Buenos Aires, 19 de mayo de 2026-Total News Agency-TNA- La investigación judicial contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, sumó un nuevo capítulo de alto impacto: la fiscalía en lo penal económico amplió la acusación por presunta evasión agravada y uso de facturas falsas, a partir de una denuncia de ARCA que describe una trama de empresas apócrifas, proveedores sin capacidad operativa, domicilios inconsistentes, changarines que aparecían como especialistas en contenidos digitales y hasta cheques vinculados a operaciones de compra y venta de ganado.
La ampliación fue impulsada por el fiscal Claudio Navas Rial ante el juez en lo penal económico Diego Amarante, quien ya intervenía en expedientes sensibles contra la conducción de la AFA. El requerimiento apunta contra Tapia, el tesorero Pablo Toviggino, Víctor Blanco Rodríguez, Cristian Ariel Malaspina y Gustavo Roberto Lorenzo, a quienes la fiscalía ubica como autoridades con capacidad de administración y toma de decisiones organizacionales durante el período investigado, entre 2023 y 2025.
Según informó Infobae, el fiscal amplió la acusación por presunta evasión agravada e impulsó una investigación por facturas falsas y contrataciones dudosas para obras en el predio de Ezeiza y servicios de diseño web. ARCA también pidió determinar si existió una “asociación ilícita fiscal”, una calificación todavía más grave que, de avanzar, podría comprometer no sólo operaciones puntuales, sino una estructura organizada de evasión.
La denuncia de ARCA sostiene que la AFA habría evadido el impuesto a las Salidas No Documentadas durante los períodos 2024 y 2025 por $289.336.519,66. Sin embargo, el análisis integral de erogaciones entre enero de 2023 y marzo de 2025 eleva la base imponible a más de $916 millones y calcula un monto a favor del fisco de $320.784.664,61, al que se suman $341.890.220,76 en intereses resarcitorios y una multa de $125.792.579,86.
La fiscalía sostiene que el patrón detectado muestra “ausencia de sustancia económica real” en las firmas utilizadas como proveedoras. En otras palabras, empresas que facturaban servicios millonarios, pero que no tenían estructura, empleados, bienes, maquinaria, capacidad técnica o actividad compatible con lo que decían haber hecho. Para Navas Rial, las operaciones observadas constituyen maniobras instrumentales de simulación destinadas a generar efectos fiscales indebidos.
Uno de los casos más llamativos es el de Central Hotel SRL, firma que facturó $9.600.000 por supuestas “obras en el predio de Ezeiza” de la AFA. El problema, según la denuncia, es que la empresa estaba inscripta exclusivamente en actividades de hotelería, un rubro incompatible con tareas de construcción o mantenimiento de infraestructura deportiva. La situación se volvió aún más sugestiva cuando el seguimiento de la ruta del dinero mostró que los cheques emitidos por la AFA para pagar esas presuntas obras terminaron vinculados a operaciones de compra y venta de ganado.
Otro nombre bajo la lupa es Capadoccia SRL, que emitió facturas por $56.700.000 por subcontratación de obras y materiales. Cuando inspectores fiscales se presentaron para verificar la existencia real de la firma, una de las socias que figuraba en los papeles, identificada como Tessitore, manifestó ante ARCA que desconocía la empresa y a los demás integrantes. Otra cotitular de cuentas bancarias, Medina, admitió que recibió dinero a cambio de firmar documentación vinculada a la proveedora y confirmó que se trataba de una empresa “fantasma”.
La investigación también detectó vínculos entre Capadoccia SRL y otras firmas bajo sospecha, como Ultrecht SRL y Prussian Blue SRL, ambas registradas en bases de contribuyentes no confiables o investigadas por su falta de sustancia económica. Según el requerimiento, esas compañías registraban facturación elevada, pero sin correlato suficiente en acreditaciones bancarias, bienes registrables, vehículos o maquinaria.
El capítulo de Prussian Blue SRL roza lo grotesco. La firma le facturó a la AFA $19.171.491 por un “plan estratégico”, contenidos digitales nacionales e internacionales, actualización de software y otros supuestos servicios tecnológicos. Pero cuando inspectores se presentaron en el domicilio de los socios en Mar del Tuyú, el padre de los presuntos empresarios reveló que sus hijos, Brandon Ariel Russo y Hernán Ariel Russo, se dedicaban a hacer changas y no tenían conocimientos técnicos en diseño web, marketing digital, cartelería o programación.
La frase que surge del expediente es demoledora: los supuestos proveedores carecían de capacidad operativa, económica y financiera para realizar las prestaciones facturadas. Para la fiscalía, no sólo habría facturas dudosas, sino operaciones inexistentes desde el punto de vista fáctico y económico. Es decir: papeles que decían una cosa, pero una realidad que no la respaldaba.
El caso golpea directamente al corazón de la conducción de la AFA, ya jaqueada por otros expedientes. En marzo, el juez Diego Amarante procesó a Tapia y Toviggino por presunta retención indebida de tributos y recursos de la seguridad social, les dictó embargo y mantuvo restricciones para salir del país, en una causa impulsada también por ARCA por una deuda millonaria atribuida a la entidad.
Ese antecedente no es menor. La nueva acusación por facturas presuntamente falsas se suma a una causa previa por apropiación indebida de recursos de la seguridad social que, según publicaciones internacionales, involucraba un reclamo superior a $19.000 millones. Tapia rechazó las acusaciones y sostuvo que bajo su conducción no se cometió delito alguno, mientras la dirigencia del fútbol insiste en que existe una ofensiva política contra la AFA por su resistencia al modelo de sociedades anónimas deportivas promovido por el Gobierno de Javier Milei.
Pero la ampliación de la fiscalía coloca el debate en otro plano. Ya no se trata solamente de una discusión ideológica sobre clubes, modelos de gestión o tensiones entre la Casa Rosada y la conducción del fútbol argentino. El expediente describe proveedores que no existirían realmente, empresas sin actividad compatible, personas humildes utilizadas como firmantes, cheques desviados hacia rubros ajenos a los servicios facturados y operaciones con apariencia formal pero sin respaldo económico.
Navas Rial pidió al juez Amarante requerir a ARCA los legajos vinculados a los proveedores cuestionados, cheques endosados, documentación enviada a entidades financieras y todo expediente de interés para reconstruir la maniobra. También solicitó que los bancos involucrados en la emisión de los cheques remitan copias del registro de firmas y documentación que avale a los apoderados.
La estrategia fiscal parece orientada a seguir la ruta del dinero. En causas de facturación apócrifa, el punto central no suele ser sólo quién emitió la factura, sino quién cobró, quién endosó, quién retiró fondos, qué cuentas se utilizaron, qué personas prestaron firma y quién terminó beneficiado con la simulación. Allí pueden aparecer eslabones administrativos, financieros y políticos mucho más comprometedores que el simple proveedor de papel.
La causa también expone una contradicción profunda en la conducción del fútbol argentino. La AFA administra una estructura de enorme poder económico, con ingresos por derechos audiovisuales, patrocinadores, selección nacional, torneos, predios, eventos y contratos comerciales. Sin embargo, la investigación describe contrataciones con firmas sin sustancia, proveedores insólitos y servicios supuestamente sofisticados encargados a personas que, según la inspección fiscal, ni siquiera sabían de computación.
Para Tapia, el frente judicial se vuelve cada vez más complejo. El presidente de la AFA ya no enfrenta una causa aislada, sino un conjunto de expedientes que incluyen retención indebida de aportes, sospechas de evasión, uso de facturas falsas y posibles maniobras de lavado o asociación ilícita fiscal, según las líneas de investigación impulsadas por el organismo recaudador. Aunque rige plenamente la presunción de inocencia, el volumen de acusaciones empieza a configurar un problema institucional serio.
El papel de Pablo Toviggino también queda bajo tensión. Como tesorero de la AFA, su firma, conocimiento o intervención en circuitos de pagos, autorizaciones y administración de fondos será uno de los puntos que la Justicia deberá analizar. La fiscalía lo incluyó entre quienes tenían capacidad decisoria dentro de la organización durante el período investigado, lo que lo coloca en una posición central para explicar cómo se aprobaron las contrataciones cuestionadas.
La dirigencia del fútbol suele responder que la embestida judicial tiene motivaciones políticas. No es un argumento menor en el contexto actual, marcado por la pelea abierta entre Milei y la AFA por la habilitación de las Sociedades Anónimas Deportivas. Pero el problema para Tapia es que la eventual motivación política de una denuncia no neutraliza automáticamente la prueba documental. Si hay facturas falsas, proveedores inexistentes, cheques endosados y testimonios de personas que dicen haber cobrado por firmar papeles, la causa judicial tendrá vida propia.
El expediente también puede abrir derivaciones hacia los clubes, empresas contratistas y circuitos financieros utilizados por la entidad. Si la Justicia confirma que existió una red de proveedores apócrifos, deberá determinar si fue una maniobra limitada a algunos expedientes o si formaba parte de una práctica sistemática de administración irregular dentro de la AFA.
En términos políticos, el caso golpea a una figura que acumuló poder como pocas en el fútbol argentino. Tapia sobrevivió a cambios de gobierno, tensiones internas, crisis deportivas, conflictos con clubes y peleas con el poder político. Su fortaleza se apoyó en una red de alianzas territoriales, el control de la estructura federativa y el prestigio deportivo derivado de los títulos de la Selección Argentina. Pero los expedientes judiciales tienen otra lógica: avanzan sobre papeles, firmas, cuentas y cheques.
La investigación recién empieza a recorrer su tramo más delicado. Si el juez Amarante hace lugar a las medidas pedidas por la fiscalía, la causa podría sumar documentación bancaria, legajos fiscales, registros de firmas, trazabilidad de cheques y nuevos testimonios. Ese material será clave para definir si la acusación queda en una hipótesis fiscal o se transforma en un cuadro probatorio capaz de llevar a indagatorias, procesamientos o medidas patrimoniales más severas.
La AFA queda así frente a una situación incómoda: mientras el fútbol argentino se muestra puertas afuera como potencia deportiva, puertas adentro la Justicia investiga si parte de su administración funcionó con proveedores fantasma, facturas truchas y maniobras de evasión. La gloria de la pelota no alcanza para tapar los números del expediente.
La causa contra Tapia y su círculo ya no habla sólo de desprolijidades contables. Habla de una presunta mecánica organizada para generar efectos fiscales indebidos, simular operaciones y producir un perjuicio millonario al Estado. Si la acusación se confirma, el problema dejará de ser deportivo o político: será penal.
