El presidente de la Corte Suprema lanzó una dura advertencia durante la jura del camarista Florentino Malaponte y reclamó avanzar sobre las redes de corrupción, lavado y protección que sostienen al crimen organizado. El mensaje adquirió especial peso en una Justicia Federal de Rosario golpeada por los casos de Marcelo Bailaque y Gastón Salmain, dos magistrados alcanzados por graves acusaciones penales y procesos de remoción.
Rosario – 11 Septiembre 2026 – Total News Agency – TNA- El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, eligió Rosario para lanzar una de sus advertencias más severas sobre el funcionamiento interno del Poder Judicial y dejó una definición difícil de separar del escenario que lo rodeaba: “Hay mucho que corregir, hay mucho que limpiar todavía y lo vamos a seguir haciendo”.
Rosatti habló durante la ceremonia de juramento de Florentino Malaponte como nuevo vocal de la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, una incorporación que llegó después de que el cargo permaneciera vacante durante aproximadamente una década y cuando el fuero atraviesa una etapa de reconstrucción institucional paralela a la ofensiva contra el narcotráfico y el crimen organizado.
El presidente del máximo tribunal reconoció que los indicadores de violencia y narcocriminalidad mejoraron respecto de los años más críticos, pero advirtió que el problema no puede medirse exclusivamente por la cantidad de homicidios, detenidos o cargamentos de droga secuestrados. “Esto no ha terminado ni mucho menos”, insistió, antes de señalar que detrás de quienes ejecutan los delitos existe un entramado económico, profesional, policial, político y judicial que hace posible su funcionamiento.
El punto central de su discurso fue precisamente ese cambio de objetivo. Para Rosatti, combatir el crimen organizado exige superar la persecución del delincuente visible y avanzar contra quienes lavan dinero, garantizan impunidad, brindan cobertura institucional o simplemente “miran para otro lado”. En Rosario, esa advertencia tiene una carga particular porque investigaciones recientes llegaron hasta el interior mismo de la Justicia Federal.
El caso más resonante es el del exjuez Marcelo Bailaque, quien dejó el Juzgado Federal N°4 después de quedar involucrado en distintas investigaciones por presuntos delitos funcionales. El Ministerio Público Fiscal, con intervención de la PROCUNAR, PROCELAC y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, presentó tres acusaciones contra el exmagistrado y llegó a estimar un pedido de hasta diez años de prisión. Las imputaciones incluyen presuntas maniobras de extorsión, prevaricato, lavado de activos, incumplimiento de deberes y vínculos económicos que los fiscales buscan reconstruir.
Una de las acusaciones sostiene que una causa judicial abierta a partir de una denuncia anónima habría sido utilizada para presionar a empresarios rosarinos vinculándolos con operaciones de lavado provenientes del narcotráfico y con el clan Los Monos, con el supuesto objetivo de obtener dinero a cambio de modificar su situación procesal. Bailaque renunció antes de atravesar el proceso disciplinario definitivo y perdió así los fueros que impedían ejecutar las medidas de coerción en su contra.
El otro golpe institucional tiene como protagonista al juez federal Gastón Salmain, suspendido por el Consejo de la Magistratura y enviado a juicio político por unanimidad. La Cámara Federal de Rosario confirmó su procesamiento por presunto incumplimiento de deberes, cohecho pasivo agravado y prevaricato en una investigación que analiza si manipuló decisiones judiciales para permitir operaciones destinadas a transferir unos US$10 millones al exterior durante el cepo cambiario.
El expediente de Salmain acaba de sumar además una nueva acusación. El fiscal pidió que sea indagado, junto al financista Fernando Whpei y el escribano Santiago Busaniche, por una presunta asociación ilícita vinculada con aquellas operaciones financieras. La declaración indagatoria del magistrado fue fijada para noviembre. Su jury de enjuiciamiento, en tanto, comenzará en octubre.
Ese cuadro explica por qué las palabras pronunciadas por Rosatti durante una ceremonia formal tuvieron inmediatamente otra dimensión. Poco antes, el presidente de la Cámara Federal rosarina, Aníbal Pineda, había mencionado el dato excepcional de una jurisdicción que llegó a tener dos jueces federales alcanzados por prisión preventiva en causas penales, mientras el juez de Garantías Daniel Rodríguez Da Cruz también se refirió abiertamente al problema de la corrupción dentro del Poder Judicial.
Rosatti distinguió entre quienes enfrentaron al crimen organizado y aquellos que traicionaron sus funciones. Reconoció a jueces y fiscales que, según dijo, “honraron el cargo”, pero fue igualmente terminante con el resto: “Los que no honran el cargo deben merecer el condigno castigo”.
La designación de Malaponte forma parte del proceso con el que el Gobierno busca cubrir vacantes históricas. Su nombramiento fue formalizado mediante el Decreto 879/2026, después de recibir acuerdo del Senado el 27 de agosto. Rosatti destacó especialmente el envío de pliegos judiciales por parte del Ministerio de Justicia y reconoció el trabajo realizado para recomponer una estructura federal que durante años operó con cargos sin cubrir.
A Malaponte le dejó una recomendación particularmente explícita: conservar la “doble H”, humildad y honestidad, y recordar que “se es juez las 24 horas del día, los 365 días del año”. No fue una fórmula ceremonial. En una jurisdicción donde dos jueces quedaron involucrados en acusaciones de corrupción, el mensaje funcionó como una advertencia sobre el grado de exposición y responsabilidad de quienes ocupan esos cargos.
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, también participó del acto y sostuvo que la cobertura de vacantes forma parte de una reorganización más amplia del sistema judicial. “El crimen está organizado, pero ahora el Estado también está más organizado”, afirmó, en referencia a la coordinación entre Justicia, fuerzas de seguridad y fiscales.
Rosario fue precisamente la primera gran jurisdicción elegida para poner en marcha, en mayo de 2024, el Código Procesal Penal Federal bajo el sistema acusatorio, que trasladó la conducción de las investigaciones desde los jueces hacia los fiscales y aceleró procedimientos vinculados con narcotráfico, lavado, trata y corrupción. Aquella reforma fue impulsada en medio de una crisis extrema: entre 2022 y 2023, cerca del 70% de alrededor de 500 homicidios registrados en la jurisdicción habían sido vinculados oficialmente con delitos complejos de competencia federal.
Dos años después, la ofensiva estatal muestra resultados en materia de violencia, pero también produjo un efecto probablemente más incómodo: comenzó a iluminar los vínculos de protección que permitieron durante años que determinadas estructuras criminales sobrevivieran a la detención de sus integrantes operativos.
Ese fue, en definitiva, el corazón del mensaje de Rosatti. Rosario no podrá considerar terminada su transformación simplemente porque disminuyan los asesinatos o aumenten las condenas contra narcotraficantes. La verdadera prueba será determinar hasta dónde puede avanzar el Estado sobre quienes garantizan el funcionamiento económico e institucional de esas organizaciones, especialmente cuando esos vínculos penetran despachos desde los cuales debería perseguírselos. En una ciudad donde la corrupción judicial dejó de ser una hipótesis para transformarse en materia de procesamientos, prisiones preventivas y juicios políticos, la frase del presidente de la Corte dejó de sonar como una metáfora: todavía hay mucho que limpiar.
Fuentes consultadas: Corte Suprema de Justicia de la Nación; Cámara Federal de Apelaciones de Rosario; Ministerio Público Fiscal; Consejo de la Magistratura; Ministerio de Justicia de la Nación; Boletín Oficial; Perfil; Cadena 3 Rosario
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