Han pasado casi siete años desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió en un debate electoral a «traer» a España al prófugo Carles Puigdemont para que rindiese cuentas ante la Justicia. Casi siete años después, el Ejecutivo guarda un calculado y sepulcral silencio después de que el ‘expresident’ haya accedido a España sin ser detectado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, haya pronunciado un mitin en el Arco de Triunfo de Barcelona y haya desaparecido después sin dejar rastro y sin ser detenido.
Este silencio, que contrasta con las críticas vertidas ya por PP y Vox, sigue la tónica de los últimos días, en los que el Ejecutivo ha preferido mirar hacia otro lado y hacer caso omiso a las amenazas de Puigdemont, que ya venía anunciando su plan de reaparecer el día de la investidura del socialista Salvador Illa , cuyo debate se está celebrando este jueves.
El Gobierno ya dio orden al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a las fuerzas de seguridad de dejar de investigar las actividades del independentismo catalán ligadas al ‘procés’, y ahora Puigdemont se mueve por Cataluña sin ser detenido, aunque los Mossos d’Esquadra han activado ya un blindaje de la comunidad autónoma para intentar evitar la que sería su segunda fuga tras la del año 2017, cuando huyó en un maletero.
El fugado llega a la capital catalana tras siete años de huida con la incógnita sobre su detención Junts había amagado con aplazar la investidura de Illa si Puigdemont era detenido —Josep Rull, el presidente del Parlamento catalán, es de este partido—, pero de momento no se ha producido el arresto.
La orden de detención del ‘expresident’ se mantiene porque el Tribunal Supremo determinó que el delito de malversación no se puede amnistiar, pese a incluirse en la polémica ley de amnistía, con la que Sánchez se aseguró los siete votos de Junts para su investidura tras haber prometido en campaña que nunca iba a aceptar esa norma. Illa, en su discurso de investidura, ha pedido la aplicación de la ley «sin subterfugios». Él, el día después de las elecciones generales, seguía rechazando el olvido legal del ‘procés’.
Fuente ABC
