La situación de la Directora de Educación Superior de la Provincia, Mariela Ramos, se estaría complicando a partir de una serie de hechos desencadenados después de la renuncia de Carina Micheli a su cargo de Rectora el pasado 16 de agosto. Gustavo Fornés presentó una demanda penal el viernes 6 de septiembre.
A través del campus virtual del Insituto, la comunidad educativa -quien nunca habría sido anoticiada formalmente de la renuncia de Micheli- fue informada a altas horas del día 21 de agosto de que “la Prof. Andrea Soledad Soria ha sido designada como Rectora Institucional por el período 2024-2028”
Fornés, candidato elegido por el voto directo en segundo lugar y quien debería ocupar el cargo de rector según lo que establece el Decreto 530/18, al ser consultado por América Diario sobre esta noticia dijo: “efectivamente, el Consejo Directivo decidió no considerar lo que establece el Decreto 530, sino obedecer a un extraño memorándum de la Directora de Educación Superior -sin fecha y que cambió su número de un momento a otro-, en el que ella dispuso literalmente esto: ‘El Consejo Directivo deberá proceder a la designación como Rector/a al segundo cargo de gobierno en orden de mando (Director/a de nivel) hasta completar el mandato de la renunciante’”.
Cabe mencionar que lo que establece el Decreto 530/18 es que “en caso de licencia prolongada, renuncia, cesantia, exoneración, jubilación o baja por incapacidad o fallecimiento del rector, asumirá el vice-rector; y para el caso de establecimientos sin la figura de este último, asumirá el docente que haya obtenido el segundo lugar en la votación directa hasta completar el mandato”.
El IES 9-001 no cuenta con la figura de vice-rector y quien fue designada como Rectora por el Consejo Directivo fue elegida el pasado 8 de mayo como Directora de nivel de la institución.
Ante estos hechos, Fornés confirmó que el pasado viernes 6 presentó una demanda penal. Le solicitó al fiscal que inicie la investigación de una posible comisión de delito por parte de la funcionaria -lo que comunmente se llama incumplimiento de deberes de funcionario público- y la responsabilidad de aquellos que permitieron o colaboraron activamente en los hechos denunciados -como podría ser la de los miembros del Consejo Directivo-. Veremos cómo continúa esta historia.
Este artículo se publicó primero en Mendoza Today.
Fuente Mendoza Today
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