Buenos Aires, 19 de mayo de 2026-Total News Agency-TNA- Estados Unidos encendió una alarma regional de primer orden al advertir que Bolivia enfrenta “un golpe de Estado en marcha” contra el presidente Rodrigo Paz, impulsado —según Washington— por sectores políticos asociados al crimen organizado. La declaración del vicesecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, elevó la crisis boliviana a un conflicto institucional de alcance continental y reforzó el respaldo de la administración de Donald Trump al gobierno constitucional de La Paz.
“Se trata de un golpe de Estado que está en marcha. No nos equivoquemos al respecto; es un golpe financiado por esa alianza perversa entre la política y el crimen organizado en toda la región”, afirmó Landau durante una exposición en Washington, en medio de una escalada de protestas, bloqueos, saqueos y enfrentamientos que golpean a Bolivia desde hace varias semanas.
El funcionario estadounidense reveló además que mantuvo una conversación telefónica con Rodrigo Paz y expresó preocupación por el deterioro de la situación. “Acabo de terminar una conversación telefónica con el presidente Paz, y estoy muy preocupado por Bolivia”, sostuvo. Para Washington, la crisis ya no puede leerse como una simple protesta social contra medidas económicas, sino como una ofensiva destinada a desestabilizar a un gobierno elegido democráticamente hace menos de un año.
La advertencia de Estados Unidos llega en un momento crítico. La Paz y El Alto atraviesan bloqueos, marchas, cortes de rutas y choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Las protestas son impulsadas por sindicatos, mineros, organizaciones campesinas, transportistas y sectores vinculados al Movimiento al Socialismo (MAS), que rechazan las reformas económicas de Paz y exigen, en algunos casos, su renuncia. Reuters informó que bancos en La Paz debieron cerrar temporalmente sucursales por razones de seguridad, mientras los bloqueos afectan el abastecimiento de alimentos, combustibles y suministros médicos.
La agencia Associated Press describió que la capital boliviana quedó prácticamente bajo asedio por bloqueos y protestas encabezadas por la Central Obrera Boliviana (COB), sindicatos campesinos y mineros. El impacto económico es severo: miles de vehículos quedaron varados, faltan productos básicos, se registran problemas con el oxígeno medicinal y el país pierde decenas de millones de dólares por día.
El gobierno de Paz acusa a sectores ligados al ex presidente Evo Morales de alimentar la violencia. El propio Morales respaldó públicamente las movilizaciones y las definió como una “sublevación del pueblo” contra lo que considera un modelo “neoliberal” y “neocolonial”. El ex mandatario, atrincherado políticamente en su bastión del Chapare, busca recuperar centralidad mientras enfrenta causas judiciales y una pérdida de influencia dentro del sistema político boliviano.
La crisis comenzó a escalar luego de que el gobierno de Rodrigo Paz anunciara reformas para intentar estabilizar una economía golpeada por la inflación, la escasez de combustibles, el deterioro fiscal y la falta de divisas. Entre las iniciativas se mencionan cambios en hidrocarburos, minería, energía, economía verde y apertura a inversiones. Para el oficialismo boliviano, esas medidas buscan sacar al país del colapso heredado tras casi dos décadas de hegemonía del MAS. Para la oposición radicalizada, representan un giro “neoliberal” que debe ser frenado en las calles.
Landau fue más allá de la lectura económica y vinculó la ofensiva contra Paz con redes criminales regionales. “La gran división se establece entre aquellos países que poseen instituciones capaces de hacer frente al crimen organizado y aquellos que son cómplices del mismo”, afirmó. El mensaje es fuerte: para Washington, el problema boliviano ya no se limita al conflicto entre izquierda y derecha, sino a la penetración del crimen organizado en estructuras políticas y sociales.
El vicesecretario de Estado insistió en que Estados Unidos busca impedir que fuerzas “antiinstitucionales” se impongan en Bolivia. “Quiero asegurarme de que las fuerzas antiinstitucionales, aquellas vinculadas al crimen organizado, no logren imponerse en Bolivia”, declaró. La frase encaja con la nueva estrategia regional de la administración Trump, que viene endureciendo su discurso frente al narcotráfico, las redes criminales transnacionales y sus vínculos con sectores políticos de América Latina.
El respaldo estadounidense a Paz también tiene una lectura geopolítica. El presidente boliviano asumió en noviembre de 2025, tras ganar el balotaje y poner fin a casi veinte años de predominio político del MAS. Desde su llegada al poder, buscó recomponer relaciones con Washington, atraer inversiones y alejar a Bolivia de la red de alianzas que durante años incluyó vínculos estrechos con Venezuela, Cuba, Irán y sectores del eje bolivariano.
Ese giro no es menor. Estados Unidos ya había señalado en noviembre su voluntad de colaborar con el nuevo gobierno boliviano para desmantelar la influencia militar y terrorista de Irán en el país. En marzo, tras la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, Landau sostuvo que Bolivia “ya no es refugio para delincuentes”, una frase que mostró el respaldo estadounidense a la nueva orientación de seguridad del gobierno de Paz.
En ese contexto, la denuncia de un golpe en marcha tiene impacto regional. Landau pidió mayor apoyo de las democracias latinoamericanas y destacó especialmente la posición de Argentina frente a la crisis. “Me complace enormemente ver a otras democracias latinoamericanas involucrarse”, señaló. También reclamó una postura más firme de Brasil y Colombia, al advertir que algunos gobiernos invocan valores democráticos, pero guardan silencio cuando el gobierno atacado no coincide con sus preferencias políticas.
La posición argentina resulta clave. El gobierno de Javier Milei mantiene una línea dura frente al socialismo regional, al narcotráfico y a las redes de influencia del eje bolivariano. Según Associated Press, Argentina anunció un puente aéreo humanitario para aliviar faltantes críticos generados por los bloqueos, una decisión que fue leída como respaldo concreto al gobierno de Paz y como señal política hacia Washington.
La situación en las calles se mantiene delicada. Los disturbios incluyeron ataques contra edificios públicos, saqueos a oficinas estatales, destrucción de comercios y enfrentamientos con la Policía. Organizaciones campesinas mantienen cortadas varias rutas estratégicas, lo que afecta el abastecimiento de combustible, alimentos y oxígeno medicinal en distintas regiones del país. El Gobierno boliviano denunció además la presencia de grupos armados en las protestas.
El País informó que las protestas se intensificaron en el centro de La Paz, con mineros y campesinos intentando avanzar hacia la plaza Murillo, corazón del poder político boliviano. La publicación señaló que el malestar social se alimenta de una inflación prevista por encima del 20%, la crisis de combustibles y la movilización de bases afines a Evo Morales.
La dificultad para Paz es que enfrenta la crisis apenas seis meses después de asumir, sin mayoría legislativa sólida y con una economía heredada en estado crítico. Su gobierno intenta desmontar subsidios distorsivos, atraer capitales y estabilizar reservas, pero esas medidas generan costos sociales inmediatos que el MAS y los sectores sindicales más duros buscan capitalizar en la calle.
Para Morales, la crisis ofrece una oportunidad. Fuera del poder, enfrentado con parte del propio MAS y condicionado por causas judiciales, el ex presidente intenta recuperar protagonismo presentándose como defensor del “pueblo” frente al ajuste. Su discurso de “sublevación popular” busca legitimar la presión callejera, aunque desde Washington y La Paz la lectura es muy distinta: ven una operación para tumbar a un gobierno democrático antes de que logre consolidarse.
La palabra “golpe” no es menor en Bolivia. El país arrastra una larga historia de rupturas institucionales, levantamientos, renuncias forzadas y crisis de legitimidad. Por eso, la advertencia de Estados Unidos tiene un peso específico: busca fijar una línea roja antes de que los bloqueos, la violencia y el desabastecimiento se conviertan en una herramienta para forzar la salida de un presidente electo.
El desafío para la región será definir si defiende el principio democrático con independencia del signo político del gobierno amenazado. Landau apuntó precisamente a esa contradicción: democracias que dicen defender la institucionalidad, pero callan cuando el blanco de la desestabilización es un mandatario de centroderecha o alineado con Washington. La crítica, sin nombrarlos de manera directa en tono acusatorio, quedó dirigida a gobiernos como los de Brasil y Colombia, a los que reclamó una postura más clara.
Para Estados Unidos, el caso boliviano se integra a una doctrina más amplia: combatir la convergencia entre crimen organizado, narcotráfico, populismo autoritario y redes extranjeras hostiles. En esa visión, Bolivia no es sólo un país en crisis interna, sino un campo de disputa regional donde se define si las instituciones democráticas pueden resistir la presión combinada de calle, crimen y política radicalizada.
La administración de Paz deberá combinar firmeza y prudencia. Si reprime sin control, puede alimentar el relato de persecución. Si cede ante la presión callejera, puede mostrar debilidad y abrir la puerta a nuevos bloqueos. Si negocia, deberá evitar que la negociación sea interpretada como rendición ante grupos que buscan su salida. El equilibrio es estrecho y la crisis puede escalar si no aparece una salida política rápida.
El respaldo de Washington le da oxígeno al gobierno boliviano, pero también puede ser usado por Morales y sus aliados para reforzar el discurso antiestadounidense. De hecho, el ex presidente ya denunció un supuesto “Plan Cóndor 2026” y acusó a gobiernos de derecha de coordinar acciones contra líderes progresistas, una retórica que busca transformar la crisis local en una batalla ideológica continental.
El problema es que la realidad en las calles no se explica sólo por ideología. Hay desabastecimiento, violencia, rutas cortadas, bancos cerrados, presión sindical y un intento explícito de algunos sectores por forzar la renuncia de un presidente elegido en las urnas. Esa combinación justifica la preocupación internacional y obliga a mirar la crisis con menos romanticismo revolucionario y más defensa institucional.
Bolivia vuelve a estar en el centro del tablero sudamericano. Y esta vez, Estados Unidos decidió no mirar desde la tribuna. Landau habló de golpe, crimen organizado y fuerzas antiinstitucionales. Paz busca sostener el mando. Morales agita la calle. Argentina se alinea con la defensa del gobierno constitucional. Y la región deberá decidir si condena la desestabilización o si el silencio vuelve a ser la forma elegante de mirar para otro lado.
