Lima – 22 de agosto de 2026 – Total News Agency – TNA – El paro de transporte público convocado para el próximo martes 25 de agosto en Lima y Callao continúa en pie pese a la reunión que mantuvo este sábado la presidenta Keiko Fujimori con representantes del sector en la sede del Ministerio del Interior (Mininter). Los principales gremios que impulsan la protesta denunciaron que no fueron invitados al encuentro y acusaron al Gobierno de intentar dividir a los transportistas, mientras estiman que unas 15.000 unidades podrían dejar de circular durante 24 horas en reclamo por la ola de extorsiones, asesinatos y ataques que afecta a choferes, cobradores, empresarios y pasajeros.
La medida es impulsada por organizaciones agrupadas en la Unión Gremial de Lima y Callao, entre ellas la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra). Sus voceros sostienen que las entidades adherentes representan una porción mayoritaria del transporte regular metropolitano y que el denominado “apagado de motores” alcanzará numerosos distritos de la capital peruana y el primer puerto. Algunas estimaciones gremiales elevan la adhesión a más del 80% de las rutas regulares, aunque otros sectores anticiparon que continuarán prestando servicio.
El presidente de Anitra, Martín Valeriano, confirmó que su organización no participó de la reunión encabezada por Fujimori y cuestionó que el Ejecutivo haya convocado a asociaciones que no forman parte de la organización del paro. Para el dirigente, cualquier entendimiento alcanzado este sábado difícilmente pueda ser asumido como representativo por quienes resolvieron la paralización. “El paro va sí o sí” si los convocantes no son recibidos, advirtió, mientras denunció que el Gobierno estaría procurando fragmentar al sector en lugar de discutir directamente las demandas de quienes promueven la protesta.
La reunión oficial contó además con la participación del ministro del Interior, César Astudillo; el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde; el titular de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey; y el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola. Los transportistas que acudieron al encuentro posteriormente anunciaron que no participarían de la medida de fuerza del martes, profundizando las diferencias internas que ya existían entre las asociaciones empresarias y gremiales.
Entre quienes rechazan el paro aparece el Consorcio de Empresas de Transporte del Perú (Conet Perú), cuyo presidente, Julio Raurau, aseguró que entre 200 y 300 empresas mantendrían sus unidades en circulación y cuestionó la falta de coordinación previa entre las organizaciones. Esa decisión, sin embargo, no modificó hasta ahora la postura de Anitra ni de las agrupaciones que anunciaron la protesta.
Detrás de la disputa gremial existe una crisis de seguridad que excede ampliamente el conflicto político de esta semana. El Ministerio Público contabilizó 214 atentados relacionados con presuntas extorsiones contra el transporte público en Lima Metropolitana y Callao entre agosto de 2024 y mayo de 2026. Esos ataques dejaron 283 víctimas: 152 muertos y 131 heridos.
Los gremios aseguran que la violencia continuó creciendo durante 2026. Valeriano sostuvo esta semana que la cantidad de muertos vinculados al sector ya habría superado los 160 y afirmó que prácticamente todas las empresas se encuentran sometidas de alguna manera al pago de “cupos” exigidos por bandas criminales. Entre los casos utilizados para fundamentar el paro aparece el asesinato, el 6 de agosto, de Eugenio Benítez Tacanga, gerente general de la empresa Corazón de Jesús de San Diego, en el distrito de Los Olivos.
La mecánica extorsiva se ha convertido en un negocio sistemático: amenazas telefónicas, mensajes, explosivos, disparos contra unidades y asesinatos son utilizados para forzar pagos periódicos a empresarios y trabajadores. Apenas dos días atrás, la PNP informó la desarticulación de una organización denominada “Los Patrones del Cupo”, acusada de extorsionar comerciantes, transportistas y mototaxistas en San Martín de Porres, Los Olivos y Callao. Durante el operativo fueron secuestradas armas, explosivos y teléfonos celulares, y los investigadores vinculan a algunos de sus integrantes con ataques contra empresas de transporte y homicidios cometidos durante julio.
El gobierno de Fujimori, que asumió el 28 de julio, hizo de la seguridad uno de sus principales compromisos y lanzó el Plan Escudo, una estrategia que combina presencia policial y militar, patrullajes, inteligencia y protección de terminales, patios de maniobras y rutas consideradas de riesgo. El Mininter informó que más de 4.000 policías fueron desplegados en Lima Metropolitana, con apoyo de las Fuerzas Armadas, y que algunas unidades fueron interconectadas con la central de emergencias 105 de la PNP.
Para los gremios convocantes, ese dispositivo resulta insuficiente porque concentra buena parte de la presencia policial y militar en terminales y paraderos, mientras los asesinatos y atentados se producen también durante los recorridos. Reclaman mayor inteligencia criminal, cambios en la conducción de las fuerzas de seguridad, modificaciones legales para combatir la extorsión, cámaras de vigilancia dentro de los colectivos y mecanismos de indemnización para las familias de conductores asesinados.
El conflicto se convirtió así en uno de los primeros desafíos sociales de magnitud para la administración de Fujimori. El jefe del gabinete, Luis Galarreta, presentó esta semana ante el Congreso una política de seguridad basada en endurecimiento penitenciario, mayor participación de las Fuerzas Armadas y reformas legislativas contra el crimen organizado, mientras el Ejecutivo busca demostrar resultados inmediatos frente a organizaciones que consiguieron convertir el cobro de cupos en una estructura económica paralela dentro del transporte urbano.
Los gremios que impulsan la medida volverán a reunirse el lunes 24 para definir los últimos aspectos operativos y dejaron una puerta abierta únicamente ante una convocatoria directa de Fujimori que incluya a los organizadores de la protesta y permita discutir una estrategia concreta contra el sicariato y la extorsión. Sin ese encuentro, miles de unidades permanecerán con los motores apagados el martes y la crisis de seguridad que comenzó en los colectivos terminará afectando de manera directa la movilidad de millones de habitantes de Lima y Callao.
Fuentes consultadas: Ministerio del Interior del Perú, Ministerio Público, Policía Nacional del Perú, Agencia Andina, Gestión, Perú21, La República, Infobae Perú y declaraciones de representantes de Anitra y organizaciones del transporte.
