La negociación por el Salario Mínimo, Vital y Móvil terminó sin acuerdo y con la CGT y las dos CTA fuera de la reunión. Las centrales reclamaron llevar el piso a $911.000 de inmediato y a $993.000 en diciembre, mientras el sector empresario propuso una secuencia de aumentos que recién llevaría el mínimo a unos $468.000 en abril de 2027. El salario vigente es de $376.600 y perdió 40,5% de poder adquisitivo desde noviembre de 2023, según el IIEP de la UBA. El Gobierno, que paralelamente impulsa un salario garantizado de convenio de alrededor de $1.070.000 brutos, deberá ahora fijar unilateralmente el nuevo SMVM.
Buenos Aires – 28 de agosto de 2026 – Total News Agency – TNA – El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil terminó este viernes sin acuerdo y dejó nuevamente en manos del gobierno de Javier Milei la definición unilateral del piso salarial. La distancia entre trabajadores y empresarios fue tan amplia que la CGT, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores abandonaron la negociación después de rechazar una propuesta patronal que contemplaba una suba de 1,8% en septiembre y aumentos del 1,7% mensual desde octubre hasta abril de 2027, esquema que llevaría el salario mínimo desde los actuales $376.600 hasta aproximadamente $468.000 recién dentro de ocho meses.
Las centrales sindicales llegaron con una posición común sustancialmente superior: reclamaron llevar el SMVM a $911.000 como recomposición inicial y alcanzar $993.000 en diciembre de este año, casi tres veces el valor vigente. La diferencia superior a medio millón de pesos entre ambas posiciones hizo imposible cualquier aproximación y convirtió la reunión técnica en el prólogo de un fracaso anunciado. Los representantes sindicales decidieron no continuar hacia el plenario y dejaron al Gobierno y a los empresarios sin posibilidad práctica de construir el consenso requerido por el organismo tripartito.
El conflicto no se limitó a las cifras. La reunión se realizó nuevamente de manera virtual pese a que las dos CTA habían enviado días antes una carta documento a Claudia Testa, presidenta del Consejo, reclamando que la discusión fuera presencial. Hugo Yasky y Hugo “Cachorro” Godoy sostuvieron que una negociación de esa importancia requería debate directo entre las partes y cuestionaron que la modalidad remota impidiera el funcionamiento real del diálogo social. La CGT acompañó posteriormente esa crítica y sus representantes señalaron que ni siquiera participó personalmente el secretario de Trabajo, Julio Cordero, mientras por la Unión Industrial Argentina (UIA) tampoco estuvo su presidente, Martín Rappallini.
El cotitular de la CGT Jorge Sola calificó como insuficiente la propuesta empresaria y sostuvo que el ofrecimiento no permitía siquiera discutir una recomposición significativa del poder adquisitivo. Cristian Jerónimo, otro integrante de la conducción cegetista, la describió como “irrisoria”. Las tres centrales analizan ahora llevar el conflicto ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), no sólo por el nivel salarial sino también por la forma en que, según denuncian, el Gobierno administra una institución que fue creada precisamente para negociar de manera tripartita entre el Estado, los trabajadores y los empleadores.
La ruptura obliga al Ejecutivo a repetir el mecanismo utilizado a fines de 2025. En diciembre pasado, ante otro desacuerdo dentro del Consejo, la Secretaría de Trabajo fijó unilateralmente mediante la Resolución 9/2025 un cronograma de diez aumentos que llevó el salario mínimo desde $328.400 en noviembre de 2025 hasta los actuales $376.600 desde el 1º de agosto de 2026, con un valor horario de $1.883 para trabajadores jornalizados. Aquella secuencia fue decreciente en términos porcentuales y no logró impedir que el salario básico continuara perdiendo frente a la inflación.
Los datos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA-CONICET (IIEP) muestran la magnitud del deterioro. Entre noviembre de 2023 y julio de 2026 el salario mínimo perdió 40,5% de poder adquisitivo, una caída que lo llevó en términos reales a un nivel inferior al registrado en 2001, antes del colapso de la convertibilidad. Respecto del máximo histórico alcanzado en septiembre de 2011, la erosión llega aproximadamente al 67%, de manera que el piso salarial actual representa apenas un tercio del poder de compra que tuvo entonces.
La comparación también exhibe una contradicción económica cada vez más difícil de sostener. Mientras el SMVM se ubica en $376.600, el propio Gobierno comenzó a impulsar en la negociación de convenios colectivos un “salario mínimo garantizado” de alrededor de $1.070.000 brutos para agosto, destinado a fijar un piso para categorías que quedaron muy rezagadas. La propuesta no supone convertir esa cifra en el nuevo salario mínimo nacional, porque debería ser acordada sector por sector entre sindicatos y cámaras empresarias, pero deja expuesta la distancia entre el valor legal del SMVM y lo que la propia Secretaría de Trabajo considera necesario como remuneración mínima dentro de determinados convenios.
Esa diferencia es central. Los $376.600 vigentes representan aproximadamente un tercio del salario garantizado de convenio que busca promover el Ejecutivo. La CGT y las CTA se ubicaron en un punto intermedio al reclamar $993.000 para diciembre, mientras los empresarios propusieron una trayectoria que mantendría el SMVM por debajo de los $500.000 incluso en abril del año próximo. El resultado es que las tres partes ya no discuten sobre porcentajes marginalmente diferentes sino sobre modelos salariales separados por cientos de miles de pesos.
El Gobierno intenta además modificar el papel que cumple el salario mínimo dentro de la economía. Fuentes oficiales sostienen que el objetivo es reducir su incidencia como referencia automática sobre prestaciones sociales y negociaciones paritarias y trasladar una parte mayor de la discusión salarial hacia los convenios colectivos de cada actividad. Esa estrategia explicaría el impulso al salario garantizado sectorial de más de un millón de pesos mientras el SMVM nacional permanece considerablemente más bajo.
Pero el salario mínimo continúa teniendo consecuencias directas fuera del universo de los trabajadores que efectivamente cobran ese monto. Funciona como referencia para salarios informales, fija parámetros en distintos programas y determina los pisos y techos de la prestación por desempleo, cuyo cálculo se vincula con la mejor remuneración mensual del trabajador durante los seis meses previos al cese. Por ello, mantenerlo deprimido tiene efectos sobre una franja considerablemente mayor que la de los empleados registrados alcanzados directamente por el valor legal.
El deterioro salarial ocurre además en un mercado laboral que muestra señales negativas. El último informe del IIEP calculó que desde noviembre de 2023 se perdieron más de 240.000 puestos de trabajo asalariado formal privado y que la cantidad de ocupados registrados del sector privado volvió a niveles similares a los de una década atrás. Industria y comercio continúan concentrando buena parte de la pérdida de empleo, mientras incluso sectores con crecimiento de actividad no siempre consiguen traducir esa expansión en incorporación de trabajadores.
La remuneración promedio registrada tampoco muestra una recuperación homogénea. Después de algunas mejoras parciales, los salarios privados volvieron a sufrir retrocesos reales durante 2026 y permanecen por debajo del nivel previo a la asunción de Milei. Esa combinación entre menor empleo formal y pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo explica la dureza con la que las centrales llegaron a la negociación de este viernes.
El sector empresario argumenta, en cambio, que una recomposición hasta los niveles pretendidos por los sindicatos generaría un salto difícil de absorber para pequeñas y medianas empresas, particularmente en actividades de baja productividad y regiones donde los salarios se encuentran muy por debajo de los convenios de los grandes centros urbanos. La discusión expone así una tensión conocida: elevar rápidamente el piso puede mejorar ingresos pero también incrementar costos laborales en empresas debilitadas, mientras mantenerlo artificialmente bajo profundiza la pérdida de poder adquisitivo y reduce su función como verdadero salario “mínimo, vital y móvil”.
El artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo define precisamente al SMVM como la menor remuneración que debe permitir a un trabajador sin cargas de familia cubrir alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión. La distancia entre esa definición legal y los $376.600 actuales se convirtió en uno de los argumentos centrales utilizados por sindicatos y especialistas para cuestionar la política seguida por el Consejo durante los últimos años.
La negociación de este viernes mostró además que el Gobierno enfrenta un problema institucional. El Consejo fue concebido como un espacio tripartito donde Estado, empresarios y trabajadores acuerdan una referencia salarial nacional, pero la reiteración de reuniones sin consenso terminó transformando al laudo oficial en la regla y no en la excepción. Si el Ejecutivo vuelve ahora a fijar unilateralmente una pauta próxima a la propuesta empresaria, los sindicatos interpretarán que la negociación opera sólo como una instancia formal previa a una decisión ya inclinada hacia una de las partes.
El contraste con el salario garantizado de $1.070.000 podría incrementar esa tensión. Si la Secretaría de Trabajo considera razonable promover en los nuevos convenios un piso bruto superior al millón de pesos, deberá explicar cómo ese objetivo convive con un salario mínimo nacional de menos de $400.000 y qué función pretende asignarle en adelante al Consejo. La respuesta puede anticipar una transformación profunda del esquema salarial argentino: un SMVM cada vez menos relevante como referencia para el empleo formal y pisos salariales definidos principalmente mediante negociaciones sectoriales.
La decisión inmediata quedará ahora en manos de Julio Cordero y del Ministerio de Capital Humano. No existe todavía un monto oficial para el nuevo laudo ni un cronograma confirmado, pero la experiencia de diciembre indica que el Gobierno podría optar nuevamente por una sucesión de incrementos mensuales pequeños en lugar de una recomposición de una sola vez. La discusión incluirá además los montos mínimo y máximo de la prestación por desempleo, abordados durante otra audiencia celebrada este viernes.
El fracaso deja finalmente un dato difícil de disimular: mientras Gobierno, empresarios y sindicatos discuten si el salario legal debe acercarse a $468.000, $993.000 o si los convenios deben garantizar más de $1 millón, el SMVM real ya perdió cuatro de cada diez pesos de poder adquisitivo desde noviembre de 2023. El decreto que dicte ahora el Ejecutivo no sólo fijará el próximo monto; también mostrará si la política oficial pretende comenzar a recuperar esa pérdida o consolidar definitivamente al salario mínimo como una referencia cada vez más distante del costo efectivo de vida de un trabajador.
Fuentes consultadas: Secretaría de Trabajo incluida la Resolución 9/2025, IIEP UBA-CONICET, CGT, CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores,
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