Por Daniel Santoro
Se trata de Leopoldo Raúl Moreau (42 años) hijo del legislador cristinista. Cobró más de $ 5 millones de una “usina” de facturas truchas o empresas vinculadas a ésta.
La Justicia investiga al hijo del diputado cristinista Leopoldo Moreau por recibir más de 5 millones de pesos de empresas vinculadas a una “usina” de facturas truchas en el 2017. Leopoldo Raúl Moreau (hijo del legislador) ya tiene decretada una quiebra personal ante la jueza comercial María Virginia Villaroel donde la remataron cuatro autos, entre otros bienes.
La causa número 956 de la justicia en lo penal económico la abrió en el 2017 la DGI al descubrir esa “usina” que emitió facturas truchas por más de 460 millones de pesos entre el 2015 y el 2016 para facilitar la evasión fiscal de sus clientes.
La tiene el juez de ese fuero Juan Galván Greenway y el fiscal German Bincaz y, hasta ahora, no hay procesados pero sí pruebas como cheques, transferencias bancarias y documentos obtenidos en varios allanamientos, informaron a Clarín fuentes judiciales.
Moreau hijo figura en la causa entre los “beneficiarios” de la maniobra pero “sin participación directa” en la supuesta asociación ilícita fiscal. Actualmente, es asesor del gobierno de San Luis.
Los principales investigados son “la empresa Planeta Marketing y sus controlantes Fernando Jover y otros”.
En la denuncia de la DGI se sostiene que también serían apócrifas las empresas “Postocom & cia s.r.l.; Pu Pro Mas s.a.; Depco group s.a.; Todo Pesados s.a.; Plus management s.r.l.; Mo Le construcciones; LSM consultores s.a; y Planeta Marketing s.a”, entre otras.
En el listado de los beneficiarios de transferencias electrónicas desde la cuenta de Planeta Marketing o firmas vinculadas a ésta figura Moreau hijo y la empresa L & J Agropecuaria S.A. Esta última fue creada por el hijo de Moreau.
El informe de la DGI dice que Planeta Marketing le transfirió a Moreau hijo “a través de la firma L & J Agropecuaria, de la cual es poderdante, la suma de pesos tres millones setecientos setenta mil ($3.770.000)”.
Luego señala que desde otra de las empresas de ese circuito “le realizaron transferencias por la suma de pesos novecientos cincuenta mil ($950.000) y, al igual que para el caso de Planeta Marketing S.A., las mismas son al día siguiente de haber recibido transferencias de la firma F G M S.A”.
Luego le transfirieron $430.000 desde otra de las empresas de ese circuito que gira alrededor de Planeta Marketing .
El organismo fiscal explica que los controlantes de la “usina” están “vinculadas con las personas que cobraron cheques o recibieron transferencias de las sociedades “fantasmas” mencionadas, generándose una estructura que tiene por finalidad el manejo de los fondos que receptan las usinas de facturas apócrifas”.
Mientras que los directores de las empresas apócrifas eran personas de escasos recursos contratadas como testaferros.
Luego nombra a los contribuyentes o empresas beneficiarias que compraron facturas apócrifas de empresas inexistentes. Es decir, “los que pudieron reducir la base imponible a tributar en diversos impuestos (fundamentalmente impuesto a las Ganancias o el Impuesto al Valor Agregado) a partir de operaciones formales en su apariencia, pero inexistentes en esencia”.
Una parte de esas 1.300 firmas pagaron las deudas que le reclamaba la DGI por más de 460 millones de pesos.
Puntualiza que “quienes crearon y comercializan las empresas pantallas enumeradas en el presente pedido pretenden vender un completo y efectivo producto (comprobantes falsos), con la finalidad de favorecer ilegítimamente el ahorro fiscal” de las empresas que compraron facturas truchas.
Más adelante señala que “se detectó una serie de sujetos que habrían intervenido en los circuitos de pagos a los efectos de hacer efectivo el cobro de los resultados derivados de la maniobra delictual, ya sea a través de diversas firmas (muchas de ellas, usinas y usuarias de facturas apócrifas)”.
Durante la investigación, el juez averiguó datos sobre supuestos domiciliarios de Moreau hijo en la ruta 228 a la altura de San Cayetano, San Isidro y CABA, entre otros, con resultado negativo.
En cambio, avanzó sobre un domicilio ubicado en avenida del Libertador al 15000 de la localidad de San Isidro que sí sería propiedad del hijo de Moreau.
Allí, dice la causa, hay “una casa que está demolida y hay un cartel que indica que hay una construcción con destino a vivienda multifamiliar con permiso de obra”.
En este punto, el juzgado buscó de comprobar que no se trataba del diputado Moreau quien tiene fueros que impiden el allanamiento de su domicilio. Se trata de dos nombres muy parecidos. Sucede que el legislador se llama Leopoldo Raúl Guido (76 años) y el hijo Leopoldo Raúl (42 años).
Después, el magistrado realizó una serie de allanamientos en La Plata y otros lugares en los cuales pedía datos sobre los imputados y también del hijo de Moreau.
En forma paralela, en la causa de la quiebra 29064/2016, la jueza pidió a la Inspección General de Justicia (IGJ) que le mande el expediente completo de la empresa “L&J Agropecuaria SRL” a fin de que informe si existen “cuotas partes a nombre” del hijo de Moreau por el reclamo de uno de sus acreedores.
