Una denuncia penal pide investigar si Luis “Toto” Caputo intervino irregularmente en la aprobación del régimen especial para el proyecto minero Diablillos y si Central Puerto dispuso anticipadamente de información capaz de multiplicar el valor de su inversión en AbraSilver. La energética puso US$25,5 millones, vendió su participación por unos US$163 millones y anunció inmediatamente un dividendo extraordinario de $247.344 millones. La presentación quedó radicada en el juzgado federal que subroga Ariel Lijo.
Buenos Aires – 19 Septiembre 2026 – Total News Agency – TNA- El extraordinario negocio realizado por Central Puerto con su participación en la minera canadiense AbraSilver terminó desembocando en una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y directivos y accionistas de la generadora eléctrica. La presentación reclama que la Justicia determine si funcionarios del Palacio de Hacienda intervinieron irregularmente en la incorporación del proyecto Diablillos, situado entre Salta y Catamarca, al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y si información reservada sobre esa decisión pudo haber sido utilizada para obtener una ventaja económica privada.
La denuncia fue presentada por la abogada Virginia Marta Cassola y quedó radicada en el Juzgado Federal N°11, actualmente subrogado por Ariel Lijo. El escrito menciona como hipótesis a investigar los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, incumplimiento de los deberes de funcionario, defraudación y utilización o suministro indebido de información privilegiada. Por ahora se trata exclusivamente de una denuncia: no existe imputación firme ni resolución judicial que haya determinado que Caputo o los empresarios cometieron alguno de esos delitos.
La secuencia económica que originó las sospechas es contundente. Central Puerto ingresó en AbraSilver en abril de 2024 mediante su subsidiaria Proener, inicialmente con alrededor del 4% del capital. Posteriormente amplió su inversión hasta convertirse, en febrero de 2025, en el mayor accionista individual de la minera con una participación del 9,9%. En total desembolsó aproximadamente US$25,5 millones. AbraSilver confirmó en noviembre de 2025 que había presentado formalmente la solicitud para incorporar Diablillos al RIGI.
El salto decisivo llegó en 2026. El 27 de febrero, el propio Luis Caputo anunció públicamente que el proyecto había sido aprobado para ingresar al régimen, según informó la compañía canadiense. La formalización administrativa se concretó mediante la Resolución 562/2026 del Ministerio de Economía, fechada el 7 de mayo y publicada el 11 de ese mes en el Boletín Oficial. El plan aprobado prevé una inversión de aproximadamente US$764 millones, una planta de procesamiento de oro y plata con capacidad para 3,15 millones de toneladas anuales y beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios de largo plazo previstos por el RIGI.
La propia AbraSilver calificó la aprobación como un hecho que “incrementa sustancialmente” la economía del proyecto y proporciona mayor certidumbre, una expresión empresarial que explica por qué la denuncia pone el foco en el momento en que cada actor conoció la decisión oficial. Después de ingresar al régimen, Diablillos también recibió aprobaciones ambientales provinciales y avanzó hacia la etapa de construcción, mientras sus recursos minerales y perspectivas económicas continuaron ampliándose.
El desenlace financiero llegó el 16 de septiembre. Central Puerto comunicó oficialmente a la Comisión Nacional de Valores, a BYMA y a la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos que había vendido el 100% de su participación en AbraSilver porque había dejado de considerarla estratégica. Según la documentación presentada ante la SEC, la empresa había invertido C$35,74 millones y recibió por la venta C$228,4 millones, obteniendo una diferencia contable de C$192,66 millones. Convertida a dólares estadounidenses, la operación representó aproximadamente US$163,1 millones, frente a una inversión cercana a US$25,5 millones: una diferencia bruta de alrededor de US$137,6 millones, equivalente a multiplicar por más de seis el capital desembolsado.
La operación tuvo una derivación inmediata para los accionistas. Ese mismo día, el directorio de Central Puerto resolvió desafectar parcialmente reservas y distribuir un dividendo extraordinario de $247.344.290.288, equivalente a $164 por acción. La compañía informó además que los accionistas extranjeros podrían cobrar en dólares fuera del país si se cumplían las condiciones cambiarias correspondientes. La distribución quedó programada para el 25 de septiembre.
Es precisamente esa sucesión —inversión, RIGI, valorización, venta y dividendo extraordinario— la que Cassola pide reconstruir judicialmente. La denuncia solicita determinar qué información manejaban Caputo y los restantes funcionarios durante la tramitación, qué reuniones o comunicaciones mantuvieron con representantes de AbraSilver y Central Puerto y si existieron decisiones adoptadas fuera de los procedimientos habituales. También reclama establecer si la energética conoció anticipadamente la aprobación del régimen o sus efectos económicos y si esa información influyó en el momento elegido para conservar o vender las acciones.
El vínculo con Nicolás “Nicky” Caputo, primo del ministro de Economía, requiere una precisión que resulta central. Durante años fue accionista de Central Puerto y llegó a controlar indirectamente una participación minoritaria a través de SADESA, pero vendió sus acciones en diciembre de 2022, antes de la llegada de Javier Milei a la Presidencia y antes de las inversiones en AbraSilver. Por lo tanto, no surge de la documentación pública actual que Nicky Caputo haya obtenido directamente la ganancia producida por esta operación. Central Puerto informó además en 2026 que, después de la reorganización societaria, ninguno de sus accionistas posee una participación controlante.
Lo que deberá determinar Lijo es si el titular de Economía o funcionarios bajo su órbita utilizaron potestades públicas, información reservada o procedimientos regulatorios para otorgar una ventaja ilegítima a determinados privados. El punto resulta especialmente sensible porque la aprobación formal del RIGI dependió precisamente del Ministerio de Economía, cuyo titular fue además quien anunció públicamente la aprobación de Diablillos antes de que apareciera la resolución definitiva.
También deberá distinguirse cuánto de la formidable revalorización de AbraSilver respondió al RIGI y cuánto a otros factores. Durante el mismo período, la compañía consiguió permisos ambientales, amplió recursos minerales, obtuvo nuevos resultados de perforación y avanzó hacia la factibilidad y construcción del proyecto. Por lo tanto, que el ingreso al régimen haya aumentado el atractivo económico de Diablillos —algo que la propia empresa reconoce— no demuestra por sí solo que explique toda la ganancia obtenida por Central Puerto ni mucho menos que haya existido una maniobra ilegal.
El expediente recién comienza, pero coloca por primera vez bajo examen penal un costado particularmente delicado del RIGI: no sólo qué proyectos reciben beneficios extraordinarios del Estado, sino quiénes conocen anticipadamente esas decisiones y si alguien puede convertir esa información en una ganancia privada antes de que el mercado disponga de ella. En un régimen diseñado precisamente para otorgar ventajas fiscales, aduaneras y cambiarias durante décadas, la trazabilidad de las comunicaciones entre funcionarios y empresarios será probablemente mucho más importante para la Justicia que la espectacularidad de los US$137 millones obtenidos en la venta.
Fuentes consultadas: Boletín Oficial de la República Argentina, Ministerio de Economía, Securities and Exchange Commission de Estados Unidos (SEC), Comisión Nacional de Valores, Central Puerto, AbraSilver Resource Corp., La Nación, La Política Online, documentación judicial y antecedentes societarios.
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