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Washington, 13 de Mayo 2025-Total News Agency-TNA-– Informes de inteligencia cruzada y análisis de fuentes clasificadas, a los que tuvo acceso Total News Agency, confirmarían la puesta en marcha reciente de una herramienta operativa del gobierno de Estados Unidos, conocida informalmente como la “Lista Marco”, en alusión al Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, considerado su principal impulsor. Esta lista identificaría a 44 figuras del ámbito político, administrativo y militar mexicano, tanto en servicio activo como retirados.
Estas personas habrían sido señaladas por agencias de seguridad e inteligencia norteamericanas bajo la presunción de colaborar, beneficiarse o brindar protección a organizaciones delictivas transnacionales. La atención se centra particularmente en los principales cárteles de la droga mexicanos, así como en redes paralelas dedicadas al contrabando fiscal, energético y financiero.
La “Lista Marco” opera al margen de cualquier acuerdo de cooperación bilateral formalmente suscrito con México. Su fundamento legal reside en instrumentos de seguridad interna de Estados Unidos, como la Ley Patriótica (Patriot Act), la normativa sobre Designación de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTOs) y el marco regulatorio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). La gestión de esta lista es discrecional y está bajo la conducción táctica del Departamento de Estado, en coordinación con diversas agencias federales clave, incluyendo el Departamento de Justicia, CBP, HSI, DEA, FBI y OFAC. Esta articulación interinstitucional confiere a la lista una capacidad de ejecución inmediata, sin requerir la cooperación judicial mexicana.
Las medidas concretas que se derivan de la inclusión en esta lista son de alto impacto para los señalados y sus entornos directos:
Revocación inmediata de visas de carácter personal, diplomático o de negocios, extensiva a familiares directos.
Sometimiento a interrogatorios exhaustivos y retención administrativa en los puntos de entrada a territorio estadounidense.
Congelamiento preventivo de cuentas bancarias, propiedades y operaciones financieras dentro del sistema financiero de EE. UU. y sus aliados.
Emisión de notificaciones de carácter confidencial al Gobierno de México, en el marco de los Acuerdos de Cooperación en Materia de Intercambio de Inteligencia Financiera.
Inhabilitación futura para participar en transacciones económicas con entidades con sede en Estados Unidos.
Los primeros indicios públicos de la aplicación de esta política se manifestaron con la cancelación de la visa a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y a su esposo, el empresario Carlos Torres. Este último ha sido señalado por supuestamente operar redes de financiamiento político ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como por su presunta implicación en esquemas de lavado de activos a través de licitaciones públicas, contratos de infraestructura y triangulación de recursos en Baja California, Sinaloa y Sonora.
Posteriormente, el alcalde de Matamoros, Alberto Granados Favila, fue interceptado junto a siete colaboradores en la garita de Brownsville, Texas, y sometido a un interrogatorio que se extendió por más de 14 horas. Todos fueron formalmente notificados de la revocación de sus visas, bajo la acusación de colaborar con una estructura municipal calificada como “entidad asociada a organización terrorista extranjera”. Esta severa calificación se atribuye al presunto control que el Cártel del Golfo ejercería sobre diversas áreas del ayuntamiento, incluyendo la policía local, la dirección de obras públicas y el manejo de programas sociales.
El patrón de sanciones observado sugiere una ejecución progresiva y selectiva. Si bien los casos más notorios hasta ahora involucran a actores principalmente vinculados al partido gobernante (Morena), la lista también incluiría perfiles de otras fuerzas políticas con presencia regional.
Entre los nombres de mayor relevancia que, según las fuentes, integrarían la “Lista Marco”, se mencionan:
Gobernadores en funciones: Alfonso Durazo (Sonora), Alfredo Ramírez Bedolla (Michoacán), Layda Sansores (Campeche), Rubén Rocha Moya (Sinaloa), Miguel Ángel Navarro (Nayarit), Américo Villarreal (Tamaulipas), Samuel García (Nuevo León).
Exgobernadores y líderes legislativos: Enrique Alfaro (Jalisco), Ricardo Monreal Ávila (Senado), Adán Augusto López (Diputados).
Funcionarios del gabinete federal: Mario Delgado (Secretaría de Educación Pública), Clara Luz Flores (Secretaría de Gobernación – Asuntos Religiosos), Manuel Bartlett Díaz (ex-CFE).
Militares señalados: Cuatro generales en situación de retiro o activo, todos con trayectorias en inteligencia táctica, logística antidrogas o participación en operativos conjuntos México-EUA.
A nivel municipal, se identifican casos como los de:
Eduardo Gattás, alcalde de Ciudad Victoria, vinculado al financiamiento ilegal de campañas a través del clan Carmona.
Erasmo González, de Ciudad Madero, investigado por el manejo de contratos públicos para lavado de activos.
Cruz Pérez Cuéllar, de Ciudad Juárez, por presuntos vínculos con redes de tráfico humano hacia El Paso, Texas.
César Iván Sandoval, de San Luis Río Colorado, por supuesta participación en operaciones de trasiego de armas y combustible ilegal.
Fuentes directas indican que el exfiscal general de Baja California habría proporcionado documentación y declaraciones juradas ante autoridades estadounidenses sobre las actividades de Carlos Torres y otros operadores financieros cercanos a la gobernadora Ávila. Dicho exfiscal, quien se vio forzado a renunciar en 2021 tras amenazas presuntamente orquestadas desde la oficina del Ejecutivo estatal, se encontraría actualmente fuera del país. A esta colaboración se sumaría la del senador Jaime Bonilla Valdez, también exgobernador y ciudadano estadounidense, quien ha realizado intervenciones públicas y presentado denuncias ante oficinas federales en Washington, D.C.
En el capítulo de operaciones de financiamiento ilegal, la información disponible vincula a al menos 15 de los 44 perfiles enlistados con aportaciones económicas de origen ilícito. Estas estarían relacionadas con el denominado “huachicol fiscal” y el contrabando transfronterizo de gasolina proveniente de Texas. Dichas operaciones habrían sido encabezadas por Sergio Carmona Angulo, empresario asesinado en 2021 en Nuevo León, a quien las agencias estadounidenses consideran el principal mecenas financiero del aparato electoral de Morena en el noreste del país, abarcando entidades como Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Coahuila.
La magnitud de estos acontecimientos trasciende el ámbito estrictamente diplomático y se configura como una emergencia en materia de seguridad nacional para México. Su impacto directo se proyecta sobre diversos frentes:
La estabilidad política en estados clave donde operan redes criminales con influencia en los gobiernos locales.
La coherencia institucional del aparato de justicia y seguridad, al ser señalados funcionarios de alto rango.
El riesgo de fragmentación interna en el partido gobernante, ante la percepción de una exposición selectiva de sus miembros.
El potencial de injerencia indirecta en procesos electorales futuros, tanto federales como locales, mediante la aplicación de presión diplomática, filtraciones de información o la cancelación de derechos migratorios.
La posible escalada en el discurso que legitime acciones militares unilaterales por parte de Estados Unidos, bajo el pretexto del combate a organizaciones consideradas terroristas extranjeras.
En este contexto de creciente tensión, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha confirmado públicamente que la conversación sostenida el 1 de mayo con el presidente Donald Trump se desarrolló en un tono ríspido, con exigencias consideradas “inaceptables”. Entre ellas, Sheinbaum mencionó la demanda de presencia de fuerzas militares estadounidenses en territorio mexicano y la entrega de políticos mexicanos con presuntos vínculos criminales.
