La Fiscalía porteña sostiene que el exdiputado y dirigente sindical habría violado la prohibición de acercamiento de 300 metros que le impedía mantener contacto con Candela Arizaga. El presunto encuentro ocurrió en un hotel de Monserrat y abrió una nueva imputación por desobediencia, que se suma a la causa por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género. La restricción sigue vigente y sus abogados renunciaron alegando “desavenencias insalvables”.
Buenos Aires – 19 Septiembre 2026 – Total News Agency – TNA- Las soberbias también caen cuando chocan contra una orden judicial. Facundo Moyano, uno de los herederos políticos y sindicales de la poderosa “famiglia” con un poderoso imperio sindical construido durante décadas alrededor de Hugo Moyano, sumó una nueva imputación después de que la fiscalía porteña considerara que existen elementos para investigar si desobedeció la prohibición expresa que le impedía acercarse a Candela Arizaga. La causa dejó así de concentrarse exclusivamente en el episodio de agosto por el que el exdiputado ya era investigado por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad: ahora deberá responder también por haber presuntamente ignorado una medida judicial cuya vigencia conocía.
La fiscal Florencia Nocerez incorporó el nuevo hecho después de reunir elementos sobre un encuentro que habría ocurrido entre el 31 de agosto y el 11 de septiembre en el Aira Apart Hotel Buenos Aires, ubicado sobre la avenida Belgrano al 500, en el barrio porteño de Monserrat. La Justicia había impuesto a Moyano una prohibición de acercamiento de 300 metros, además de impedirle mantener cualquier tipo de contacto con Arizaga. Para la fiscalía, el dirigente habría incumplido esa condición al encontrarse con ella en una de las habitaciones del establecimiento.
La investigación no se apoya solamente en trascendidos. La fiscalía retiró registros de las cámaras de seguridad del hotel para determinar si efectivamente ambos estuvieron juntos durante el período investigado. Antes de que se formalizara la nueva imputación, el abogado de Arizaga había advertido que, si se comprobaba el contacto, podía abrirse una causa autónoma por desobediencia e incluso evaluarse una medida más severa. La hipótesis terminó avanzando y Moyano quedó formalmente alcanzado por ese nuevo delito.
El dato central es que la prohibición no era desconocida ni ambigua. Había sido impuesta cuando Moyano recuperó la libertad después del episodio del 4 de agosto y constituía una condición expresa mientras se desarrollaba la investigación. La defensa intentó posteriormente que la restricción fuera revisada o levantada, pero la fiscalía mantuvo la medida y volvió a rechazar ese planteo. El supuesto encuentro investigado habría ocurrido, precisamente, mientras la prohibición estaba plenamente vigente.
La secuencia vuelve particularmente delicado el escenario procesal del dirigente. Una cosa es discutir ante la Justicia si corresponde mantener una cautelar; otra, muy distinta, es incumplirla mientras continúa vigente. Esa diferencia explica por qué la causa adquirió ahora un nuevo componente: ya no se investiga solamente lo sucedido entre Moyano y Arizaga durante aquella madrugada de agosto, sino también la conducta posterior del imputado frente a una orden emitida por el Ministerio Público Fiscal.
El expediente original comenzó el 4 de agosto, cuando efectivos de la Policía de la Ciudad encontraron a Arizaga corriendo por la avenida del Libertador, en Belgrano, mientras Moyano iba detrás de ella. De acuerdo con la declaración de uno de los policías que intervino, la joven habría manifestado inicialmente que había sido golpeada y encerrada contra su voluntad. Moyano fue detenido, trasladado a sede judicial y posteriormente recuperó la libertad, aunque quedó investigado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género.
Arizaga modificó posteriormente aspectos centrales de aquella primera versión. Cuando amplió su declaración sostuvo que no recordaba haber denunciado violencia, negó haber sido agredida física o verbalmente por Moyano y atribuyó su estado de confusión al consumo de cocaína durante esa madrugada. También explicó que continuaba vinculada sentimentalmente con el exdiputado. Esas manifestaciones forman parte del expediente, pero no dejaron automáticamente sin efecto las medidas de protección, porque la decisión sobre su continuidad corresponde a la Justicia y no exclusivamente a la voluntad posterior de las partes.
Ahí aparece el elemento que vuelve significativa la nueva imputación. Aun cuando Arizaga quisiera mantener contacto con Moyano, la prohibición judicial seguía vigente. Mientras una cautelar no sea levantada por quien la dictó, el destinatario está obligado a respetarla. Ese principio elemental del funcionamiento judicial es precisamente el que la fiscalía considera que pudo haber sido desoído.
La situación procesal coincidió además con un fuerte cambio en la estrategia defensiva. Alfredo Gascón y Miguel Ángel Molina, hasta esta semana abogados de Moyano, renunciaron a representarlo invocando “desavenencias insalvables en la estrategia de defensa”. Ambos habían intentado que se revisaran las restricciones de acercamiento y contacto, sin éxito. La salida de los letrados se produjo mientras la fiscalía avanzaba sobre el supuesto incumplimiento y mantuvo vigente la perimetral.
La nueva imputación adquiere además una carga simbólica difícil de ignorar. Facundo Moyano pertenece a una familia que durante décadas acumuló poder sindical, político y económico alrededor de Camioneros y otras estructuras gremiales. Ese peso le permitió a los Moyano atravesar gobiernos, administraciones y disputas judiciales manteniendo una influencia pocas veces comparable dentro del sindicalismo argentino. Pero una orden judicial no distingue apellidos ni linajes: cuando impone una distancia determinada, debe cumplirse hasta que sea formalmente revocada.
No corresponde anticipar culpabilidad. Será la fiscalía la que deberá acreditar que el encuentro ocurrió, que Moyano conocía plenamente la vigencia de la medida y que su conducta configuró efectivamente el delito de desobediencia. También la defensa tendrá derecho a discutir las imágenes, las circunstancias del encuentro y cualquier otra prueba incorporada al expediente. Pero la imputación ya existe y constituye un hecho procesal nuevo que agrava la situación del dirigente.
Para uno de los herederos del imperio sindical de los Moyano, el episodio deja una enseñanza menos jurídica que política: el poder acumulado puede condicionar muchas cosas, pero no convierte una orden judicial en una recomendación optativa. La causa que comenzó con una madrugada caótica en Belgrano ahora deberá determinar si, después de recuperar la libertad bajo condiciones expresas, Facundo Moyano creyó que podía administrarlas según su propia voluntad; la fiscalía sostiene que no y, por eso, el expediente ya incorporó una palabra que modifica todo el cuadro: desobediencia.
Fuentes consultadas: TN, La Nación, Infobae, documentación y fuentes de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°3 de la Ciudad de Buenos Aires, antecedentes de la causa iniciada el 4 de agosto y registros judiciales vinculados con las medidas de restricción.
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