitamente a terceros cuando concurren los presupuestos previstos por la norma.
El fundamento utilizado por el TOF 2 remite directamente a la sentencia condenatoria. Allí se estableció que el dinero proveniente de la maniobra defraudatoria generó beneficios económicos directos para Lázaro Báez e indirectos para la familia Kirchner, y que durante el mismo período existió entre ambos grupos una conexión económica expresada a través de alquileres, explotación hotelera, contratos y emprendimientos realizados mediante firmas de Báez y sociedades como Los Sauces y Hotesur.
Además de San José 1111, el embargo comprende un dúplex y cinco cocheras del Complejo Madero Center, en Puerto Madero, junto con otro departamento, dos cocheras y una baulera en el mismo complejo. Según consta en la resolución difundida este miércoles, aquellos inmuebles tuvieron como único inquilino a Cristóbal López, otro de los empresarios que mantuvo vínculos comerciales con el universo societario kirchnerista.
En Santa Cruz, el listado incluye el Hotel La Aldea del Chaltén, asentado sobre un terreno de casi 2.000 metros cuadrados en El Chaltén, además de propiedades de El Calafate y Río Gallegos. Entre ellas aparecen inmuebles ubicados en Alvear 395, Moreno 882, 25 de Mayo 66, Mascarello 441 y terrenos en el departamento Lago Argentino, además de una propiedad sobre la avenida Costanera Presidente Néstor Kirchner.
El avance judicial no se limita al patrimonio de la familia Kirchner. La resolución también ordenó embargar un inmueble de Kank y Costilla S.A. y dos propiedades de Loscalzo y Del Curto S.R.L., empresas adquiridas por Lázaro Báez que, junto con Austral Construcciones, integraron el conglomerado beneficiado por las adjudicaciones de obra pública vial investigadas en el juicio. También fue alcanzado otro inmueble santacruceño que formalmente se encuentra sometido a un proceso sucesorio pero que, según la información incorporada al expediente, había sido adquirido por Báez en 2005.
La decisión incluye además la renovación de embargos sobre nueve vehículos relacionados con Cristina Kirchner, Lázaro Báez y el ex secretario de Obras Públicas José López, entre ellos camionetas BMW, Land Rover, Dodge y Chrysler, además de un Torino GS considerado vehículo de colección. Sobre López también pesan medidas respecto de una embarcación y dos inmuebles ubicados en Chicligasta, Tucumán.
Dentro de esta segunda etapa aparece además un activo de particular relevancia: los más de US$5 millones atribuidos a Florencia Kirchner que fueron encontrados años atrás en una caja de seguridad del Banco Galicia durante la investigación de Hotesur. El TOF 2 pidió información actualizada a la entidad bancaria para establecer cuál es actualmente la situación de esos fondos y si existen otros depósitos o activos relacionados.
La causa Vialidad investigó el direccionamiento de 51 procesos licitatorios de obra pública nacional en Santa Cruz entre 2003 y 2015 hacia empresas del Grupo Austral, perteneciente a Lázaro Báez. La sentencia condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y aplicó también penas a Báez, Nelson Periotti, José López y otros responsables, fallo que terminó firme después de la intervención de la Corte Suprema.
El decomiso constituye una consecuencia adicional y diferente de la pena de prisión. Después de quedar firme la condena, el tribunal intimó a los responsables a depositar solidariamente los $684.990 millones establecidos por los peritos judiciales; como ese pago no se produjo, comenzó la identificación de propiedades, sociedades, vehículos, dinero y otros activos que pudieran ser realizados para recuperar al menos una parte del perjuicio económico fijado en la sentencia.
La importancia de los nuevos embargos radica precisamente en que alcanzan bienes que no necesariamente serán rematados de manera inmediata, pero cuya disponibilidad queda restringida para evitar ventas, transferencias, gravámenes o movimientos patrimoniales que impidan una futura ejecución. En el caso de Hotesur y Los Sauces, el tribunal deberá determinar definitivamente cuáles de sus propiedades quedan comprendidas dentro del decomiso, mientras los registros continuarán inmovilizados por orden judicial.
La resolución coloca así dentro de la ejecución de Vialidad algunos de los activos más emblemáticos de la estructura patrimonial construida alrededor de la familia Kirchner, desde los departamentos de Puerto Madero hasta los hoteles y terrenos de Santa Cruz. El departamento de San José 1111 concentra inevitablemente la atención porque es al mismo tiempo propiedad de Los Sauces, bien sujeto a embargo y lugar donde la ex presidente cumple su condena, aunque cualquier eventual remate dependerá de la decisión definitiva que adopte el tribunal cuando complete el análisis sobre los activos susceptibles de decomiso.
Fuentes consultadas: resolución del Tribunal Oral Federal N°2, actuaciones de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Cámara Federal de Casación Penal, La Nación, TN, Infobae y antecedentes judiciales de la causa Vialidad.
