Las diferentes vicisitudes del ciudadano para adquirir un arma de fuego

Por Nicolás J.Portino González

La desigual batalla entre ciudadanos y delincuentes: CLU, tenencia, portación y límites de ley Vs armas al alcance de la mano sin limitaciones de ley.

En un giro que parece extraído de un guion de ciencia ficción, pero que lamentablemente es la cruda realidad de muchos, los ciudadanos comunes continúan enfrentando una batalla desigual contra los delincuentes. Mientras los criminales parecen operar con total impunidad, los ciudadanos respetuosos de la ley se encuentran atrapados en un laberinto burocrático que desafía cualquier intento por protegerse de manera efectiva.

Para obtener una Credencial de Legítimo Usuario (CLU) en Argentina, los ciudadanos deben superar múltiples obstáculos: desde pruebas de idoneidad de tiro supervisadas por instructores certificados, hasta exhaustivos exámenes médicos y evaluaciones psicotécnicas. Este proceso puede tardar entre tres y cuatro meses, solo para comenzar. Posteriormente, al adquirir un arma, el comprador no la recibe inmediatamente. Debe esperar a completar el trámite de “Tenencia”, gestionado a través de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), lo que añade unos seis meses más a la espera.

La “Portación” de armas, que autoriza el porte de armas cargadas y listas para uso público, es un privilegio que parece reservado para héroes nacionales o figuras de importancia extrema, más allá del ciudadano medio. El contraste con la realidad de los delincuentes es alarmante, ya que ellos parecen operar sin las restricciones que frenan a los ciudadanos legales.

Este escenario plantea una reflexión profunda sobre la necesidad de equilibrar la seguridad pública con el derecho a la autodefensa personal. Mientras los delincuentes navegan el sistema con una facilidad desconcertante, los ciudadanos quedan desamparados, atrapados entre el deseo de seguir la ley y la necesidad de proteger sus vidas. ¿Cómo puede una sociedad prosperar cuando sus leyes parecen servir mejor a quienes las transgreden que a quienes las respetan?

La respuesta no es sencilla, y requerirá de un esfuerzo conjunto para reformar un sistema que, en su estado actual, deja mucho que desear en términos de protección al ciudadano común. Mientras tanto, la lucha por recuperar el sentido común y reestablecer un equilibrio justo continúa siendo un desafío urgente y necesario, con cambios políticos en seguridad que inspiran confianza en que se logrará.

Esperemos.