Europa ya no discute la inmigración sólo como una cuestión fronteriza. Suecia, Alemania e Italia muestran cómo el control migratorio, la identidad y la seguridad están reorganizando la competencia política, mientras las instituciones europeas advierten que la migración también puede ser instrumentalizada dentro de estrategias híbridas. El riesgo no está únicamente en quién cruza una frontera, sino en la capacidad de las fracturas internas para modificar gobiernos, alianzas y decisiones estratégicas.
Por Sandra Mossayebeh
Europa está descubriendo que una frontera puede ser al mismo tiempo una línea territorial, una vulnerabilidad estratégica y una fuerza electoral. La inmigración, tratada durante décadas como una cuestión humanitaria, laboral o administrativa, se ha convertido en uno de los grandes organizadores de la competencia política europea. Suecia acaba de votar con el control migratorio como uno de los ejes del debate, Alemania ha asistido a un resultado histórico de la derecha radical en Sajonia-Anhalt e Italia observa el ascenso de una fuerza que intenta desplazar todavía más hacia la derecha al espacio conservador. Los tres procesos son distintos, pero exponen un mismo problema político cuando el Estado pierde credibilidad para controlar sus fronteras y administrar la integración.
Suecia ofrece uno de los ejemplos más reveladores porque durante décadas representó una concepción abierta de la inmigración acompañada por un Estado de bienestar sólido. En las elecciones del 13 de septiembre de 2026, el escrutinio preliminar dejó al bloque opositor encabezado por los socialdemócratas con una ventaja mínima de 176 escaños frente a 173 del bloque que sostuvo al primer ministro Ulf Kristersson, con casi el 95 por ciento de los distritos contabilizados al día siguiente. El resultado seguía siendo provisional porque restaban votos anticipados y del exterior, pero los Demócratas de Suecia, decisivos para la mayoría conservadora desde 2022, caían por debajo del 18 por ciento y pasaban al tercer lugar.
Ese retroceso no elimina el giro restrictivo de la política migratoria sueca ni resuelve la contradicción económica que lo acompaña. En 2025 Suecia registró 6.735 solicitudes de asilo, un 30 por ciento menos que el año anterior y el nivel más bajo desde 1984, según datos recogidos por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Al mismo tiempo, en 2024 el 22 por ciento de los empleados mensuales de los municipios y el 20 por ciento de los de las regiones habían nacido en el extranjero. El dilema aparece con claridad. Una parte de la sociedad exige menos inmigración y mayor control sobre la integración, mientras sectores esenciales del bienestar necesitan trabajadores extranjeros.
Alemania muestra una fase más profunda de esa transformación. En las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt del 6 de septiembre, Alternativa para Alemania obtuvo el 43,8 por ciento de los votos frente al 17,2 por ciento de la Unión Demócrata Cristiana y consiguió 39 de los 83 escaños. No alcanzó la mayoría absoluta, pero más que duplicó su resultado de 2021 y quedó a sólo tres escaños de gobernar por sí sola. La dimensión institucional es especialmente sensible porque la organización regional de Alternativa para Alemania fue clasificada en 2023 por la autoridad de protección constitucional del estado como una organización cuya orientación extremista de derecha considera acreditada, una caracterización que el partido rechaza.
La inmigración ocupa un lugar central en su discurso y la disputa sobre la llamada remigración muestra hasta qué punto el lenguaje político se ha endurecido. El canciller Friedrich Merz acusó al partido de utilizar ese concepto como cobertura para una política que, a su juicio, equivaldría a una limpieza étnica basada en el origen de las personas. Alternativa para Alemania sostiene oficialmente que su propuesta se refiere a retornos conformes a derecho de extranjeros obligados a abandonar el país y rechaza expulsiones colectivas de ciudadanos alemanes. Mantener ambas formulaciones es necesario porque el debate también gira alrededor de los límites constitucionales y del significado político de la pertenencia nacional.
Reducir el crecimiento de Alternativa para Alemania a la inmigración sería insuficiente. El partido también cuestiona la política hacia Ucrania y reclama levantar las sanciones contra Rusia, posiciones que Merz utiliza para marcar una frontera política. Un elector que se acerca a esa fuerza por inseguridad, rechazo a la política migratoria o desconfianza hacia las élites puede terminar modificando, mediante su voto, la posición de Alemania sobre Ucrania, Rusia y la arquitectura estratégica europea. Una fractura doméstica puede así proyectarse sobre la defensa, las sanciones y el vínculo transatlántico.
Italia presenta una tercera variante. Giorgia Meloni demostró que una derecha nacional conservadora podía gobernar y combinar un discurso identitario con una política exterior compatible con los compromisos atlánticos de Italia y el respaldo a Ucrania. Esa institucionalización abrió espacio a una alternativa más radical. Roberto Vannacci, exgeneral y antiguo dirigente de la Liga, impulsó Futuro Nacional con un programa que incluye identidad cristiana, remigración, mayores restricciones a la inmigración, obstáculos adicionales para acceder a la ciudadanía y a la reunificación familiar, además de lo que denomina patriarcado mediterráneo. También cuestiona el envío de armas a Ucrania y propone reabrir determinados vínculos energéticos con Rusia.
El dato relevante no es sólo programático. Una medición de Noto difundida a comienzos de septiembre situó a Futuro Nacional en torno al 8 por ciento, por encima de Forza Italia y de la Liga, mientras una supermedia publicada el 10 de septiembre lo colocó en el 7,6 por ciento. Ninguna encuesta anticipa por sí sola una elección, pero una fuerza estable en ese rango puede alterar los incentivos de la derecha gobernante. Meloni debe sostener credibilidad institucional dentro de Europa y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte sin ceder espacio electoral hacia su derecha.
Suecia, Alemania e Italia no representan un único movimiento y sería incorrecto explicar sus transformaciones como un efecto automático de la inmigración. Las causas del malestar incluyen economía, seguridad, desigualdad territorial, identidad, desconfianza institucional y rechazo a las élites tradicionales. Sin embargo, los tres casos revelan una misma vulnerabilidad. Cuando una sociedad percibe que su gobierno ha perdido capacidad para decidir quién ingresa, quién permanece y bajo qué condiciones se integra, la frontera deja de ser únicamente una cuestión administrativa y empieza a convertirse en una cuestión de soberanía.
Es allí donde la discusión sobre la guerra híbrida adquiere relevancia. La expresión no significa que los migrantes sean combatientes ni que todo movimiento irregular constituya una agresión. Significa que un Estado puede utilizar vulnerabilidades sociales, tecnológicas, económicas o migratorias para presionar a otro país sin recurrir a una confrontación militar convencional. La Organización del Tratado del Atlántico Norte incluye la instrumentalización de la migración irregular entre las acciones híbridas atribuidas a Rusia, mientras la Comisión Europea ha descrito la utilización de flujos migratorios por Rusia y Bielorrusia en las fronteras orientales como una herramienta de desestabilización.
La distinción es fundamental porque una persona que intenta cruzar una frontera puede ser víctima de pobreza, persecución o manipulación y formar parte involuntaria de una presión organizada por terceros. Reconocer esa posibilidad no convierte al migrante en enemigo y negarla tampoco lo protege. El objeto del análisis estratégico debe ser quien promueve, facilita o utiliza el movimiento de personas para obtener una ventaja política, no quienes son utilizados dentro de esa operación.
Ceuta muestra por qué esta diferencia importa. Los días 30 y 31 de julio se produjo una entrada irregular de una magnitud excepcional desde Marruecos hacia territorio español. El balance oficial comunicado por el Ministerio del Interior el 4 de agosto cifró en 72.000 las llegadas registradas y señaló que para entonces más de 70.000 de esas personas ya habían salido de la ciudad autónoma. Los documentos desclasificados confirmaron después que el Centro Nacional de Inteligencia había detectado el 29 de julio convocatorias difundidas en dos grupos de redes sociales que sumaban 180.000 seguidores. Esa cifra describía el alcance de la difusión, no una previsión de 180.000 entradas.
Las investigaciones posteriores agregaron una dimensión más delicada. Un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras remitido a la Audiencia Nacional describió la entrada como planificada y situó entre organizadores y ejecutores a personas vinculadas a las fuerzas de seguridad marroquíes. La Guardia Civil informó, por su parte, que las comunicaciones previas no permitían anticipar la dimensión alcanzada. El 8 de septiembre la Audiencia Nacional abrió una investigación penal y la jueza señaló indicios de una gestión favorecedora desde Marruecos y de participación activa de agentes marroquíes. Es una valoración dentro de una causa en curso, no una sentencia definitiva ni una prueba de que el Gobierno de Marruecos hubiera ordenado una operación estatal.
La importancia estratégica de Ceuta no depende de anticipar el resultado de esa investigación. La crisis produjo tensiones institucionales y reabrió interrogantes sobre seguridad, soberanía e inmigración. Una estrategia híbrida no necesita controlar por completo el resultado final para generar efectos. Puede bastar con aumentar la desconfianza, profundizar divisiones existentes y obligar a un gobierno a responder al mismo tiempo a una emergencia fronteriza, una disputa diplomática y una crisis política interna.
Europa ha desarrollado durante décadas una compleja arquitectura para responder a amenazas militares, proteger su mercado y coordinar políticas comunes, pero continúa mostrando dificultades allí donde inmigración, identidad, seguridad y soberanía se superponen. Las fuerzas radicales pueden convertir ese vacío en capital electoral y los actores externos pueden aprovechar tensiones que ya existen sin necesidad de crearlas desde cero. El desafío europeo ya no consiste solamente en proteger las fronteras. Consiste también en impedir que su gestión termine reorganizando desde adentro la legitimidad de los gobiernos, las coaliciones políticas y las decisiones estratégicas del continente.
