La jefa del bloque libertario en el Senado anunció que votará contra la designación de Susana Pernas, propuesta por el propio Gobierno nacional. La fiscal impulsó la condena del policía Luis Chocobar, quien intervino tras el brutal ataque a un turista estadounidense en La Boca. El enfrentamiento reabre la discusión sobre el respaldo judicial a las fuerzas de seguridad y deja al descubierto una contradicción política dentro del oficialismo.
Buenos Aires – 8 de octubre de 2026 – Total News Agency – TNA. La senadora nacional Patricia Bullrich protagonizó un duro enfrentamiento con la fiscal Susana Marta Pernas durante una audiencia de la Comisión de Acuerdos del Senado y anunció que rechazará su designación como fiscal general ante los Tribunales Orales de Menores de la Capital Federal, pese a que el pliego fue remitido al Congreso por el propio gobierno de Javier Milei. El episodio expuso una situación políticamente incómoda para el oficialismo: mientras una de sus principales referentes defiende públicamente el accionar policial frente a la delincuencia, el Poder Ejecutivo impulsa la promoción de una funcionaria judicial que sostuvo la acusación contra uno de los policías más emblemáticos de esa discusión.
El enfrentamiento se produjo el miércoles 7 de octubre, cuando Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, cuestionó directamente la actuación de Pernas en la causa contra Luis Chocobar, el policía bonaerense que intervino el 8 de diciembre de 2017 después de que dos delincuentes atacaran y apuñalaran brutalmente al turista estadounidense Frank Wolek en el barrio porteño de La Boca. Durante la persecución, Chocobar disparó contra Juan Pablo Kukoc, de 18 años, uno de los atacantes, quien murió como consecuencia de las heridas.
El caso se convirtió rápidamente en un símbolo nacional de la controversia sobre el empleo de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad. Para Bullrich, entonces ministra de Seguridad durante la presidencia de Mauricio Macri, el efectivo había actuado para proteger a la sociedad frente a delincuentes violentos. Para la acusación fiscal, en cambio, la intervención policial había excedido los límites legales del uso de la fuerza.
En 2021, Chocobar fue condenado a dos años de prisión en suspenso y cinco años de inhabilitación por homicidio agravado por el uso de arma de fuego cometido con exceso en el cumplimiento de un deber. Posteriormente, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional dispuso la anulación parcial de la sentencia y ordenó realizar un nuevo juicio. Lejos de aceptar esa decisión, Pernas, junto con las fiscales María Fernanda Poggi y María Luisa Piqué, presentó en mayo de 2024 un recurso extraordinario para intentar revertirla.
Ese antecedente fue precisamente el detonante de la ofensiva de Bullrich, quien manifestó públicamente: “Voy a votar en contra del nuevo nombramiento de la fiscal Susana Pernas”. La legisladora sostuvo que la funcionaria había pedido cárcel para un policía que arriesgó su vida frente a un delincuente violento y que, posteriormente, insistió en defender la condena incluso después de su anulación.
La respuesta de Pernas fue inmediata. La fiscal rechazó que su actuación hubiera estado dirigida contra la institución policial y explicó que jamás había considerado el episodio como un caso de gatillo fácil. Su planteo, según sostuvo durante la audiencia, estuvo centrado en el exceso atribuido a Chocobar por la cantidad de disparos efectuados y las circunstancias en que utilizó su arma reglamentaria. También recordó sus cinco décadas de trayectoria judicial y calificó de injusto que su candidatura fuera cuestionada por la posición jurídica asumida en un expediente concreto.
Sin embargo, el intercambio adquirió una dimensión mayor cuando Bullrich trasladó la discusión desde el expediente judicial hacia el concepto mismo de seguridad pública. La senadora sostuvo que los fiscales deben proteger a la sociedad y perseguir a quienes cometen delitos, en lugar de convertir a los policías en destinatarios de una persecución penal por intervenir frente a hechos de extrema violencia.
La controversia presenta, además, una paradoja difícil de disimular para la Casa Rosada. El pliego cuestionado por Bullrich no proviene de una administración adversaria ni de una negociación impulsada por la oposición: fue enviado por el propio Poder Ejecutivo nacional. De esta manera, una de las principales dirigentes parlamentarias del oficialismo se encuentra enfrentada con una decisión de promoción judicial adoptada por el gobierno cuya política de seguridad defiende.
Durante la audiencia del miércoles, la Comisión de Acuerdos tampoco reunió el quórum necesario para avanzar con la firma de dictámenes, por lo que la candidatura de Pernas permaneció sin resolución. Bullrich, de todas maneras, anticipó que su rechazo no dependerá de lo que suceda en comisión y que, aun cuando el expediente llegue al recinto, votará negativamente.
El episodio deja planteado un interrogante que excede la designación de una fiscal: qué criterios utiliza el gobierno de Milei para seleccionar funcionarios judiciales y hasta qué punto esas decisiones mantienen coherencia con la doctrina de seguridad que sus principales representantes defienden públicamente. La respuesta tendrá una consecuencia institucional concreta, porque la candidatura de Pernas deberá superar un procedimiento parlamentario en el que la propia jefa del bloque oficialista ya anunció que se convertirá en una de sus principales opositoras.
Fuentes consultadas: Ministerio Público Fiscal de la Nación, publicación institucional del 23 de mayo de 2024; Senado de la Nación, audiencia de la Comisión de Acuerdos del 7 de octubre de 2026
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