Por RR
El juez Sebastián Casanello procesó a los exinterventores Virginia Montero y Marcelo Petroni, al empresario Sergio Aguirre —exsocio de Martín Menem— y a María Casandra Mirabelli por una contratación directa con HTECH Innovation. La Justicia sostiene que la firma, creada pocos meses antes, recibió $247,8 millones de ganancias consideradas ilícitas y carecía de estructura y antecedentes suficientes. La investigación también reconstruyó contactos con Eduardo “Lule” Menem y reuniones en Casa Rosada durante la intervención estatal.
Buenos Aires – 3 Octubre 2026 – Total News Agency – TNA- La intervención estatal de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA), presentada originalmente como una herramienta para ordenar una entidad atravesada por graves problemas financieros y prestacionales, terminó derivando en una causa penal que ahora compromete a sus dos exinterventores y expone una trama de vínculos empresariales y políticos que alcanza al entorno de los primos Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem.
El juez federal Sebastián Casanello procesó a Virginia Montero y Marcelo Petroni por negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y administración fraudulenta. También fueron procesados como partícipes necesarios Sergio Andrés Aguirre, exsocio comercial de Martín Menem, y María Casandra Mirabelli, presidenta de HTECH Innovation y madre de Aguirre. A cada uno se le impuso un embargo de $1.463.896.868 y prohibición de salir del país.
El centro de la investigación es una contratación directa de HTECH para realizar servicios de consultoría informática, procesamiento de datos, soporte tecnológico y asesoramiento estratégico dentro de OSPRERA. La empresa había sido constituida el 8 de abril de 2024, apenas cuatro meses antes de la intervención, y comenzó a facturarle a la obra social durante ese mismo año.
Según la resolución judicial, HTECH no tenía empleados, experiencia demostrada, movimientos comerciales significativos ni antecedentes suficientes que justificaran la magnitud del contrato. Casanello sostuvo que los servicios fueron adjudicados sin licitación ni compulsa de precios y que la empresa comenzó a desarrollar su actividad económica precisamente a partir de su vínculo con la entidad intervenida.
La investigación determinó que la firma obtuvo $247.836.858,63 en ganancias consideradas ilícitas. Otros registros contables incorporados al expediente ubican la facturación total vinculada con OSPRERA en torno de $266,6 millones, diferencia que surge de distinguir entre el monto total pagado y el beneficio económico atribuido judicialmente a la maniobra.
La intervención comenzó formalmente el 9 de agosto de 2024, cuando el presidente Javier Milei firmó el Decreto 720/2024 y designó a Virginia Montero como interventora con las mismas facultades administrativas y ejecutivas que correspondían al Consejo Directivo de la obra social. Tres días antes, la Superintendencia de Servicios de Salud ya la había nombrado administradora provisoria.
Fue precisamente durante la gestión de Montero cuando comenzó a construirse el vínculo contractual con HTECH.
La propia exinterventora declaró posteriormente que conocía a Aguirre por su actividad profesional y que lo había convocado como “experto en informática”. Pese a esa relación previa, en octubre de 2024 recomendó por escrito contratar a la empresa que Aguirre acababa de constituir junto con su madre y otro socio.
Aguirre no era un empresario desconocido dentro del universo político libertario. En 2018 había constituido junto con Martín Menem la firma TR Nutrition SRL, dedicada a la comercialización e importación de suplementos dietarios, proteínas y productos nutricionales. Ese vínculo comercial se mantuvo durante años y recién terminó formalmente cuando Menem vendió su participación en 2026.
La causa avanzó todavía más sobre esa conexión. El fiscal Guillermo Marijuan sostuvo que tanto Montero como Petroni “habrían sido designados por recomendación de Aguirre” y que éste ejerció una influencia directa sobre ambos interventores, conduciendo indirectamente decisiones dentro de la obra social y logrando la contratación de su propia empresa.
El expediente también documentó contactos políticos relevantes. Aguirre ingresó a Casa Rosada junto a Virginia Montero y ambos se reunieron con Eduardo “Lule” Menem, primo de Martín Menem y uno de los principales operadores políticos del Gobierno. La reunión ocurrió mientras comenzaba a organizarse la intervención de OSPRERA y antes de que HTECH iniciara su facturación a la entidad.
Meses después, al analizar el teléfono de Marcelo Petroni, los investigadores encontraron conversaciones que muestran un contacto frecuente con el mismo entramado político.
En diciembre de 2024, Petroni escribió que debía reunirse con Martín y Lule Menem, y en enero de 2025 informó que tenía un encuentro con Martín Menem en la Casa Rosada. En otro intercambio con Aguirre pidió expresamente que ciertas cuestiones fueran comunicadas a ambos primos.
Petroni había reemplazado a Montero luego de que ésta presentara su renuncia el 6 de noviembre de 2024. Su nombramiento fue oficializado por el Decreto 1054/2024, firmado por Milei y el ministro de Salud Mario Lugones, con amplias facultades de administración.
Lejos de terminar con el contrato cuestionado, la gestión de Petroni lo renovó y amplió. La situación presenta además un conflicto de intereses particularmente llamativo: María Casandra Mirabelli, presidenta formal de HTECH y madre de Aguirre, llegó a desempeñarse simultáneamente como secretaria privada de Petroni dentro de la obra social intervenida.
La Justicia también detectó movimientos patrimoniales posteriores a los pagos. Durante el período investigado, Aguirre registró la compra de un BMW, mientras otro de los accionistas de HTECH adquirió un Mercedes-Benz. Esas operaciones fueron incorporadas por Casanello al análisis de la maniobra.
El dato institucional más delicado surge del propio objetivo que había justificado la intervención. El Ejecutivo había desplazado a las autoridades de OSPRERA argumentando que existían “graves irregularidades” en su funcionamiento institucional, económico-financiero y prestacional. La intervención debía normalizar cuentas, garantizar atención médica y recuperar capacidad de gestión.
Dos años después, quienes fueron designados para ejecutar ese saneamiento aparecen procesados por una contratación que el juez describió como injustificada, direccionada hacia una empresa recientemente creada y carente de capacidad operativa acreditada.
Ese contraste convierte a OSPRERA en algo más que una causa por una contratación informática irregular.
La pregunta central pasa ahora por reconstruir cómo una empresa creada pocos meses antes logró acceder directamente a una de las mayores obras sociales sindicales del país, por qué sus socios estaban conectados con personas que intervenían en la conducción cotidiana de la entidad y qué peso tuvieron los contactos con el entorno político de los Menem en el proceso que terminó colocando a Montero primero y a Petroni después al frente de OSPRERA.
Martín Menem no fue procesado en esta causa y el expediente, hasta ahora, ubica su relación con Aguirre en el plano comercial previo y en contactos políticos posteriores; pero la Justicia ya documentó que el empresario que terminó beneficiado por los contratos tenía acceso a los dos primos con mayor gravitación dentro del oficialismo y que los interventores mantenían comunicación con ese mismo núcleo mientras administraban fondos destinados a la salud de los trabajadores rurales.
La investigación continuará ahora sobre esas conexiones, los circuitos de decisión internos y el destino final de los fondos. Lo que comenzó como una intervención estatal destinada a recuperar una obra social en crisis terminó produciendo una paradoja difícil de ignorar: los funcionarios enviados para corregir irregularidades acabaron procesados por una maniobra ocurrida bajo la administración directa del propio Estado.
Fuentes consultadas: Poder Judicial de la Nación; Juzgado Federal a cargo de Sebastián Casanello; Ministerio Público Fiscal; Boletín Oficial de la República Argentina; Superintendencia de Servicios de Salud; Ministerio de Salud; decretos 720/2024 y 1054/2024; documentación societaria de HTECH Innovation y TR Nutrition; antecedentes judiciales y societarios de la causa OSPRERA.
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