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El Gobierno ha sondeado a los hermanos Escribano, accionistas de Indra con un puesto en el consejo, para que participen en una eventual contraopa sobre Talgo. El fabricante de trenes está en este momento bajo una opa de un consorcio público-privado de la Hungría de Orbán que no acaba de gustar a Moncloa. Pero un vistazo a las magnitudes financieras de ambas compañías limita el rol de la compañía de ingeniería a socio industrial. Escribano facturó 91 millones de euros en 2022 y, a falta de publicación oficial de las cuentas de 2023, sabemos que estimaba unos ingresos de 140 millones el año pasado. Aun asumiendo la misma tasa de crecimiento para 2024 (54%) nos daría una facturación anual de 215 millones. Talgo facturó 652 millones. Además, el socio financiero del que quería tirar el Gobierno –Criteria– no está muy entusiasmado por la operación (por ser benévolos con la expresión). El plazo para que la junta de inversiones exteriores responda si veta o no a los húngaros se agota y no parece que haya mucha alternativa.
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Fuente El Confidencial
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