El coronel mayor retirado Ariel Guzmán dejó a su sucesor, Gonzalo Secchi, un balance de diez páginas sobre la liquidación de IOSFA que describe aportes desviados hacia las nuevas obras sociales mientras el viejo instituto seguía atendiendo, casi $5.000 millones pendientes de transferencia, unos 350 afiliados de Seguridad todavía sin traspaso y reclamos superiores a $145.000 millones. Días después, Defensa anunció que OSFA asumiría plenamente la atención militar y comenzaría a cancelar una deuda de más de $200.000 millones.
Buenos Aires – 3 Octubre 2026 – Total News Agency – TNA- La disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) y su reemplazo por la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) llegó a una etapa decisiva con una fotografía mucho menos ordenada que la prevista originalmente por el Gobierno: fondos todavía pendientes, prestaciones sostenidas por el organismo que debía desaparecer, pacientes judicializados sin destino definitivo, facturas impagas y reclamos multimillonarios entre organismos estatales.
Ese escenario surge del informe de diez páginas que el coronel mayor retirado Ariel Guzmán entregó el 25 de septiembre a su sucesor, Gonzalo Secchi, luego de presentar la renuncia como administrador encargado de conducir la liquidación.
La salida de Guzmán fue formalizada por la Resolución 671/2026, firmada por el ministro de Defensa Carlos Presti. La norma aceptó su renuncia con efecto desde el 24 de septiembre y designó desde ese mismo día a Secchi como nuevo administrador de IOSFA, con rango de secretario.
El problema central de la transición aparece en el propio diseño del DNU 88/2026, que creó OSFA para las Fuerzas Armadas y OSFFESEG para las fuerzas federales de Seguridad y ordenó liquidar IOSFA dentro de un período máximo de 365 días. El decreto estableció expresamente que IOSFA debía seguir cubriendo tratamientos no susceptibles de interrupción hasta completar cada transferencia y que los costos posteriores debían ser reintegrados por la obra social que asumiera definitivamente a esos afiliados.
En los hechos, ese esquema generó una transición financiera particularmente compleja.
Según el informe de Guzmán, durante mayo y junio IOSFA recibió aproximadamente $81.000 millones correspondientes a diferencias reclamadas en la liquidación de aportes y contribuciones de las Fuerzas Armadas. Ese ingreso permitió cancelar parte de las deudas acumuladas y recomponer algunas prestaciones.
Pero mientras IOSFA continuaba utilizando su red de prestadores, desde el 1 de abril los aportes regulares de las Fuerzas Armadas comenzaron a derivarse directamente a OSFA y, desde el 1 de junio, los correspondientes a las fuerzas de Seguridad pasaron a OSFFESEG.
El resultado fue una anomalía financiera difícil de sostener: IOSFA seguía atendiendo pacientes y acumulando obligaciones mientras dejaba de recibir buena parte del flujo regular que históricamente financiaba esas prestaciones.
Guzmán había fijado inicialmente el 30 de septiembre como fecha límite para sostener la cobertura mediante el convenio transitorio. Sin embargo, el presidente de OSFA, Pablo Plaza, pidió extenderlo hasta fin de año porque la nueva estructura todavía no disponía de todos los contratos prestacionales aprobados. La situación fue comunicada por Guzmán al ministro Presti, advirtiéndole que mantener el esquema podía continuar incrementando el pasivo de una institución que, paradójicamente, debía estar cerrándose.
El informe también revela problemas inmediatos de caja.
Guzmán había solicitado a OSFA un adelanto de $20.000 millones para afrontar gastos de IOSFA. Al 23 de septiembre quedaban pendientes de transferencia exactamente $4.943.069.996,41, de los cuales unos $3.300 millones estaban previstos para salarios, honorarios, cargas sociales y funcionamiento básico. La existencia de ese saldo pendiente fue posteriormente confirmada por otras reconstrucciones de la transición.
A esa cifra se agregaban $1.343 millones correspondientes a cuotas cobradas a adherentes que ya habían sido transferidos administrativamente a OSFA pero cuyos fondos permanecían todavía en IOSFA.
Uno de los puntos más sensibles del documento es la revelación de que Guzmán mantuvo recursos propios de IOSFA depositados en una cuenta de la Sociedad Militar Seguro de Vida, con el argumento de evitar que fueran alcanzados por los numerosos embargos que recibía el instituto. Esos fondos estaban reservados para financiar cierres de farmacias y delegaciones, rescisiones contractuales, asesoramiento jurídico y contable y gastos de personal asociados con la liquidación. El informe indica que había ordenado devolverlos a la cuenta pagadora de IOSFA el 30 de septiembre.
El capítulo asistencial resulta todavía más delicado.
Al momento del cambio de conducción permanecían alrededor de 350 afiliados provenientes de las fuerzas de Seguridad todavía dentro de IOSFA, la mayoría vinculados con expedientes judiciales, tratamientos especiales, discapacidad, medicamentos fuera del Programa Médico Obligatorio o prestaciones de difícil interrupción.
Guzmán atribuyó parte de esas dificultades a la relación con Medicus, prestadora contratada por OSFFESEG, y sostuvo que determinados casos no estaban siendo absorbidos por el nuevo sistema. También afirmó que, hasta su salida, OSFFESEG no había abonado las facturas emitidas por IOSFA por la atención que el viejo instituto continuaba brindando a esos afiliados.
El conflicto financiero era todavía mayor.
IOSFA mantenía un reclamo por más de $145.000 millones correspondientes, según el balance de Guzmán, a aportes y contribuciones que las fuerzas de Seguridad no habrían ingresado correctamente durante períodos anteriores. El expediente para elevar ese reclamo a la Procuración del Tesoro de la Nación estaba preparado, aunque todavía no había sido remitido porque aguardaba una definición del Poder Ejecutivo sobre el mecanismo previsto en el artículo 12 del DNU 88/2026 para cancelar los pasivos de IOSFA.
Ese reclamo debe diferenciarse de otro agujero: la deuda de IOSFA con prestadores y proveedores.
Dos días después de la salida de Guzmán, el Gobierno anunció que OSFA asumiría plenamente desde el 1 de octubre la atención médica de los integrantes de las Fuerzas Armadas y sus familias y que, junto con el Tesoro Nacional y Defensa, comenzaría a cancelar un pasivo superior a $200.000 millones. El primer paso anunciado fue el pago de más de 10.000 reintegros por más de $5.000 millones y la renegociación con prestadores para recuperar servicios interrumpidos.
La magnitud de ambos números muestra hasta qué punto IOSFA llegó fragmentado al final de su existencia: por un lado reclamaba decenas de miles de millones al propio Estado y, por el otro, acumulaba una deuda superior a los $200.000 millones con quienes debían atender a sus afiliados.
El informe también dejó abiertos problemas laborales y patrimoniales.
Guzmán señaló que al momento de entregar la administración no tenía una definición completa sobre el destino de delegaciones, centros médicos, farmacias, hoteles y unidades recreativas. La cuestión derivó en protestas de trabajadores y en la ocupación del edificio central de IOSFA durante septiembre.
En Mar del Plata, 177 trabajadores de hoteles y de la farmacia quedaron inicialmente bajo amenaza de perder sus puestos. Después de las protestas, Defensa dispuso extender la continuidad laboral hasta el 5 de febrero de 2027, una solución provisoria que mantiene pendiente la definición definitiva sobre esas estructuras.
El DNU que inició todo el proceso había prometido precisamente lo contrario de este escenario: una separación “ordenada y progresiva” de estructuras, presupuestos, patrimonios y personal, garantizando en todo momento la continuidad de la atención médica.
El informe entregado por Guzmán permite medir ahora cuán lejos estaba todavía ese objetivo cuando dejó la administración.
Secchi recibió una institución en liquidación que todavía tenía que pagar salarios, cobrar facturas, transferir afiliados, resolver juicios, recuperar acreencias, definir personal, cerrar o transferir inmuebles y sostener tratamientos mientras dos nuevas obras sociales comenzaban a recibir los aportes corrientes.
Para el ministro Carlos Presti, la nueva etapa tendrá una vara mucho más concreta que los anuncios administrativos: cuántos prestadores vuelven efectivamente a atender, cuánto del pasivo superior a $200.000 millones consigue cancelarse, qué ocurre con los reclamos por más de $145.000 millones contra las fuerzas de Seguridad y, sobre todo, si los cientos de afiliados que quedaron atrapados entre IOSFA, OSFA y OSFFESEG terminan finalmente dentro de un sistema que garantice continuidad real de sus tratamientos.
Fuentes consultadas: Ministerio de Defensa de la Nación; Boletín Oficial de la República Argentina; Decreto 88/2026; Resolución 671/2026; documentación de la transición IOSFA-OSFA; Realpolitik; Noticias Argentinas; Infobae; ATE; documentación laboral y administrativa vinculada con la liquidación de IOSFA.
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