El Banco Central abrió el debate para flexibilizar las restricciones que desde la crisis de 2001 limitan el uso de los depósitos en dólares para financiar a empresas y personas sin ingresos propios en esa moneda. El objetivo oficial es movilizar alrededor de US$7.000 millones hoy inmovilizados como encajes y ampliar un crédito doméstico que sigue siendo uno de los más pequeños del mundo. Santiago Bausili defendió revisar una regulación que evitó descalces cambiarios, pero admitió que el desafío será hacerlo sin recrear el riesgo que llevó a endurecer el sistema después del colapso de 2001.
Buenos Aires – 10 Agosto 2026 – Total News Agency – TNA.- El Gobierno comenzó a explorar una nueva flexibilización de las reglas que condicionan el destino de los dólares depositados en los bancos, con la intención de convertir parte de los fondos hoy inmovilizados en una fuente adicional de financiamiento para empresas y eventualmente personas que no generan ingresos directamente en moneda extranjera. La discusión apunta especialmente a un colchón cercano a US$7.000 millones que permanecería ocioso dentro de los requisitos de liquidez del sistema.
La posibilidad fue puesta explícitamente sobre la mesa por el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, durante la presentación del último Informe de Política Monetaria (IPOM). El funcionario descartó por ahora una nueva reducción general de encajes, pero consideró necesario volver a discutir las limitaciones al crédito en dólares establecidas después de la crisis financiera de 2001.
Bausili resumió su posición con una frase destinada a generar debate: la regulación ayudó a proteger al sistema del riesgo de descalce cambiario, pero también contribuyó a consolidar un mercado financiero extremadamente pequeño. “Preservamos la nada misma”, afirmó al cuestionar que durante más de dos décadas la restricción haya sido tratada casi exclusivamente como una salvaguarda sin evaluar suficientemente sus costos sobre el desarrollo del crédito.
La cuestión toca uno de los recuerdos más sensibles de la economía argentina.
Después del derrumbe de la convertibilidad, el sistema fue diseñado para impedir que los bancos tomaran dólares depositados por ahorristas y los prestaran masivamente a empresas o individuos cuyos ingresos estaban denominados en pesos. El principio buscaba evitar que una devaluación dejara simultáneamente insolventes a los deudores y expuestas a las entidades que habían transformado depósitos dolarizados en préstamos imposibles de cobrar. Las normas vigentes del BCRA todavía determinan con precisión qué destinos pueden recibir financiamiento proveniente de depósitos en moneda extranjera.
El Gobierno considera ahora que aquel esquema puede haberse vuelto excesivamente rígido para una economía donde los depósitos privados en dólares superan los US$40.000 millones, mientras el crédito total continúa representando una proporción muy reducida del producto.
No sería, sin embargo, el primer movimiento en esa dirección.
En junio, el BCRA aprobó la Comunicación A 8446, que permitió que empresas sin ingresos propios provenientes de exportaciones accedieran a préstamos en dólares siempre que presentaran la garantía de una compañía exportadora con capacidad para generar divisas. El garante debe constituirse como principal pagador y respaldar efectivamente la obligación asumida por el cliente no exportador.
La norma también eliminó para esas operaciones la obligación de que los vencimientos del crédito coincidieran estrictamente con flujos futuros en la misma moneda, ampliando así el universo potencial de empresas elegibles.
Antes, el Central ya había permitido que las entidades utilizaran dólares propios —obtenidos, por ejemplo, mediante emisiones de deuda— para financiar operaciones que no podían ser respaldadas con depósitos de los clientes.
Ninguna de estas alternativas produjo hasta ahora una expansión suficientemente grande como para modificar la estructura general del crédito, por lo que dentro del Gobierno y de los bancos privados comenzó a crecer la presión para avanzar un escalón adicional.
La necesidad aparece vinculada con una economía donde el financiamiento en pesos muestra señales contradictorias.
Mientras el BCRA informó aumentos en determinados segmentos en términos reales, estimaciones privadas como las de Equilibra calculan que el crédito en pesos al sector privado retrocedió 2,8% mensual real desestacionalizado en julio, con bajas tanto entre familias como entre empresas. En paralelo, los préstamos en dólares habrían crecido 5,3%, concentrados ampliamente en documentos y operaciones relacionadas con comercio exterior.
Los propios informes del BCRA venían mostrando desde comienzos del año un crecimiento mucho mayor de las financiaciones en moneda extranjera. En febrero aumentaron 2,9% mensual y 48,4% interanual, mientras que en abril la expansión interanual alcanzó 59,9%, impulsada principalmente por prefinanciaciones de exportaciones y documentos comerciales.
El límite aparece precisamente en quién puede recibir esos dólares.
Para los bancos, ampliar la utilización de los depósitos permitiría transformar fondos líquidos de muy bajo rendimiento en préstamos productivos a tasas considerablemente inferiores a las disponibles en pesos.
Para las empresas, significaría acceso a financiamiento más barato.
Para el Gobierno, podría convertirse en una herramienta destinada a estimular inversión y actividad económica sin recurrir a emisión monetaria ni gasto público adicional.
Pero el atractivo tiene un riesgo evidente.
Una empresa que factura en pesos y debe devolver dólares queda automáticamente expuesta a cualquier salto del tipo de cambio. Si la devaluación es importante, el crédito barato puede transformarse rápidamente en una deuda difícil de pagar.
Y si ese fenómeno se generaliza, el problema deja de pertenecer únicamente al deudor y alcanza al banco que prestó los dólares de sus depositantes.
Ese es precisamente el descalce que las regulaciones posteriores a 2001 pretendieron evitar.
El economista Jorge Vasconcelos, del IERAL-Fundación Mediterránea, considera que existen márgenes para ampliar los créditos en dólares sin comprometer la solvencia o liquidez bancaria, pero advierte que la Argentina continúa siendo una economía bimonetaria y que el Banco Central no puede funcionar como prestamista de última instancia en dólares con la misma capacidad que posee para emitir pesos.
La comparación con Perú resulta especialmente relevante.
En un sistema también altamente dolarizado, la regulación peruana impone requisitos de encaje considerablemente mayores sobre depósitos en dólares que sobre depósitos en soles precisamente para compensar el riesgo cambiario.
El punto central, por lo tanto, no pasa por liberar indiscriminadamente los más de US$40.000 millones depositados en moneda estadounidense.
La discusión se concentra en cuánto del exceso de liquidez podría convertirse en crédito adicional sin perforar el colchón de seguridad necesario para responder ante retiros extraordinarios de depósitos.
Los aproximadamente US$7.000 millones identificados como potencialmente utilizables aparecen así como una especie de “bala de plata” para un Gobierno que busca que los sectores más dinámicos de la economía transmitan crecimiento hacia actividades todavía rezagadas.
Otros economistas consideran que el camino debería ser diferente.
Amílcar Collante señala que el crédito indexado mediante UVA podría ofrecer una alternativa para ampliar el financiamiento en pesos sin trasladar a familias y empresas un riesgo cambiario directo. También advierte que, en un año electoral, la prioridad de los ahorristas puede pasar más por conservar los depósitos dolarizados que por transformarlos en financiamiento de largo plazo.
La discusión llega además en un momento en que el propio Bausili se muestra reacio a reducir nuevamente los encajes generales.
Ese dato explica por qué la flexibilización selectiva de los dólares aparece como una solución intermedia: mantener altos niveles de liquidez bancaria pero permitir que una parte de los fondos encuentre destinos productivos adicionales.
La ventaja potencial es evidente.
También lo es el peligro.
Argentina ya conoce el costo de prestar dólares a quienes cobran pesos.
La diferencia entre utilizar inteligentemente una masa de ahorro hoy prácticamente inmovilizada y reconstruir un descalce de monedas dependerá de los límites, garantías, requisitos de capital y mecanismos de cobertura que el BCRA decida establecer.
Por ahora no existe una resolución definitiva.
Pero la discusión dejó de ser una propuesta exclusiva de los bancos.
El propio presidente del Banco Central la instaló públicamente y dejó una señal inequívoca: para el Gobierno, preservar la estabilidad financiera ya no alcanza si esa estabilidad termina sosteniendo un sistema incapaz de prestar.
