Un video difundido por El Observador 107.9 volvió a encender la alarma sobre la Reserva Natural de Ciudad Evita, donde vecinos denuncian construcciones sobre humedales, ocupaciones irregulares y un basural a cielo abierto dentro o en sectores vinculados con un área que el propio Municipio de La Matanza declaró protegida en 2015. El problema no es nuevo: FARN advirtió hace años sobre loteos, rellenos, desmontes e incendios, mientras organizaciones locales sostienen que las ocupaciones continúan avanzando. El contraste resulta particularmente llamativo porque en abril pasado el Municipio informó que había desmantelado edificaciones ilegales, retirado materiales y establecido patrullajes permanentes para impedir nuevas intrusiones.
Buenos Aires – 13 Agosto 2026 – Total News Agency – TNA.- La situación de la Reserva Natural de Ciudad Evita, uno de los principales espacios verdes y humedales del partido de La Matanza, volvió a quedar expuesta luego de que El Observador 107.9 difundiera un informe bajo una definición contundente: “La toma de tierras en Ciudad Evita, La Matanza: construcciones sobre humedales y basurales a cielo abierto en una reserva natural”.
El episodio adquiere mayor gravedad porque no se trata de un terreno baldío sin protección normativa. La Reserva Natural Municipal de Ciudad Evita fue creada mediante la Ordenanza 24.247/2015 y comprende 287,8 hectáreas dentro de la Cuenca Matanza-Riachuelo, donde conviven humedales, bosques y pastizales con funciones ambientales esenciales para una región densamente urbanizada. El propio Municipio reconoce oficialmente que el objetivo de la reserva es proteger los bienes ecosistémicos de la localidad.
A esa protección ambiental se suma un valor histórico singular. Los terrenos ocupados por Ciudad Evita fueron declarados Lugar Histórico Nacional mediante el Decreto 1110/1997, que incorporó la localidad al patrimonio histórico nacional por las características excepcionales de su planificación urbana.
La cuestión de las ocupaciones tampoco apareció con el informe difundido esta semana. Ya en 2020, vecinos consiguieron impedir una toma dentro de la reserva en un predio ubicado entre el río Matanza y la Ruta Provincial 21. En aquella ocasión, familias habían comenzado a delimitar parcelas hasta que intervinieron la Policía y la Justicia. El mismo sector había sufrido un conflicto similar durante 2019.
Las advertencias ambientales son todavía más antiguas y sistemáticas. En 2022, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) denunció el avance de maquinaria sobre el humedal, bosque y pastizal de Ciudad Evita, junto con intentos de tomas, descarga de áridos, elevación artificial de terrenos, pavimentaciones, incendios y desmontes. Según la organización, esas actividades podían facilitar futuros loteos y construcciones.
Ese punto resulta particularmente delicado porque la reserva se encuentra sobre la planicie de inundación del río Matanza. FARN explicó que son terrenos bajos, con poca pendiente y sometidos a anegamientos recurrentes. Rellenar esos espacios, elevar artificialmente el suelo o reemplazar áreas absorbentes por construcciones no sólo destruye biodiversidad: también puede alterar el comportamiento natural del agua y trasladar el problema de las inundaciones hacia otros sectores urbanizados.
La literatura académica coincide con esa caracterización. Un trabajo incorporado al repositorio del CONICET analizó específicamente la Reserva Natural de Ciudad Evita y señaló que, pese a su creación formal en 2015, durante años existieron dificultades para transformar esa declaración en una protección efectiva, al mismo tiempo que crecieron las disputas territoriales relacionadas con la demanda de suelo urbano y vivienda.
Las nuevas denuncias se concentran también en la existencia de un basural a cielo abierto sobre la calle El Pindó, próximo al Puente Querandí. En julio, vecinos y organizaciones ambientalistas dijeron al medio local El Nacional de Matanza que el depósito de residuos continuaba creciendo y generaba contaminación y proliferación de roedores. Los denunciantes aclararon que parte de la basura estaría vinculada con actividades desarrolladas en el sector y otra parte sería arrojada por particulares que aprovechan la falta de control permanente.
En el mismo conflicto aparece desde hace años una fundación de origen coreano. Referentes de la Unión Vecinal Circunscripción Cuarta sostienen que esa institución habría comenzado ocupando una porción reducida del predio y posteriormente habría expandido construcciones. Representantes vinculados con la entidad, en cambio, afirmaron en anteriores oportunidades contar con títulos de propiedad y haber adquirido legalmente las tierras. La situación dominial continúa siendo uno de los puntos controvertidos y las denuncias vecinales reclaman que la Justicia establezca definitivamente qué parcelas corresponden a privados y cuáles forman parte del patrimonio público o del área protegida.
El contraste con la información oficial resulta inevitable.
En abril de este año, la Municipalidad de La Matanza anunció públicamente un operativo en la reserva y aseguró que había logrado “desmantelar edificaciones ilegales” y retirar materiales de construcción de un sector en el que previamente habían sido talados árboles. El Gobierno local informó además que había detectado camiones intentando descargar residuos y sostuvo que funcionaba un esquema de patrullaje permanente destinado a evitar intrusiones.
El Municipio detalló incluso que en esos controles participaban la Subsecretaría de Ambiente de La Matanza, Espacios Públicos, la Guardia Urbana, la Policía Ecológica, la Policía bonaerense y las delegaciones municipales de Ciudad Evita. También habilitó una línea confidencial para denunciar ocupaciones y actividades que dañaran los espacios naturales.
Cuatro meses después, sin embargo, el informe difundido por El Observador vuelve a hablar de construcciones, tomas y basura en la misma zona. Esa persistencia obliga a preguntar cuál fue el resultado concreto de los operativos anunciados, qué sectores fueron efectivamente recuperados, cuántas construcciones fueron removidas, cuántas causas judiciales se promovieron y por qué un área oficialmente sometida a patrullaje continúa generando denuncias semejantes.
No es una discusión menor sobre la utilización de terrenos públicos. El propio Municipio define al sector como una pieza de protección ambiental para los humedales de la Cuenca Matanza-Riachuelo y proyecta en su entorno un parque de más de cien hectáreas destinado a salvaguardar sus bienes ecosistémicos. Al mismo tiempo reconoce que la ribera presenta áreas inundables ocupadas, déficits de infraestructura y un “pasivo socioambiental” que requiere intervención urgente.
El conflicto resume así dos problemas que durante años avanzaron juntos en el conurbano: la crisis habitacional y la ausencia de protección efectiva de tierras ambientalmente sensibles. Resolver el primero ocupando humedales no elimina la precariedad urbana; puede crear asentamientos en terrenos inundables, sin infraestructura suficiente y sobre ecosistemas cuya destrucción termina aumentando el riesgo para quienes viven allí y para los barrios circundantes.
El nuevo video no inaugura la denuncia. Lo que hace es devolver visibilidad a un conflicto documentado por vecinos, organizaciones ambientales, investigadores y por el propio Municipio durante más de una década. La cuestión que queda ahora bajo responsabilidad de las autoridades de La Matanza y de los organismos con competencia ambiental y judicial es explicar cómo, después de declarar la zona reserva natural, anunciar operativos, derribar construcciones ilegales y establecer patrullajes permanentes, todavía pueden reaparecer denuncias sobre edificaciones, rellenos y basurales dentro de uno de los humedales que esas mismas normas obligan a preservar.
