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Buenos Aires, 14 de junio de 2025 – Total News Agency-TNA-A casi un año de confirmada su condena por corrupción en la causa Vialidad, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner vuelve a quedar bajo la lupa judicial. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola evalúan presentar una denuncia por insolvencia fraudulenta ante lo que consideran una maniobra deliberada para evitar la ejecución del decomiso de 55 millones de dólares, monto que le correspondería reintegrar al Estado como parte del fraude en la adjudicación de contratos a Lázaro Báez.
La maniobra que ahora vuelve a tener relevancia fue ejecutada en agosto de 2016, apenas tres días después de su procesamiento en esa misma causa: Cristina transfirió en forma anticipada la totalidad de sus bienes gananciales a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, amparándose en el expediente sucesorio de Néstor Kirchner. La entonces expresidenta retuvo apenas 200 mil dólares en su patrimonio personal.
Entre los activos cedidos se destacan propiedades emblemáticas como los hoteles Alto Calafate, Los Sauces y La Aldea, además de numerosos inmuebles en Santa Cruz y participaciones en sociedades como Hotesur y Los Sauces S.A.. En su declaración de 2023, Máximo Kirchner reconoció un patrimonio superior a 4.700 millones de pesos, mientras que a Florencia le fueron hallados 4,6 millones de dólares en una caja de seguridad bancaria.
En paralelo, el Tribunal Oral Federal 2, que condenó a Fernández de Kirchner y a otros ocho exfuncionarios y empresarios por administración fraudulenta, fijó en 500 millones de dólares el monto total a decomisar en forma solidaria entre todos los condenados. La cifra será actualizada por el Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema, a pedido del tribunal.
Según fuentes judiciales, los fiscales ya tienen 145 propiedades, 42 vehículos, dos embarcaciones, 18 cuentas bancarias y participaciones en once sociedades embargadas en preparación para la etapa de ejecución de sentencia. Sin embargo, ante la eventual declaración de insolvencia de varios de los condenados, entre ellos Cristina Kirchner, Luciani y Mola analizan solicitar formalmente la apertura de un incidente por insolvencia fraudulenta.
Para Mariano Federici, extitular de la Unidad de Información Financiera (UIF), “existen indicios sólidos de maniobras de vaciamiento patrimonial destinadas a frustrar la acción de la justicia”. Según explicó, parte de los bienes sustraídos estarían aún ocultos, otros habrían sido transferidos mediante actos simulados, y varios permanecerían bajo control de testaferros como el fallecido secretario Daniel Muñoz, quien habría invertido 65 millones de dólares en propiedades en Estados Unidos.
En su declaración patrimonial más reciente ante la Oficina Anticorrupción, Cristina Kirchner reportó apenas 249 millones de pesos, incluyendo acciones en Apple, Mercado Libre y Vista Oil, un vehículo, un terreno en El Calafate y el usufructo de su departamento en Recoleta.
Los fiscales también pidieron que el dinero recuperado sea destinado a fines sociales: hospitales, escuelas públicas u obras de infraestructura. En un escrito reciente señalaron que “la corrupción impide que esos fondos se destinen a fines nobles” y “agrava las desigualdades sociales que condenan a los sectores más vulnerables”.
En tribunales, algunos comparan la estrategia de Cristina Kirchner con la adoptada por María Julia Alsogaray, exfuncionaria menemista que fue condenada por enriquecimiento ilícito y declarada insolvente antes de que se le rematara una mansión en Recoleta.
Ahora, el eje está puesto en si la justicia considerará inválida la cesión de bienes realizada en 2016, en tanto se investigue como una maniobra tendiente a entorpecer el cumplimiento de la condena y a evitar el recupero del dinero defraudado al Estado. En caso afirmativo, los bienes ya embargados de los hijos de la expresidenta podrían también quedar sujetos a decomiso.
